Los ges­tores au­to­ma­ti­zados suben la pre­sión sobre las en­ti­dades tra­di­cio­nales

La cruzada contra los planes de pensiones obliga a una potente rebaja de comisiones

Un 40% de pro­ductos ofre­cidos co­bran menos del im­porte má­ximo per­mi­tido por ley

Planes de pensiones
Planes de pensiones

El te­rre­moto pro­vo­cado por la de­ci­sión del Gobierno de dar un ha­chazo his­tó­rico a las ven­tajas fis­cales de los planes de pen­siones está pro­pi­ciando una se­sudo aná­lisis sobre las ca­rac­te­rís­ticas de unos pro­ductos con más som­bras que lu­ces. Que la apor­ta­ción má­xima de­du­cible vaya a ser re­ba­jada desde 8.000 hasta 2.000 euros obliga a las ges­toras a rea­lizar una po­tente au­to­crí­tica si de lo que se trata es de salvar un pro­ducto bajo sos­pe­cha.

La combinación de comisiones altas y rentabilidades pobres es ya un clásico en el negocio de planes de pensiones español. Si a esta realidad incuestionable se suman la iliquidez y un esquema de rescate que en opinión de muchos expertos es "lamentable" -cuando es en forma de capital es muy ineficiente desde el punto de vista fiscal- se entiende el escaso desarrollo de estos productos como vehículos para blindar la jubilación.

Su mayor aliciente con enorme diferencia es -era, hasta la aprobación de los Presupuestos- la fiscalidad. Un elemento que no depende en absoluto del sector financiero, que tienen que centrarse en aquello que está en su mano para intentar evitar la demolición de un producto que ya no será atractivo para quienes se podían permitir aportaciones máximas de 8.000 euros. Y que tampoco lo será para el resto si no mejoran precios y rendimientos.

¿Qué pueden hacer las gestoras? Hasta ahora, y salvo unas pocas excepciones, el sector sólo pone la carne en el asador en el tramo final de cada año, cuando lanzan -en este momento hay una enorme cantidad de ofertas que bonifican hasta el 6% por cambiar el plan de banco- grandes promociones para aprovechar el 'boom' de aportaciones que buscan reducir al máximo la factura fiscal. Pero los nuevos tiempos obligan a un cambio de 'chip'.

"Quien quiera sobrevivir tendrá que asumir que los costes actuales son inviables. Sin la ventaja fiscal que había hasta ahora, los clientes van a ser mucho más exigentes. La primera medida debe ser reducir las comisiones. El sector lleva casi una década bajándolas por imperativo legal -Seguros limita el máximo que se puede cobrar-, pero el recorte es a todas luces insuficiente, porque hasta el 60% de las gestoras factura el máximo permitido por la ley", señalan fuentes del sector.

Fuentes del mismo aseguran que es inevitable una fuerte rebaja a partir de 2021, porque los precios doblan los de algunos de los países más competitivos de Europa en este tipo de productos. Si el objetivo del Gobierno es potenciar los planes de empleo en detrimento de los planes de pensiones individuales -con el argumento, entre otros, de que las comisiones son sensiblemente más baratas- al sector no le queda más remedio que mover ficha rápidamente.

Por lo tanto, tendrán que renunciar a un trozo del suculento margen que les aporta un producto en general pobre en rendimientos que los partícipes aceptan con resignación. Al fin y al cabo la fiscalidad ventajosa compensaba -sólo en parte, claro- otros factores. Pero hay otros actores de nueva generación que también meten presión a la mayoría de las gestoras tradicionales, que hasta ahora se han limitado a ver y esperar.

Firmas como Finizens o Indexa Capital tienen en el mercado desde hace meses ofertas de planes de pensiones con comisiones 'low cost' que sólo han movilizado a unas pocas, muy pocas, entidades financieras de toda la vida. Se trata de una competencia todavía irrelevante en términos de cuota, pero potencialmente peligrosa en pleno cambio de las reglas del juego de unos productos que obligan al sector financiero a renovarlos o dejarlos morir.

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