Monitor del Seguro

España es uno de los 6 países de la OCDE que peor trata estos es­tí­mulos

Los incentivos fiscales a la aportación de las pensiones, a debate

El sector ase­gu­rador los de­fiende para fo­mentar el ahorro a largo plazo

Planes de pensiones
Planes de pensiones

Después de una vida tra­ba­jando hay otra vida sin tra­ba­jar, un pe­riodo cada vez más largo gra­cias al in­cre­mento de la lon­ge­vidad y para el que hay que pre­pa­rarse. En al­gunos casos in­cluso psi­co­ló­gi­ca­mente, y en todos eco­nó­mi­ca­mente. Para esto úl­timo existen pro­ductos como los planes de pen­sio­nes.

No obstante, estos instrumentos no tienen el éxito que cabría esperar. No, al menos en España. “Los sistemas complementarios de la Seguridad Social están muy desarrollados en países de nuestro entorno, tal y como muestra el volumen del patrimonio de los fondos de pensiones privados y los seguros de vida. El tamaño de los fondos de pensiones con respecto al PIB presenta un rango de variación importante. En aquellos países con sistemas privados de pensiones fuertes, como Holanda, Suiza o el Reino Unido, los fondos de pensiones, con un valor superior al 100 % del PIB, canalizan el ahorro privado y constituyen el principal proveedor de capital a la industria, a la vez que constituyen la parte fundamental de la tasa de sustitución del sistema; sin embargo, en España no alcanzan el 10 % del valor del PIB”.

Los datos proceden del informe ‘La necesidad de favorecer la fiscalidad del ahorro para la jubilación’, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), y el título ya lo dice todo. La fiscalidad es la clave. Insisten en que España es uno de los seis países que peor trata los incentivos fiscales a los planes de pensiones dentro del colectivo de los 37 países de la OCDE, no llegan al 60 % del promedio de los existentes en este grupo. Si lo que se toma como referencia es la UE, el sistema de incentivos fiscales en España se sitúa en el 65 % de la media europea, ampliándose la distancia en relación con los países con mejores prácticas de incentivos fiscales de la OCDE y de la UE: Irlanda u Holanda están por encima del 170 % de la media de la OCDE, que es equivalente a un incentivo fiscal tres veces superior al de España.

En el informe se explica que “los países con peor tratamiento fiscal del rescate, como es el caso español, han de cuidar los incentivos en las aportaciones, especialmente, ya que, en otro supuesto, desaparecería el estímulo fiscal derivado del diferimiento. De hecho, bajo un hipotético supuesto que afortunadamente no parece haberse planteado, de desaparición de los incentivos a la aportación, manteniéndose el actual contexto de tributación de la prestación, estaríamos en un claro caso de doble imposición sobre el ahorro materializado en los planes de pensiones”.

Pero, ¿es cierto que los incentivos a la aportación no corren peligro? Este informe se presentó a finales de septiembre, y a principios de octubre en varios medios de comunicación se aseguraba que el Gobierno, en el marco de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, revisará la fiscalidad de los planes de pensiones. El plan, según estas informaciones, es acabar precisamente con las bonificaciones fiscales, y la justificación, que salen muy caras al Estado. Al parecer el Ejecutivo ha sacado esta idea de un estudio de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), publicado en junio, en el que se explica que este incentivo le cuesta al Estado 1.643 millones de euros, que es regresivo y que está mal diseñado, ya que no consiguen incentivar el ahorro a largo plazo.

Y mira tu por donde en el informe del IEE hay una referencia explícita a este estudio de la AIReF, del que subraya que ha analizado, entre otras cuestiones, la reducción fiscal en las aportaciones a los planes de pensiones privados, “se trata de un estudio muy interesante y detallado sobre esta cuestión y del que se pueden extraer muchas lecciones, si se analiza en profundidad y se interpreta en su conjunto y no de forma aislada o sesgada”. Y de hecho, el IEE comenta que “cabe destacar que esta institución no ha propuesto la eliminación de este incentivo fiscal, sino que ha señalado que debe replantearse o rediseñarse para ser un mecanismo más eficaz. Por tanto, que la máxima autoridad independiente en evaluación del gasto público no abogue por su eliminación, da una idea de la importancia que este incentivo tiene en el marco del fomento del ahorro a largo plazo”.

También se explaya en esos presuntos 1.643 millones de euros que le cuesta al Estado. Y decimos presuntos porque el IEE explica que el coste real para la Administración derivado del incentivo fiscal a los planes de pensiones no son esos algo más de 1.600 millones que se dejan de ingresar por las aportaciones a planes de pensiones. Ese dato, “se corresponde con una visión miope del instrumento, pues no tiene en cuenta que la Administración, por un lado, deja de ingresar entre los aportantes, pero, por el otro, percibe los ingresos tributarios relativos a las prestaciones, ya sean en forma de renta o de capital”.

Por tanto, explican que una vez que se tiene en cuenta conjuntamente las dos dimensiones tributarias del sistema, la aportación y la prestación, el coste fiscal se situaría, y cita al propio estudio de la AIReF, en 450 millones de euros, el 0,036% del PIB. Tras incluir otras cuentas en la ecuación el IEE concluye que “el argumento de que el fomento de la previsión ‘es costoso para el Estado’ no se sustenta cuando se analiza integral y conjuntamente esta cuestión”.

La industria aseguradora suscribe la conclusión del informe del IEE y considera importante mantener los actuales beneficios fiscales, e incluso aumentarlos. Según explica la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, “son fundamentales para determinadas personas de nuestra estructura social y económica, como los trabajadores autónomos, los autoempresarios y los pequeños empresarios, para los cuales es crucial disponer de incentivos para su ahorro”. Añade, que para que fuese posible la retirada de esos beneficios “haría falta que la generosidad de la pensión pública se mantuviese en el tiempo”, algo que a día de hoy está descartado.

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