ANÁLISIS

Sánchez se estrella en la Unión Europea con su menosprecio a Juan Guaidó

El PP agu­diza sus crí­ticas antes de pro­poner un pro­ce­di­miento de in­frac­ción en Bruselas

Venezuela
Venezuela

España había te­nido hasta ahora una po­si­ción de li­de­razgo en la Unión Europea res­pecto a Venezuela desde que el 13 de no­viembre de 2017 el Consejo Europeo apro­bara una de­ci­sión de po­lí­tica ex­te­rior para tratar de poner fin a la dic­ta­dura im­puesta en el país por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a que esta primera drástica decisión de Bruselas se adoptó siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, las políticas para urgir a Maduro a la convocatoria de unas elecciones democráticas y acabar con las violaciones de los derechos humanos denunciadas por Naciones Unidas, han continuado siendo lideradas por España con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Pero el incidente del encuentro del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, además de plantear numerosas incógnitas del porqué acudió el ministro a Barajas, cuestiona la posición española en este asunto.

Aunque tampoco resulta sencillo prever cual será finalmente la posición del Partido Popular en Europa. Iniciar un procedimiento de infracción contra el Gobierno español en las instituciones comunitarias, como le han pedido muchos de sus colaboradores a Pablo Casado, conllevaría un deterioro de la imagen del partido, pues desde las filas del Gobierno se podría argumentar que el centro quiere perjudicar todavía más la ya dañada imagen de nuestra diplomacia en el ámbito de las instituciones.

Por ello, el Partido Popular podría centrar su labor de oposición al Gobierno en el ámbito de la política interna por este más que desafortunado incidente desencadenado por una imprudente actuación de Ábalos y supuestamente de Grande-Marlaska, y dejar para más tarde el inicio de las actuaciones en Bruselas contra el más que evidente cambio de presión a Maduro para que convoque elecciones lo más urgentemente posible.

Será muy sintomático lo que declare el Alto representante de la Política Exterior Europea, Josep Borrell en los próximos días. El exministro de Exteriores español ha presumido siempre de que España ha mantenido una labor de liderazgo en este ámbito, como ya se atribuyó, hace más de un año, cuando varios países europeos decidieron reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y su predecesora, Federica Mogherini, anunció que se daba un plazo de cuatro días para pronunciarse en este sentido.

Lo cierto es que, aunque España se atribuyó a principios de enero ese liderazgo en todo el proceso para forzar unas nuevas elecciones, Alemania y Francia declararon antes su apoyo a Guaidó, dejando al Ejecutivo de Pedro Sánchez un paso por detrás de sus socios internacionales.

Borrell se vio en la obligación incluso de desvelar que Sánchez había hablado en las últimas horas con cinco países europeos además de tres iberoamericanos, en concreto Colombia, Ecuador y Costa Rica, para asegurar que era España quien impulsaba la posición de presión de Europa sobre Venezuela para acelerar un nuevo proceso de democratización.

Los populares también van a desvelar su posición en el caso esta semana. Muy previsiblemente se va a utilizar el papel de la Eurocámara para dejar claro en Europa las exigencias de los conservadores.

Desde el PP, se recuerda que la actual posición del Consejo se consiguió gracias a la presión y el acuerdo de dos de las principales fuerzas políticas: el Partido Popular Europeo y los Socialistas Europeos.

Lo que quizás no muchos conozcan es la gran influencia que ejerció en el 2017 el expresidente del Gobierno, Felipe González, para conseguir la primera resolución de la Eurocámara a favor de celebrar unas nuevas elecciones con garantías que consolidaran el respeto de los derechos humanos, cuya violación ha denunciado Naciones Unidas en dos informes en un espacio de solo seis meses.

El exlíder socialista español Felipe González presionó para que Europa fuera capaz de contrarrestar la influencia de Cuba en Venezuela y planteó a los populares una política común. Su pronunciamiento reciente a favor de reconocer a Juan Guaidó como único representante legítimo del pueblo de Venezuela viene de lejos.

Mientras se van logrando los acuerdos comunitarios, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene que explicar por qué se ha dejado sobrevolar vuelo europeo a la vicepresidenta venezolana y qué trató con ella saltándose a la torera los acuerdos internacionales firmados por España. También deberá justificar por qué, una vez en España, no se la detuvo como exige la resolución comunitaria sobre Venezuela con vigencia al menos hasta el mes de noviembre de este año.

La situación en Venezuela lo exige. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para la defensa de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado en dos ocasiones, con pronunciamientos oficiales de la ONU que en Venezuela existe tortura y violación de los Derechos Humanos. Añadía que además hay 3,7 millones de personas que sufren una situación de desnutrición. Naciones Unidas describe la situación de los hospitales como extremadamente grave, poniendo el ejemplo de que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 habían muerto al menos 1.557 personas por falta de las medicinas o los auxilios necesarios.

A ello añadía Bachelet en septiembre del año pasado, con ocasión de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra, que su “oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional”. Precisaba el 9 de septiembre que “tan solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”.

Según Bachelet, expresidenta socialista de Chile, su oficina también documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.

Si bien admitía que el gobierno de Maduro había excarcelado a 83 personas que habían sido detenidas de forma arbitraria, el panorama descrito por Naciones Unidas para el país con las mayores reservas de petróleo del mundo no puede resultar más desolador.

Según Bachelet las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro contribuyen a agravar la situación humanitaria y el éxodo de venezolanos. En la actualidad, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio, mientras una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. 4,3 millones de refugiados y migrantes ya han salido del país, la mayoría desde fines del 2015.

España no puede volver los ojos hacia otro lado después de que hayan pasado varios meses tras conocer estos informes sin que el Gobierno Maduro haya hecho sino agravar la situación. El encuentro Ábalos/Rodríguez debe ser el desencadenante para esclarecer tantas incógnitas que las que generan las cuatro o cinco versiones que el todavía ministro ha dado de los encuentros fortuitos.

Artículos relacionados