VIVIENDA

España se en­cuentra a la cola de toda Europa en re­si­dencia pú­blica

País Vasco lidera junto a Extremadura la construcción de vivienda social

El pro­grama ‘Plan 20.000’ del Gobierno cen­tral pre­tende crear un am­bi­cioso parque pú­blico de vi­vienda en al­quiler

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En un re­paso a los datos de vi­viendas so­ciales que se cons­truyen en toda Europa hay que irse hasta el úl­timo puesto para ha­llar el nombre de España. Se en­cuentra muy por de­bajo de los ín­dices eu­ro­peos en cuanto a edi­fi­ca­ción de casas so­cia­les. Europa cuenta con una media de 4 ho­gares de esta ti­po­logía por cada 100 ha­bi­tan­tes, España apenas llega a una igua­lando en el ran­king a otras na­ciones como Grecia, Portugal, Bulgaria o Rumanía, con menos renta per ca­pita.

En un territorio tan amplio y dispar siempre hay diferencias, también en el sector de la construcción. Mientras en el País Vasco y Extremadura superan esa tímida media, en la mayoría del resto de regiones ni siquiera llegan a un 0.5%. Lejos quedan entonces otros números de países como Países Bajos (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido (7,5) o Francia (7,5), que se sitúan a la cabeza. Tampoco se alcanza los 148 euros que de media se invierten en estos países en materia de vivienda pública. ¿En España? Según datos de los años 2007-2017 alrededor de 35 euros.

Radiografía de la vivienda social en España

Solo esas dos comunidades pueden presumir en todo el territorio nacional de ir por delante en lo que se refiere a la edificación de este tipo de hogares. Son pisos que se sacan al mercado a un precio mucho menor de lo que sería una vivienda libre y cuyos destinatarios son colectivos de personas con un determinado nivel de renta inferior a la media, o jóvenes.

En las tres provincias vascas se han contabilizado más de 100.000 nuevas viviendas sociales en las últimas 4 décadas en comparación con un crecimiento de la población en esos años que no ha llegado a las 70.000 personas. A muchos más kilómetros, en Extremadura, el censo poblacional se ha visto incrementado en apenas 3.400 personas; pero no así su parque de hogares de protección oficial que se cifran en 86.000 en todo este tiempo.

Dos buenos ejemplos que no se repiten en el resto de un país (especialmente en Murcia, Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía) donde la mayor parte de las casas que se construyen forman parte del sector de la construcción privada tal y como aseguran desde el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana en su Boletín Especial de Vivienda Social.

Un informe donde, además, se recoge que cada vez se construye menos vivienda pública si se tiene en cuenta la imagen que se veía a comienzos de los años 80. En esa década, seis de cada 10 hogares que eran de nueva construcción tenían el sello social. Un porcentaje que poco o nada tiene que ver con el panorama actual donde ni siquiera se llega a un 10% en el conjunto de la geografía española.

Un camino descendente en el que sin duda influyó el inicio del boom inmobiliario a comienzos del año 2000 y donde el mismo reflejo se repite en la inversión económica: si hace 10 años, en relación a los presupuestos públicos destinados a este tipo de viviendas, la cifra total superaba los 2.700 millones de euros anuales… antes del estallido de la pandemia y su consiguiente crisis la cantidad era mucho menor: 1.800 millones.

Sin embargo, en palabras del propio ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, desde el Gobierno ya se están dando los primeros pasos en medidas para paliar estas deficiencias en materia de vivienda social. Una de ellas, el programa denominado ‘Plan 20.000’ con el que se pretende fomentar la construcción de vivienda pública en alquiler.

¿Qué es el ‘Plan 20.000’?

El pasado mes de septiembre ya empezó a rodar este proyecto del ejecutivo para crear un ambicioso parque público de vivienda en alquiler a precios más asequibles o denominados sociales. Pero, ¿en qué consiste ‘Plan 20.000’? Este programa, dirigido a arrendatarios con menos recursos, se basa en la colaboración público-privada con especial incidencia en aquellas zonas de nuestro país donde hay más necesidad residencial en este sentido como es el caso de Madrid, Barcelona y Valencia, además de Sevilla, Málaga, los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas.

Para ello se cederá parte del suelo público a las promotoras y constructoras interesadas con un coste cero durante un plazo cercanos a los 75 años. Un tiempo en el que estas empresas serán las encargadas de no solo construir los inmuebles, sino también de tramitar y gestionar dichos alquileres sociales. Una vez superados esos años, las viviendas y el suelo volverían a formar parte del parque público residencial de nuestro país.

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