OPINIÓN

Patrimonio, donaciones, sucesiones, actos jurídicos…

¿Es Madrid un pa­raíso fis­cal? Pues se elige a gusto del con­su­midor

Zona Comercial en Madrid
Zona Comercial en Madrid

“Madrid es España”. También lo es Cataluña, Galicia, Andalucía… La Constitución lo con­firma en su tí­tulo III, en el que se re­gula a los entes te­rri­to­ria­les. El ar­ticulo 149 es­pe­ci­fica cuales son las com­pe­ten­cias ex­clu­sivas del Estado, Defensa, Justicia…, y las que co­rres­ponden a los entes te­rri­to­ria­les.

En el apartado 14 de ese articulo 147 se señala que “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las CCAA”. El articulo 150 confirma que “el Estado podrá transferir o delegar en las CCAA facultades correspondientes a materias de titularidad estatal”.

La ley 22/2009 reguló la financiación de las Comunidades Autónomas modificando normas tributarias para dotarlas de recursos públicos con los que hacer frente a las competencias transferidas. Los rendimientos del IRPF irán a las CC.AA en un 50%, así como también el 50% de la recaudación del IVA. Estas transferencias de los dos capítulos principales de los ingresos públicos no excluyen que sea el Estado quien fije los tipos impositivos y las fases tributarias. Todo ello da una uniformidad fiscal a los entes territoriales.

Caso contrario es el del impuesto del Patrimonio, Donaciones y Sucesiones en los que son las propias Comunidades Autónomas quienes articulan la percepción de los impuestos fijando los tipos impositivos y las bases de recaudación. Una soberanía fiscal absoluta que puede provocar discriminaciones.

En consecuencia, cualquier Comunidad Autónoma puede fijar su diseño impositivo en estas figuras tributarias. Nada lo impide.

Y sin embargo la discriminación existe y es el resultado de lo que se llamó “las condiciones objetivas”. La Comunidad de Madrid alberga a una buena parte del personal de la Administración Central, la sede de grandes sociedades o de despachos de asesoramiento de empresas. Un contingente de contribuyentes de alto nivel de ingresos, superior a la media de los conciudadanos del resto del territorio.

La Comunidad de Madrid obtiene una recaudación por el IRPF e IVA mayor en función de las bases tributarias o el valor y volumen de las transacciones comerciales. Un generoso colchón para aplicar la máxima generosidad tributaria sin ver mermado el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos.

Además, y como quiera que el impuesto de patrimonio se liquida en el mismo domicilio fiscal que el IRPF, se crea un poderoso atractivo para hacer coincidir los dos impuestos en el mismo domicilio. Un reducido impuesto de patrimonio no deja de ser una llamada para las rentas altas y medias que quieren conservar su riqueza y dejar un legado a sus más próximos parientes.

La Comunidad de Madrid goza, asímismo, de un buen privilegio por el lado del gasto. Una gran parte del gasto público corre a cargo del Ayuntamiento de la propia capital: la M-30 (hoy Calle 30), el transporte urbano por superficie o la presencia del Estado en el aeropuerto de Barajas o en el transporte ferroviario, amén de otras infraestructuras.

En definitiva, una situación privilegiada por el lado de los ingresos y también de los gastos.

Una sencilla forma de evitar este privilegio de la baja fiscalidad en los impuestos sobre Patrimonio, Donaciones, Sucesiones y Actos jurídicos sería la de aplicar el mismo régimen tributario que se utiliza en el IRPF o en el IVA. Para Madrid y algunas otras comunidades que hacen lo mismo. El Estado fijaría todo el andamiaje presupuestario sin prejuicio de transferir una parte de los rendimientos a todas las comunidades autónomas. Madrid sí sería entonces como otras comunidades de España, fiscalmente hablando.

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