ANÁLISIS

La legislatura más bronca de la democracia comienza sin definición económica ni social

Ni el de­bate ni el pro­grama de Gobierno PSOE-UP ex­plican cómo se apli­carán las pro­puestas eco­nó­micas y la­bo­rales

Pedro Sanchez y Pablo Iglesias
Pedro Sanchez y Pablo Iglesias

No se puede de­finir con cla­ridad cuál vaya a ser la po­lí­tica eco­nó­mica y so­cial del nuevo Ejecutivo a la luz de a la lec­tura atenta de las 50 pá­ginas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, más la do­cena adi­cional de los fo­lios que con­tienen los acuerdos fir­mados con el resto de par­tidos que tienen pre­visto fa­ci­litar el ac­ceso a la pre­si­dencia del Gobierno de Pedro Sánchez Medidas hay pero ni un ápice del ca­len­dario de eje­cu­ción.

Tampoco se puede llegar a ninguna conclusión definitiva de lo que va a suceder en este ámbito tras haber seguido con detenimiento las casi 16 horas y media del bronco debate de investidura mantenido en el Congreso de los Diputados este fin de semana, debate lleno de insultos y amenazas.

Poco se puede saber de lo que hará el Gobierno en materia económica y laboral pese a que las primeras palabras de Sánchez, tras aludir inicialmente a la grave tensión territorial que se está sufriendo en Cataluña, han apostado por defender la legitimidad de constituir un gobierno progresista que defienda la economía social de mercado para ayudar a rebajar las desigualdades abiertas durante la pasada crisis económica

El candidato lo resumió utilizando la expresión de patriotismo social. Pero tras esta definición y el enunciado de los objetivos genéricos de su futuro Gobierno no ha dicho una sola palabra de cómo la va a conseguir.

Quizás haya una excepción, sobre una cuestión precisa, la relativa a la subida de impuestos para los que más ingresan por rentas del trabajo, medida mal llamada de incremento de los impuestos para los más ricos, pues se trata de incrementos de la cuota a partir de ingresar más de 130.000 euros. Todo lo demás ha quedado expresado de forma muy vaga y general.

Si el documento de Gobierno es vago, el debate de investidura no ha servido para ofrecer más precisión a sus propuestas. Como achacaban diputados del centro y la derecha al finalizar la sesión del fin de semana, el presidente ha llevado unas respuestas escritas para cada uno de los portavoces que nada tenían que ver con lo que estos le habían planteado las escasas veces que se ha hablado de economía.

¿Y qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez en tantas horas de debate?

El candidato Inició sus referencias al ámbito laboral asegurando que ya hay consenso para derogar algunos puntos de la reforma laboral del Partido Popular, sin referencia a la introducida por Rodríguez Zapatero que también quieren ver derogada los sindicatos y para lo que piden consenso los empresarios de la CEOE y el Círculo de Empresarios.

Menos preciso ha sido el anuncio de en qué consistirá la nueva ley que aprobará en materia de lucha contra el fraude fiscal, aunque ha añadido que el Gobierno prohibirá por ley aprobar amnistías fiscales, algo que desde el Partido Popular le han recordado ya no se puede hacer tras la última reforma introducida por iniciativa de Cristóbal Montoro.

En cuanto a las SICAVS, pese a las propuestas electorales de Unidas-Podemos de acabar con las mismas, el candidato socialista ha defendido que serán sometidas a un mayor control al tiempo que se subirá el tipo efectivo para las grandes corporaciones, que en el documento queda más concreto que lo que ha sucedido en el debate.

Ante las constantes protestas de los pensionistas y las acusaciones de la oposición de que está utilizando las pensiones como un arma para forzar su elección, Sánchez ha respondido que su decisión es presentar a la oposición y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo que garantice, mediante el blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones.

Según Sánchez su Gobierno será el de la garantía de las pensiones dignas, a través de la suficiencia y la revalorización del sistema público. Su compromiso es revalorizar por ley de las pensiones conforme al IPC y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas.

Y aunque también ha anunciado que impulsará la reducción de la brecha de género en las pensiones y que ampliará las pensiones de viudedad para parejas sin vínculo matrimonial, según los cálculos de la oposición serán varios miles de millones adicionales los que necesitará el sistema, no ha habido ninguna precisión de cómo se conseguirían incrementar los ingresos.

Porque, aunque ha vuelto a hablar de la tasa Tobin sin mencionarla como tal, Sánchez aseguraba que aprobará el Impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

De nuevo una expresión muy genérica que vuelve a alertar al sector, pero como ocurre con el resto de iniciativas anunciadas en el debate o sencillamente incluidas en el documento de acuerdo de Gobierno PSOE-UP, no se habla de las condiciones, ni de los tipos que se van a aplicar ni ningún otro detalle adicional. Desde el Gobierno señalan el modelo francés como el que se está estudiando para poderlo aplicar en España lo antes posibles.

Pero en esta ocasión ni siquiera Nadia Calviño, vicepresidenta económica in pectore, ha querido añadir la menor aclaración. Es tiempo de silencio.

El sector en cambio señala que el documento habla de operaciones de compra de acciones españolas, mientras que antes se hablaba de compras netas. ¿Se está tratando de excluir a los inversores extranjeros o a los que hacen operaciones más modestas? ¿Se está poniendo en duda el capitalismo popular? No hay respuesta.

Sí consideran en el sector considera que la tasa Tobin, que tendrá que ser tramitada por Ley, no lo tendrá fácil en su trámite parlamentario sabedores de que de los diputados de Junts per Catalunya, ya se han expresado en contra de la misma. El trámite se manifiesta complejo.

En términos genéricos está expresada la propuesta de reforma y reorganización del sistema de Seguridad Social en el marco del diálogo social para tratar de asegurar un aumento estructural de ingresos y limitar los gastos impropios del sistema.

Más concreta es la propuesta de reforma del bono social eléctrico, incluyendo un bono gasista, propuesta que incluye prohibir el corte de suministros básicos cuando el impago sea por causas ajenas a la voluntad de los titulares.

Sánchez añadía el anuncio de la nueva regulación y el impulso del autoconsumo energético, simplificando los trámites administrativos y técnicos para que los que opten por autoconsumir no sufran sobrecostes.

Ya sabemos que tenemos que ser buenos y justos. Ahora solo falta saber como lo vamos a conseguir.

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