Tras unas doce horas de interrogatorio a los peritos, una cosa parece cierta: el Banco de España y la JUR tuvieron que tomar la decisión de vender el banco por la enorme retirada de liquidez que no permitía su actividad habitual sin una ayuda extraordinaria. En cambio, se mantienen muchas dudas sobre si el folleto en el que se basó la segunda ampliación de capital ofrecía una imagen fiel o no de la entidad.
La contabilidad de las entidades financieras tiene muchas lecturas. En la declaración de los peritos ellos mismos han expresado algunas dudas. Si bien el primer día, cuando les interrogaran el juez instructor José Luis Calama, el fiscal Antonio Romeral, y los abogados de la OCU y de Pimco, los peritos hablaron de trampas contables. Después, cuando un día más tarde llegó el turno de las acusaciones y las defensas, los expertos han matizado tanto que serán los jueces quienes tengan que decidir.
Respuestas lógicas
Las fuentes jurídicas consultadas interpretan como lógicas las diferentes respuestas que se puedan ofrecer a una misma cuestión dependiendo de quién sea quien formule la pregunta.
En lo que todos coinciden es en señalar que la comparecencia de los peritos del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández. va a ser determinante, no en esta fase de instrucción, sino en la fase testifical cuando llegue el momento de la celebración del juicio oral.
Allí estarán obligados a decir la verdad, al comparecer ya como testigos, y tendrán menos margen de flexibilidad a la hora de interpretar su propio informe de la que han tenido durante su comparecencia en la fase de instrucción.
Diferencias con Bankia
Conviene recordar que a diferencia de lo que ocurrió en la pericial del caso Bankia, donde los peritos, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, fueron elegidos porque se ofrecieron ellos para hacer el trabajo. En cambio, en el caso del Banco Popular, a Ruiz-Clavijo y Hernández Romeo, se les considera inspectores próximos a la cúpula del Banco de España, la que los eligió para la realización del peritaje.
Tan próximos, recuerdan algunos inspectores del supervisor, que uno de ellos tiene una relación familiar próxima al subgobernador del Banco de España en el momento de la resolución, Javier Alonso, y quien habría sido uno de los principales impulsores de la idea de la resolución del Popular.
Admisiones de garantías
El propio Javier Alonso admitió públicamente, un año después de la resolución, con ocasión de la celebración de un seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica, que Banco Popular tenía más garantías de las que presentó al Banco de España, lo que le habría permitido obtener más liquidez, pero no las presentó. Pese a ello, Alonso añadiría que la ejecución de la resolución no se habría demorado mucho tiempo, "aunque eso dependía de cuánto efectivo retiraban los clientes".
Discrepancia clave que podría aclarar en las próximas semanas ante el mismo juez de instrucción del caso junto a las comparecencias clave que todavía restan en el proceso de instrucción, antes de que el juez, José Luis Calama, decida fijar la fecha de juicio oral.
Otras comparecencias pendientes son las del representante de la CNMV y la decisiva del ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Las acusaciones y el fiscal Anticorrupción habían pedido al juez que Luis de Guindos comparezca en persona en la fase de instrucción y no responda por escrito a las preguntas, como ha solicitado el vicepresidente del BCE. El juez les ha hecho caso. José Luis Calama también quiere que el ex ministro de Economía testifique en persona y no por escrito sobre el Banco Popular, para lo que le ha dado la opción de escoger el día de su declaración.
De Guindos, ciudadano
El magistrado le insta a que comparezca como "cualquier ciudadano, conjugando así sus responsabilidades profesionales con su deber de colaborar con la Justicia" acudiendo al juzgado. Calama deja la puerta abierta para que, de querer acogerse al derecho a declarar por escrito que le asiste como ex miembro del Gobierno, lo exprese "de forma taxativa".
Calama, mantiene la citación prevista para el próximo 2 de abril, pero sugiere a De Guindos, que proponga una serie de fechas entre los próximos meses de marzo y junio en las que esté disponible para desplazarse a Madrid desde Fráncfort.
Fuentes jurídicas consideran que la incógnita fundamental a resolver con estas comparecencias es si las cuentas del Popular ofrecían una imagen fiel de la entidad o no. Será la pieza determinante de las defensas de cara a que los exaccionistas puedan recuperar o no su inversión.
En este punto la comparecencia de los peritos durante los tres primeros días de la semana no ha sido clara. Unas fuentes defienden que los peritos habrían asegurado que el Popular hacía pequeñas trampas contables y otras presuntas irregularidades, lo que habría determinado que los inversores acudieran a la ampliación de capital de 2016.
Popular, muy solvente**
En cambio, otras fuentes insisten en recoger del informe y de la declaración de los peritos en la Audiencia Nacional que a fecha de 31 de diciembre de 2016 el Banco Popular era solvente, viable, fiable, estable y sólido. Al menos según las normas NIIF de la IASB (International Accounting Standards Board).
Precisan estas fuentes que resulta lógico que con las dudas que expresan quienes tenían el conocimiento diario del Banco Popular, desde Europa, desde la Junta Única de Resolución, al frente de la cual incomprensiblemente se mantiene Elke Köning, no quieran tomar una decisión sobre las reclamaciones de los exaccionistas del Popular.
Advierten fuentes jurídicas que los interesados que todavía siguen el caso deben calcular que por la vía penal abierta en la Audiencia Nacional se tardará en tomar una decisión al menos tres años más. Siempre, en el mejor de los casos.