La Comisión Europea y el BCE ha­bían su­ge­rido a Pedro Sánchez que re­cu­rriera a ellos

Calviño cambia de criterio y ahora dice que utilizará los créditos de Bruselas

Lagarde pro­pone un Fondo de Rescate per­ma­nente ante la in­cer­ti­dumbre de la pan­demia

Nadia Calviño,  vicepresidenta económica.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica.

No habrá re­cu­pe­ra­ción eco­nó­mica en España sin uti­lizar todo el con­junto de las ayudas pre­vis­tas. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez es­taba tra­tando de uti­lizar solo las trans­fe­ren­cias gra­tuitas de Bruselas pre­vistas en el plan de re­cu­pe­ra­ción de la UE, si­tuán­dose así en contra del cri­terio de la Comisión y del Banco Central Europeo, fi­nal­mente ha cam­biado de cri­te­rio. Nadia Calviño ha en­men­dado su pos­tura ini­cial, algo ha­bi­tual en el Gobierno del que forma parte.

Es la única forma de mantener la credibilidad en el proyecto del Gobierno, del que solo conocen una parte en la Comisión, como quieren dejar claro los expertos del Ejecutivo comunitario en el informe que afecta a España en el Paquete sobre el semestre europeo que se ha hecho público el pasado miércoles.

Este cambio de criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez es determinante. La mayor parte de las políticas sociales incluidas en los Presupuestos para el próximo año no se podrían llevar a cabo sin las ayudas de Bruselas y sin el mantenimiento de la política de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo.

Pese a la importancia del cambio de criterio del Ejecutivo anunciado por Nadia Calviño el pasado jueves en la jornada 'Capital Markets Forum Spain' organizada por Bloomberg, la ministra de Economía no ha explicado por qué lo ha hecho. La vicepresidenta tercera ha utilizado un foro que daba difusión internacional a su anuncio, pero en el que no preguntaba nadie más que los organizadores.

Desde ese momento, Calviño no ha comparecido en ningún medio para explicar de forma espontánea o a partir de las preguntas de los periodistas del por qué hemos pasado del anuncio de no pedir los 70.000 millones de euros de créditos reembolsables, a dar por hecho que España los va a pedir y va a utilizar esos créditos que hay que devolver con sus correspondientes intereses. Calviño ha anunciado su cambio de criterio sin despeinarse lo más mínimo.

Ante la pregunta precisa de la periodista de la agencia Bloomberg de por qué España no utilizaría inicialmente la parte del Fondo de Recuperación Next Generation, Calviño respondía con un “por supuesto que vamos a utilizar los 142.000 millones. La norma dice que las transferencias tienen que comprometerse para el 2023 los 72.000 millones de euros. Nuestra intención es asegurarnos que comprometemos esta suma en los primeros tres años, de forma que no perdemos ni un euro de las transferencias. En cuanto a los créditos los aplicaremos en los seis años posteriores”.

Está claro. Es lo que había pedido el comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, tres semanas antes. No le gusta hacer sangre con nada, pero considera que las indicaciones del Ejecutivo comunitario deben seguirse lo más fielmente posible. Así lo ha hecho España, que deberá aportar más datos sobre las dudas que Bruselas le ha planteado sobre cómo podrá cumplir con su programa de ingresos que los técnicos de la Comisión consideran inflados. Y tenor de los últimos acuerdos para sacar adelante el apoyo de los grupos parlamentarios, como la eliminación de la equiparación del impuesto sobre el diésel, los desajustes estimados por Bruselas seguirán aumentando.

Curiosamente la vicepresidente tercera y ministra de Economía y Transformación Digital anunciaba este cambio de criterio el mismo día en que los Veintisiete se iban a reunir para analizar el rechazo del presupuesto europeo por parte de Hungría y Polonia debido al sistema por el cual la Unión Europea puede suspender el pago de ayudas europeas a aquellos países que violen los principios del Estado de derecho, lo que podría retrasar la llegada de los fondos europeos para la recuperación. Esta parte del Consejo duró solo 10 minutos.

Tras la presentación general por parte del presidente del Consejo, Charles Michel, y la defensa de la condicionalidad establecida en las normas comunitarias por parte de Angela Merkel, intervinieron los representantes de Hungría, Polonia y Eslovaquia, país este último que también se suma a quienes rechazan vincular la capacidad de recibir ayudas a cumplir con todos los principios del Estado de Derecho. Ante la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo en el Consejo del jueves, el presidente optó por pasar al siguiente punto. Queda de nuevo la incógnita de cuando desaparecerá el veto de los tres países rebeldes. Si no se produjera antes de que finalice el mes, los trámites parlamentarios previstos retrasarían obligatoriamente la entrada en vigor del fondo de recuperación.

La idea disgusta también al organismo comunitario que más ha hecho hasta ahora con sus medidas por resolver la crisis económica de la zona euro, como es el Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, insiste en la urgencia de utilizar los recursos del Fondo de Recuperación lo antes posible. Calificó la necesidad de hacerlo de urgente en su comparecencia, también la pasada semana, ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde incluso fue más allá.

Pese a no ser de su competencia, calificó de “interesante explorar si este (Fondo de Recuperación Next Generation) u otro instrumento similar basado en los mismos principios puede estar preparado bajo circunstancias similares de naturaleza excepcional en el caso de que se produzcan de nuevo crisis excepcionales”.

Ella en la práctica está utilizando sus recursos al máximo. El pasado lunes conocíamos que ha llegado a comprar hasta 20.065 millones de euros en activos en la primera semana de noviembre como parte de su programa de compras de emergencia contra el Covid-19 (PEPP). Supone un incremento de más de 6.000 millones con respecto a la semana anterior, hasta situarse en el volumen más elevado de compras desde la primera semana de julio, según los datos operativos publicados el pasado lunes por el instituto emisor.

Tanto el BCE como el Banco de España quieren evitar a toda costa que pase como en la crisis del 2008. Como ha reiterado en las últimas semanas Pablo Hernández de Cos, “hay que evitar a toda costa que la crisis sanitaria que se transforme en crisis económica acabe generando una crisis financiera”. La idea más repetida entre los responsables del sector financiero español, pese a todo lo que se ha hecho por parte del Banco Central Europeo para garantizar que no falta liquidez para empresas y particulares, es que vienen tiempos duros.

Serían todavía más duros si la crisis actual dañara directamente al sistema financiero que se traduciría en más paro, mayor contracción económica y mayores niveles de desigualdad. La banca asegura que están preparados para todo, y el Gobierno ha hecho bien en cambiar de criterio y tratar de utilizar lo antes posibles hasta el último euro para afrontar la crisis. Como reiteraba Fraga, solo aciertan cuando rectifican.

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