OPINIÓN

Sánchez-ERC: la estrategia del desistimiento y el sucedáneo

Ampliar los már­genes cons­ti­tu­cio­nales sin contar con el res­paldo de la opo­si­ción sería aven­tu­rarse en otro con­flicto mayor

Torra sale de la Audiencia.
Torra sale de la Audiencia.

En los años ochenta, en la lucha contra ETA, cir­culó entre las fuerzas de se­gu­ridad del Estado una lla­mada es­tra­tegia del desis­ti­miento que con­sistía en lo­grar la re­nuncia de ETA a su pro­yecto de in­de­pen­dencia del País Vasco a base de tiros en la nuca, bom­bas, se­cues­tros y chan­ta­jes.

Era una estrategia a largo plazo que se aceleró por dos motivos: la ilegalización de Herri Batasuna y consiguientes brazos políticos de ETA, y la eficacia policial, concretamente de la Guardia Civil. Eta, contra las cuerdas, acabó desistiendo tras negociar con el Gobierno de Zapatero bajo la mirada siempre vigilante y cómplice del PNV. Hoy sus herederos políticos se sientan en el Congreso de los Diputados.

Sánchez, que sigue la estela política de Zapatero, parece haber echo suya la estrategia del desistimiento para aplicarla en Cataluña. El escenario es diferente, menos dramático por la ausencia de muertos y atentados, pero más complejo desde el punto de vista político.

El bloque nacionalista catalán, tras la sedición de 2017, mantiene públicamente su voluntad de conseguir la secesión de Cataluña. En declaraciones a la prensa, desde la cárcel, desde el exilio o desde la presidencia de la Generalidad mantienen en pie su proyecto. La solución que proponen es fácil: para renunciar a la declaración unilateral de independencia exigen un referéndum de autodeterminación. El problema es que la Constitución lo impide.

Como Sánchez no parece que sea hombre que se desanime fácilmente da la sensación que esta rebuscando en el mercado de las soluciones políticas un sucedáneo de referéndum que permita dar una salida al callejón en que se encuentra el Gobierno y las fuerzas que lo sostienen, entre ellas los secesionistas.

Someter a consulta en Cataluña los acuerdos que se negocien en la mesa bilateral España/Cataluña es lo que más se parece a un sucedáneo. Pero sólo se sabrá si es realmente un sucedáneo cuando se conozcan los acuerdos y las preguntas de la consulta, si se llega a un acuerdo en ambos campos.

La tarea que se ha arrogado Sánchez con su alianza con Podemos/IU, formación partidaria del derecho de autodeterminación, de reintegrar al secesionismo catalán al consenso constitucional tiene de entrada un problema obvio. O cambia el consenso constitucional, es decir busca el apoyo al menos del PP y Ciudadanos, o desisten los secesionistas.

Dado que Sánchez ha optado por la segunda opción queda por desvelar el precio político a pagar por su desistimiento. Una condición de entrada reclamada por los independentistas está, aparentemente, en marcha. La libertad de los políticos presos se realizará a través de una modificación del delito de sedición en el Código Penal, que facilite su puesta en libertad.

Esta argucia legal, más fácil de decir que de llevar a la práctica, indica la decisión del Gobierno Sánchez de buscar los límites de la ley para hacer avanzar su proyecto político. El problema es que los secesionistas, con el Presidente de la Generalidad a la cabeza no reconocen la soberanía de los tribunales españoles, como no reconocen la vigencia de la Constitución en Cataluña.

Juegan al borde de la ley, y a veces en abierta desobediencia, lo que ha tenido y tendrá consecuencias administrativas y penales. La exhortación de Sánchez y sus apoyos políticos y mediáticos a desjudicializar el llamado conflicto catalán aparece más una confesión de impotencia que una propuesta política.

El nacionalismo catalán se siente fuerte y sabe que el presidente del Gobierno se ha jugado su futuro político y el de su partido a alcanzar un acuerdo con ellos. Mantiene un programa máximo, la declaración unilateral de independencia como amenaza, para negociar concesiones que difícilmente cabrán en la Constitución.

Su desprecio a la legalidad vigente es el ejemplo más claro de sus intenciones y sus pretensiones. Sánchez puede que haya pactado secretamente unas líneas generales de negociación con Esquerra Republicana, su socio preferente, pero la actitud y la decisiones del resto de las fuerzas secesionistas pueden arruinar el mejor plan. Si el Gobierno pretende desbordar las líneas que han marcado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional puede tener un problema mayor del que pretende resolver.

Ampliar los márgenes que marca la Constitución sin contar con el respaldo de las fuerzas de la oposición sería aventurarse en un conflicto de resultado imprevisible. La partida no ha hecho mas que empezar.

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