Monitor de Consumo Bancario

Su crea­ción se acerca ya a un año de re­traso res­pecto a lo es­ta­ble­cido en la nor­ma­tiva

La oficina de protección del consumidor financiero, una promesa todavía incumplida

Su fun­ción será ga­ran­tizar los de­re­chos de los clientes ban­ca­rios evi­tando el co­lapso de los juz­gados

Consumidores críticos, responsables y solidarios
Consumidores, responsables y solidarios.

Entre las me­didas pen­dientes que el Gobierno de Pedro Sánchez acu­mula en ma­teria ban­caria des­taca la crea­ción de una fi­gura ya pre­sente en otros países del mundo desa­rro­llado: una ins­ti­tu­ción de­di­cada en ex­clu­siva a la de­fensa de los de­re­chos de los usua­rios de pro­ductos fi­nan­cie­ros. Se lla­mará Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros; y su ar­ti­cu­la­ción y puesta en marcha son sendos de­beres lar­ga­mente pos­pues­tos.

Esta agencia de nuevo cuño ha sido concebida como una entidad dedicada a velar por la protección de los consumidores frente a los abusos en el ámbito financiero, garantizando la seguridad jurídica de todos los implicados.

Asimismo, otro de los objetivos que se persiguen con su creación será el de agilizar la resolución de los conflictos en este área, que han provocado una colosal carga litigiosa en los tribunales. Controversias como la de las cláusulas suelo han dado buena cuenta de la necesidad de reformar la administración para evitar que los juzgados se vean desbordados por los aguaceros de pleitos y reclamaciones.

Se puede encontrar un referente de esta figura en Estados Unidos: la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), agencia del gobierno federal que ostenta la responsabilidad de vigilar el correcto funcionamiento y la transparencia de las prácticas de bancos y prestamistas que prestan servicio al público.

En Reino Unido y los países escandinavos también operan instituciones similares.

Una tramitación que llega con (mucho) retraso La configuración de esta suerte de ''Defensor del cliente bancario" no es una iniciativa patrimonio del actual Gobierno socialista, sino una exigencia de la cúpula europea que ya debería haberse llevado a cabo.

La creación de la oficina era un mandato contenido en la directiva europea 2013/11, traspuesta al ordenamiento jurídico español hace un año con la forma de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo. Esta normativa marco establecía un plazo de ocho meses para la articulación de los instrumentos necesarios para la protección del consumidor financiero.

Este plazo llegó a término el pasado mes de julio, por lo que cuando la agencia se ponga en marcha lo hará con un retraso de, al menos, varios meses. El atraso ha sido denunciado por todas las asociaciones consumeristas, que creen que esta medida es absolutamente necesaria para garantizar los derechos de los usuarios de productos financieros sin condenar a la Justicia a un colapso constante.

La determinación de las atribuciones concretas de la oficina es uno de los principales motivos de la tardanza. Hay cuestiones de relevancia que aún están en el aire, como la transferencia a la nueva agencia del servicio de atención a las quejas de los clientes bancarios -actualmente se ocupa el Banco de España- o la decisión de otorgar carácter vinculante a las recomendaciones del supervisor.

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