“Se trata de poner las cosas en su si­tio”, señalan las com­pañías del ki­lo­vatio

Petroleras y eléctricas a la greña por sacar el Gobierno el coste de las renovables de la tarifa

El sector pe­tro­lero acusa a Sánchez de tras­ladar los 'errores ver­des' pa­sados a las ga­so­linas y al ga­soil

Consorcio español de renovables.
El consorcio español de renovables

Petroleras y eléc­tricas están a la greña por culpa del sis­tema que el Gobierno de Sánchez ha im­puesto para cu­brir los 7.000 mi­llones de euros de in­ver­siones rea­li­zadas en el pa­sado por las ener­gías re­no­va­bles y que se fi­nan­ciaban con el re­cibo de la luz; es de­cir, las ta­ri­fas. El fondo creado para cu­brir aquel dis­late de la era Zapatero será en­gro­sado por las co­mer­cia­li­za­doras ener­gé­ti­cas, sean eléc­tri­cas, ga­sistas o pe­tro­le­ras. Una me­dida que los pe­tro­leros ca­li­fican de “injusta” mien­tras las eléc­tri­cas, en cam­bio, ase­guran que “se trata de poner las cosas en su si­tio”.

El Ministerio para la Transición Ecológica argumenta que la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), como lo han denominado, pretende sacar literalmente del recibo de la luz el pago de las renovables y bajar así la tarifa. En definitiva, lo que busca es recortar un 13% la factura y hacer que dicho coste lo asuman las comercializadoras de los diferentes sectores. En una palabra, que se repartan equitativamente los costes aunque vaya totalmente contra el sector petrolero.

Lo de bajar la tarifa eléctrica un 13% como dice el Ministerio para la Transición Ecológica será así pero ¿a costa de qué? preguntan algunas fuentes. Respuesta: de trasladar esa parte del recibo eléctrico a otros consumos energéticos, digamos la gasolina y el gasoil, que son más contaminantes. Quién lo pagará al final: el consumidor.

¿Razones? Al sector petrolero le costará en los cinco años de vigencia del fondo que se va a crear unos 2.085 millones de euros, lo que obligará a aumentar los combustibles unos 7 céntimos por litro a lo largo de todo este periodo. Algunas fuentes añaden que la medida va contra los márgenes de las gasolineras y ataca frontalmente los ingresos de las petroleras. Actualmente, el margen que las compañías tienen es de entre 1,5 y 2 céntimos por litro, por lo que no tendrán más remedio que cargar la parte que les corresponda en el precio de los combustibles.

Que se incluya en los Presupuestos

Estas mismas fuentes insisten en que el coste de las energías renovables que se acometieron en el comienzo de siglo y que generaron este desfase de 7.000 millones de euros debería incluirse en los Presupuestos Generales del Estado y que no se traslade indirectamente a los automovilistas.

El Gobierno se niega a tomar una medida de este tipo porque afectaría de forma muy grave al déficit. Además, la Comisión Europea se opone a ello pues considera que es una forma de subvencionar las inversiones de las renovables y los errores cometidos por gobiernos anteriores, cuando lo que plantea Bruselas es hacer una reforma fiscal de los impuestos medioambientales y que todos los sectores contribuyan por igual a la descarbonización.

El Ministerio para la Transición Ecológica defiende, por tanto, la creación de este fondo como una vía para que los costes que están asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) se repartan de forma equitativa entre todos los sectores energéticos. Es decir, las comercializadoras de electricidad, gas natural, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los consumidores domésticos de los productos -luz, gas y demás combustibles-. La estimación que hace Transición Ecológica es que habrá entre 500 y 1.000 empresas afectadas.

Los ataques de las petroleras van directamente contra el Gobierno y veladamente contra el sector eléctrico porque consideran que son los verdaderos ganadores de la nueva medida aprobada en el pasado Consejo de Ministros.

*Los tres objetivos del Gobierno+

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera, en cambio, que la creación del fondo tiene tres objetivos. Por un lado, evitar subidas en el precio de la electricidad. Segundo, dar señales claras de electrificación de la economía. Y tercero, aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

El sector eléctrico sale en defensa de la medida por tanto en cuanto piensa que los impuestos que gravan las tarifas deben salir de la misma y que sólo se refleje el coste real de la luz. En una palabra, que los peajes por contaminar se redistribuyan entre todos los sectores y que pague más quien más contamine. “Se trata de poner las cosas en su sitio”, argumentan.

Similar a Alemania, Francia y Dinamarca

Este fondo que se tramitará como anteproyecto de ley se está aplicando ya en países como Francia, Alemania y Dinamarca, basado en una reforma fiscal medioambiental bajo el principio polluter pays, consistente en introducir un impuesto sobre las emisiones de CO2.

Alemania, por ejemplo, ha realizado una reforma fiscal donde los combustibles fósiles contribuyen a financiar las energías renovables, rebajando así la tasa que pagaban los consumidores de electricidad en sus facturas y con ello ha logrado reducir los costes del recibo de la luz. Francia ha hecho algo similar, al aplicar una tasa al CO2 que grava al carbón, al gas natural y a los productos petrolíferos. De esta forma, las energías pagan impuestos de forma proporcional a las emisiones que generan. Este dinero que se recauda se emplea en financiar las renovables.

Por otro lado, entre las recomendaciones del Semestre Europeo, se menciona la necesidad de que España acometa una reforma fiscal para facilitar una economía baja en carbono, internalizando el daño medioambiental, con lo que esta medida “supondría un primer paso en esta dirección”, señalan. Igualmente, argumentan que, para poder recibir fondos europeos de los Planes de recuperación, éstos deben estar en línea con las recomendaciones del Semestre Europeo.

El sector eléctrico no deja de ver que se trata de una “medida razonable, equitativa y que está en línea con el principio de neutralidad tecnológica, de manera que todo los sectores contribuyan por igual a la descarbonización”. La opinión que subyace dentro de las compañías eléctricas es que los hidrocarburos apenas contribuyen actualmente a la descarbonización, a pesar de ser causantes de la mayoría de las emisiones de CO2. Según un documento interno, hasta ahora la electricidad pagaba ocho veces más impuestos que el gas y un 50% más impuestos que las gasolinas.

“Esta medida equilibra el terreno de juego y favorece el equilibrio fiscal medioambiental al despenalizar la electricidad y cargar todos los costes de transición energética homogéneamente entre todas las energías”. Asimismo, subrayan que desarrolla la competitividad al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general; es coherente con el destino de los fondos de transición energética y reduce los costes de la descarbonización, al abaratar para los ciudadanos el consumo de energía limpia.

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