El auto im­plica que hubo de­litos de cohe­cho, des­cu­bri­miento y re­ve­la­ción de se­cretos

Caso FG-Villarejo: García Castellón descarta la teoría de la prescripción de delitos

El auto de al­za­miento del se­creto eleva por en­cima de los 10 mi­llones lo pa­gado por BBVA

FG y Carlos Torres
FG y Carlos Torres

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha le­van­tado el se­creto de su­mario sobre el caso FG-Villarejo tan sólo 72 horas des­pués de que el ac­tual pre­si­dente del BBVA, Carlos Torres, pre­sen­tara sus cuentas anua­les. En el único ra­zo­na­miento ju­rí­dico se es­grime que "las su­ce­sivas con­tra­ta­cio­nes" del ex­co­mi­sario José Manuel Villarejo, cuando es­taba en ac­tivo, su­ponen va­rios de­litos de cohe­cho, des­cu­bri­miento y re­ve­la­ción de se­cre­tos.

El único directivo identificado a primeros de diciembre de 2018 era Julio Corrochano, responsable de seguridad del BBVA, según indica el auto, al que ha tenido acceso www.capitalmadrid.com

La actual cúpula del BBVA, con su presidente Carlos Torres a la cabeza, se han quedado sin la excusa de que el caso FG-Villarejo estaba bajo secreto de sumario para no pronunciarse sobre este turbio asunto.

El juez García Castellón ha levantado dicho secreto y en el auto de alzamiento habla de "sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo del Cuerpo Nacional de la Policía, José Manuel Villarejo Pérez, por parte de altos directivos de la entidad", BBVA.

El matiz del auto de que el comisario Villarejo estaba "en activo" cuando fue contratado es de decisiva importancia, ya que atrasa a 15 años la prescripción del delito cometido, y no al plazo habitual de cinco cuando se trata de delitos en los que no participaun funcionario en activo. Se cae así uno de los argumentos de la defensa del comisario y del BBVA, sobre todo de es ex presidente, Francisco González.

A l a espera de las pruebas

A la espera de las pruebas apuntadas en el sumario, los altos directivosdel BBVA, a primeros de diciembre de 2018, no estaban identificados salvo en el caso de Julio Corrochano Peña, responsable de seguridad del banco y también antiguo miembro del Cuerpo Nacional de la Policía.

"Dichas contrataciones tendrían por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo CENYT con su condición de funcionario policial en activo", indica el juez en el auto. Todo ello sería objeto de un delito de cohecho pasivo.

Además, continúa el juez en su auto, "en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria". En este caso, se suman "múltiples delitos" de descubrimiento y revelación de secretos.

Elevadas sumas

El auto de alzamiento del secreto de sumario también refleja que el excomisario Villarejo, mediante su sociedad CENYT, habría percibido más de 10,28 millones de euros por parte del BBVA, una cuantía que se califica como "elevadas sumas de dinero" por parte del magistrado de la Audiencia Nacional.

Por todo ello, desde el juzgado de instrucción número seis se han practicado "diversas diligencias en orden de comprobar la regularidad de determinadas transacciones realizadas en favor del Grupo CENYT y de las políticas de cumplimiento de la mercantil BBVA", al solicitar información y documentación a PWC, así como a tomar declaración a varias personas.

Ante el juez García Castellón han desfilado varios directivos del BBVA, como el exconsejero Ángel Cano o el actual asesor del presidente, Juan Asúa. El expresidente Francisco González (FG) también tuvo que comparecer y no se acogió a su derecho a no declarar aunque el caso estaba bajo sumario.

El representante jurídico del BBVA, Adolfo Fraguas, también tuvo que comparecer ante el juez en tres sesiones distintas y durante muchas horas para contestar en nombre del banco como persona jurídica investigada.

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