BOLSA

Nyesa o las torres de Ali Babá

La lle­gada de Liberto Campillo a Nyesa en 2019, de la mano de José Antonio Bartolomé Nicolás, ya ge­ne­raba im­por­tantes re­celos entre mu­chos de los pe­queños ac­cio­nistas co­no­ce­dores de su poco bri­llante pa­sado en los mer­cados fi­nan­cie­ros. El nuevo con­se­jero de­le­gado del grupo in­mo­bi­liario fue con­de­nado a prin­ci­pios de los años 90 a pagar 10 mi­llones de las an­ti­guas pe­setas y a 10 años de in­ha­bi­li­ta­ción para ejercer cargos de ges­tión o ad­mi­nis­tra­ción de en­ti­dades fi­nan­cieras por ma­ni­pu­la­ción de ac­cio­nes.

Sin embargo, Bartolomé, gracias a su posición de dominio en la operación de desembarco en el grupo de su sociedad Olaf y Rubí, imponía su nombramiento para dirigir la compañía y al resto de socios no les quedó otra que concederle el beneficio de la duda.

Con el tiempo se ha demostrado que las sospechas eran más que razonables. Como dice el refrán castellano, de casta le viene al galgo el ser rabilargo. Liberto Campillo no ha tardado ni un año en hacer de las suyas al cobrar un bonus de 30.000 euros que en la práctica no le corresponde y es ilegal, según los minoristas. Lo hace además en un momento muy delicado para Nyesa, con terribles problemas de liquidez que le impiden hacer frente a sus compromisos financieros más básicos.

Conforme pasa el tiempo y van escarbando, los pequeños accionistas no salen de su asombro ante la cantidad de basura que está saliendo de debajo de los pies de Liberto. Aunque tarde, se han dado cuenta de que han dejado al lobo al cuidado de las gallinas.

Entre la última documentación aparecida y relacionada con el directivo -muy conocido en los círculos de los prestamismas por su sociedad “Cliente Integral”- se encuentra una querella criminal interpuesta contra Liberto, su mujer y algunos de sus socios, en el Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca. En ella se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, estafa, receptación y blanqueo de capitales y administración desleal.

El contenido de la querella no tiene desperdicio explicando el “modus operandi” empleado para despistar el patrimonio de una familia, del orden de 4 millones de euros, y que haría arrugar el alma hasta al mismísimo diablo. La misma acaba con la siguiente frase atribuida a Liberto por la querellante abocada a la ruina por sus tejemanejes: “Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Cómo máximo estaré tres años y, cuando salga, viviré como un señor con lo que tengo y me importa “una mierda” lo que os suceda.

A los antiguos directivos de Nyesa y todavía accionistas a cuyas manos acaba de llegar esta querella no salen de su asombro y aseguran que de haber conocido estos hechos jamás hubieran permitido la entrada en su accionariado de Olaf y Rubí ni hubieran entregado el poder ejecutivo de la compañía a semejante personaje.

Es más, empiezan a temer seriamente por el prestigio de Nyesa ante la posibilidad de que se vea salpicada por las supuestas vinculaciones de Liberto Campillo con Andrés Liétor y Carlos Sánchez, condenados por el delito continuado de cohecho pasivo, blanqueo, fraude y prevaricación en el conocido caso Malaya.

Pero los accionistas no solo apuntan a Liberto. El director de la filial rusa Marma también estaría en el entorno de esta “cacicada” de sobresueldos recientemente detectada. Ruslan Eldarov se habría subido el salario, en connivencia con la actual dirección en España, en 2,7 veces pasando de cobrar 41.000 euros en 2018 a 111.000 euros un año después al insistir en ser considerado como alto ejecutivo del grupo sin tener en cuenta el mal momento elegido. Algo que le habían negado los antiguos gestores.

Sin embargo, “este alto ejecutivo” -acusan los minoristas-, no se “percató” del cambio de legislación producido en Rusia en 2018 y que a la postre ha provocado el recorte de la valoración de la filial rusa en el verano de este año, corrigiendo desde unos 60 millones de euros a poco más de 15 millones, casi cuatro veces a la baja. Este “descuido” ha dejado a Nyesa en causa de disolución y con graves problemas de tesorería. Todo ello amén de otras supuestas irregularidades en el proyecto ruso, en especial la ocultación de ingresos, por las que debería rendir cuentas acordes a su nuevo cargo directivo.

Artículos relacionados