La ope­ra­dora llegó a ame­nazar con dejar de in­vertir en in­fra­es­truc­turas de fibra

La CNMC libera a Telefónica con cinco años de retraso de prestar servicios mayoristas

La ope­ra­dora tiene menos ata­duras pero sigue obli­gada a ofrecer la red a sus ri­vales en 7.539 mu­ni­ci­pios

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Telefónica co­mienza a ver algo más de luz en su pelea por verse li­be­rada de abrir su red de fibra a los com­pe­ti­dores más di­rec­tos. Desde 2016, lleva lu­chando con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde que aprobó la re­gu­la­ción ma­yo­rista de banda ancha que obliga a la ope­ra­dora a com­partir sus in­fra­es­truc­turas con ri­vales di­rec­tos. En los úl­timos cinco años, la pre­sión com­pe­ti­tiva ha au­men­tado entre las gran­des, lo que per­mite al or­ga­nismo re­gu­lador ser menos be­li­ge­rante con la ope­ra­dora.

La compañía que preside José María Álvarez-Pallete se está liberando, aunque de forma bastante lenta, de las obligaciones que le marca la CNMC para que las empresas que tratan de quitarle clientes accedan a su red de fibra óptica mediante el pago de un canon. La operadora se ha resistido con uñas y dientes a la hora de tener que abrir su red de fibra óptica (NEBA) a todas aquellas empresas que quisieran alquilar sus infraestructuras.

La CNMC propone ahora eximir a Telefónica de la obligación de tener que dar acceso mayorista en su red de fibra a 592 ciudades frente a los 66 grandes municipios actuales. La cuota que la operadora tiene en estos municipios está por debajo del 50% y han transcurrido casi cinco años desde febrero de 2016 que se aprobó la regulación mayorista de banda ancha sin que se haya modificado.

El organismo que, desde junio pasado, preside Cani Fernández, ha venido abriendo poco a poco la mano desde 2015 a Telefónica, pero siempre a golpe de martillo. Al principio, se fijaron las nueve ciudades españolas con mayor implantación de fibra, después 34, luego 66 y ahora se quiere aumentar a 592 ciudades, donde reside el 67% de la población española. A pesar de esta revisión, la CNMC sigue obligando a Telefónica a prestar los servicios mayoristas de acceso a la fibra en los 7.539 municipios restantes.

Casi cinco años después

Desde la última revisión, la regulación establece un periodo de unos tres años y al término de ese periodo, se vuelve a actualizar. Transcurrido ese tiempo y, a la vista de la competencia que registre el mercado -es decir, del despliegue que hayan realizado básicamente Orange, Vodafone, y el crecimiento que hayan experimentado Masmovil y Euskaltel en implantación y acceso a redes de fibra-, la CNMC aumenta el número de municipios en los cuales cada compañía hace libremente su propia política de despliegue de fibra. En cambio, ese periodo de tiempo de tres años se ha superado casi en dos años más.

Según los datos de la CNMC, en 2015 las líneas de fibra hasta el hogar (FTTH) alcanzaban el 23% del mercado y actualmente se sitúa en el 70%, con lo que se demuestra que la competencia en el mercado de las telecomunicaciones ha aumentado de forma muy relevante.

Además, los datos dejan patente que Telefónica está perdiendo cuota en el mercado minorista de banda ancha. De un 43% que tenía en 2015, ahora ronda el 38%, lo que quiere decir que la operadora está ya bastante lejos de lo que se considera un monopolio natural.

No se trata tanto de que Orange y Vodafone estén restando cuota y que los consumidores puedan optar por una operadora u otra, sino que también se están incorporando competidores que hace cinco años eran irrelevantes y que ahora se están posicionando. Este es el caso de Masmovil, convertido en el cuarto operador español por delante de Euskaltel.

El caballo de batalla de Telefónica

La misión en estos últimos cinco años del organismo regulador ha sido vigilar la evolución de los mercados de banda ancha y verificar si las presiones competitivas evolucionan al alza y que no se limite la capacidad competitiva de todos los operadores que están en el mercado. Esta idea, en cambio, ha sido duramente atacada por Telefónica porque se ha visto gravemente perjudicada al tener que compartir e todo momento sus infraestructuras con los propios rivales.

Hasta la marcha del ex presidente César Alierta, fue el principal caballo de batalla, atacando, por un lado, a la CNMC y, amenazando, por otro, al gobierno de Mariano Rajoy con paralizar las inversiones que la compañía estaba acometiendo en este terreno. La presión desde la compañía fue tal que el Grupo Parlamentario Popular se vio obligado a presentar una moción en el Senado en la que pedía al organismo regulador rebajase las obligaciones impuestas a Telefónica en fibra dentro de su propuesta regulatoria para el mercado mayorista de banda ancha.

El organismo que presidía José María Marín obligó en un primer momento a Telefónica a abrir su red de fibra a sus rivales con unos precios fijados, excepto en nueve municipios como Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia, que representaban el 16% de la población y en donde había tres reguladores -Telefónica, Vodafone y Orange-, con despliegues simultáneos en redes de nueva generación ultrarrápida, ya sea fibra o cable.

Para el resto de los municipios, incluyendo aquellos en los que estaban presentes los cableros regionales (Galicia, Asturias y País Vasco), el organismo proponía que Telefónica prestase un servicio mayorista de acceso virtual al bucle de fibra óptica. En estas zonas, Telefónica fijaba unos precios que era revisados por la CNMC para asegurarse de que son replicables.

Tal propuesta fue apoyada por sus máximos rivales como Vodafone y Orange. Telefónica, por su parte, se mostró totalmente en contra y dijo que recortaría sus inversiones hasta un 35% en fibra óptica.

Posteriormente, la CNMC aprobó de forma definitiva en febrero de 2016 la regulación mayorista de banda ancha y en la misma se pasaba de 34 ciudades que había a 66 en las que Telefónica no estaba obligada a compartir sus redes. Desde entonces, han pasado casi cinco años sin que hasta ahora esta cifra se haya revisado.

Según los últimos datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual del segundo trimestre que publica la CNMC, hasta junio casi el 70% del total de líneas de banda ancha en España eran de fibra. Los únicos accesos que crecen son los correspondientes a fibra hasta el hogar (FTTH), con 58,6 millones de accesos desplegados frente a los 48,7 millones de junio de 2019.

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