Monitor de Consumo Bancario

Ignora la pre­gunta de si eli­mi­nará este ín­dice en las hi­po­tecas de vi­viendas pro­te­gidas

El Gobierno elude la problemática del IRPH en las VPO

El Ejecutivo puede erra­di­carlo, algo a lo que se com­pro­me­tieron los so­cia­listas en el pa­sado

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El Gobierno ha dado largas a la pre­gunta del Grupo Compromís sobre la po­si­bi­lidad de eli­minar el ín­dice IRPH de las vi­viendas pro­te­gi­das, me­dida apo­yada en el pa­sado por el Grupo Socialista en el Parlamento y por gran parte de las or­ga­ni­za­ciones de la so­ciedad ci­vil, entre ellas el Defensor del Pueblo. Continúa así una po­lé­mica que no cesa y que, prác­ti­ca­mente au­sentes ya de la ac­tua­lidad las cláu­sulas suelo, ha to­mado el tes­tigo como la reina de las con­tro­ver­sias en el mer­cado hi­po­te­ca­rio.

A la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que descartaba el carácter abusivo del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) le sucedió el pasado viernes otro varapalo para los afectados: el TS rechazó también declarar la nulidad de esta cláusula en los préstamos hipotecarios para Viviendas de Protección Oficial (VPO).

No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en las hipotecas del mercado ordinario, en los préstamos para la adquisición de VPO es el Gobierno, y no los tribunales, quien ostenta la competencia para modificar el índice o, en su caso, hacerlo desaparecer. Esta semana, el Ejecutivo ignoró la cuestión planteada por el Grupo Compromís, que preguntaba si esta figura contractual sería finalmente erradicada de las hipotecas vinculadas a este tipo de viviendas.

La cuestión traía de vuelta el compromiso adquirido por el Grupo Socialista durante el mandato de Mariano Rajoy, cuando el Congreso, a instancias del PSOE, aprobó una proposición no de ley para reemplazar el IRPH por el Euribor en las hipotecas de viviendas protegidas. Un compromiso que fue asumido por gran parte de la bancada parlamentaria y que, a día de hoy, todavía no se ha materializado.

La batalla legal

El IRPH ha sido objeto de una intensa batalla judicial que ha llegado al Supremo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Originariamente, este indicador existía en tres variantes: IRPH Cajas, IRPH Bancos y CECA, este último correspondiente a las cajas de ahorros.

Para calcularlo, las entidades financieras enviaban al Banco de España (BDE) la media aritmética de los intereses de sus hipotecas. El supervisor hacía la media de las cifras de todas las entidades y publicaba el resultado. Así se establecía la cuantía del índice.

La principal crítica a esta cláusula radica en su coste: los clientes vinculados a él siempre acaban pagando más que los del Euribor. En concreto, el sobrecoste se sitúa entre los 250 y los 300 euros, según los datos de las organizaciones de afectados. Un exceso que puede llegar a ser insoportable para los usuarios de VPO, generalmente familias con escasos recursos o al borde de la exclusión social.

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