Esta semana se levantará, tras varios y sucesivos retrasos explicables, el secreto del sumario del caso Villarejo-FG, una pieza separada del caso general que instruye el juez García Castellón sobre la mafia policial montada por el ex comisario hoy en prisión preventiva. Se trata de la pieza separada más avanzada en su proceso de instrucción del caso Zenyt y que, de acuerdo a fuentes jurídicas personadas, puede forzar al Gobierno de coalición de Sánchez-Iglesias a tomar cartas en un asunto que más que una patata caliente en su complicado escenario político es un contratiempo que no le hace ninguna gracia.
No se esperan grandes revelaciones ni espantos no conocidos, ya que desde su inicio la gestión de filtraciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha resultado ser muy eficaz a la hora de delimitar las especulaciones periodísticas. Con ayuda de algún testigo protegido que ha sabido convertir en positivo una maraña de actuaciones propias legal y éticamente cuestionables y censurables, es muy probable y previsible que la actuación personal de Francisco González sea penalmente enjuiciada y, a la vez, la entidad financiera tenga que hacerse cargo de los costes reputacionales incurridos.
En la presentación de resultados anuales del BBVA esta semana pasada, Carlos Torres, sucesor de FG en la presidencia de la entidad, ha tratado por todos los medios de distanciar al banco y a él personalmente del escándalo. El actual presidente del BBVA, por vez primera en los trece meses que lleva al frente de la entidad bilbaína, ha retado a sus críticos a demostrar que él fuera parte de la conspiración FG-Villarejo dando por sentado que resistirá todos los ataques que, desde los tribunales o de las autoridades supervisoras, traten de lanzarle.
Esta semana, y coincidiendo con el levantamiento del secreto del sumario, Torres es previsible que anuncie una muy inicial remodelación del consejo de administración del banco, en una clara estrategia para contener la parte más vulnerable de su gestión, su falta de acción. El actual presidente del banco cesará una parte de los consejeros más vinculados a FG con el claro propósito de atajar dos frentes: la acusación de estar en connivencia con el ex presidente al que debe el cargo y, en segunda instancia, rechazar la esperada ofensiva de los accionistas históricos de la entidad, el grupo de financieros y patrimonios asociados a lo que se conoce vulgarmente como "Neguri".
Craso error cometen los que piensan que ese mítico Neguri existe. De los históricos accionistas de la aristocracia/oligarquía residente en el desmantelado barrio residencial de Getxo, solo José Domingo Ampuero pervive medianamente activo, ya que el resto se desentendió con la salida del desaparecido Emilio Ybarra del banco. Su porcentaje de acciones es mínimo o inexistente y lo único que tienen a su favor -todos ellos, más algún asociado- es el derecho ético y moral a ser resarcidos por las virulentas y dañinas agresiones de FG y los suyos.
A la vez, ese mismo derecho comparten los perjudicados (como puedan ser Pedro Luis Uriarte y José Ignacio Goirizozarri, dos ex CEO del BBVA), del espionaje del banco ejecutado por el ex comisario encarcelado y bruscamente paralizados por unos supervisores que, oh casualidad, se sientan hoy en el consejo de administración de la entidad. Se trata en este último caso de los José Caruanas de turno que, otra segunda casualidad, esperan su turno en el caso de que Torres acabe en el disparadero.
Para mayor desconocimiento de la realidad, ese mítico Neguri aparece ahora protegido y/o asociado por un ambicioso PNV que, en su proyecto visionario de fabricar un estado, trata de recuperar actividad financiera para una turística ciudad como Bilbao, cuya recuperación como centro industrial y financiero del país Vasco es obviamente una tarea tan pendiente como inalcanzable. El PNV tiene en su manga la baza oportunista de su apoyo a la investidura del gobierno de coalición PSOE-Podemos pero de ahí a deducir que puede devolver el BBVA a sus orígenes hay un abismo.
Sólo la explosión de un gran escándalo en el levantamiento del sumario podría provocar algo parecido. Un escándalo oculto en las cuentas o un coste reputacional sin paliativos para el futuro del banco. La vicepresidenta Nadia Calviño, la única persona que con las que gobiernan el BCE o el Banco de España entienden de esta materia y podrían actuar en esa eventualidad, tiene problemas más urgentes a la vista y pocos creen que se ocupe de la materia a corto plazo. Mal augurio para los que en justicia esperan un resarcimiento por los daños causados.
Todo invita a considerar un entendimiento previsible que, en el marco de las fusiones bancarias necesarias en un sistema financiero ahogado por la penuria de los tipos de interés, propicie acuerdos a largo plazo. Pero el baile de las fusiones bancarias es poliédrico hoy en España con frentes múltiples variados. Bankia, Bankinter, BBVA, Sabadell y sobre todo Santander y CaixaBank esperan agazapados, a la espera de un destino tan nebuloso como imprevisible. Puede ocurrir de todo y en parejas inimaginables. Lo decisivo en este escenario es el juego de la oportunidad y el rol de la posición dominante. Y obviamente, la necesidad.
Esperemos y veamos.