Monitor de Infraestructuras

Demandan ex­cluir im­puestos del re­cibo eléc­trico y que cual­quier ayuda se fi­nancie vía Presupuestos

Los empresarios quieren participar en el nuevo plan energético de Sánchez e Iglesias

El Círculo insta a que se haga con cri­te­rios téc­nicos y eco­nó­micos pero no po­lí­ticos

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Recibo de la luz.

Los em­pre­sa­rios quieren tener voz y voto en el pro­ceso de transición ener­gé­tica y des­car­bo­ni­za­ción de la eco­nomía es­pañola que pla­ni­fica el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En un do­cu­mento de 30 pá­gi­nas, pre­sen­tado este jue­ves, el Círculo de Empresarios insta al nuevo Ejecutivo de coa­li­ción a que la toma de de­ci­siones que se adopten en ma­teria de energía se haga bajo cri­te­rios “técnicos” y “económicos”, al margen del “ciclo po­lí­ti­co”.

Exigen además que, en la factura eléctrica, se incluyan solo los costes de generación, transporte y distribución, y salgan del recibo otros conceptos adicionales que afectan a los consumidores y a la competitividad de las empresas. “Cualquier ayuda o subvención que se establezca bajo criterios de necesidad debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado”, destaca el documento.

Los empresarios reclaman que se reforme la estructura de “impuestos” y “cargas” de la tarifa eléctrica para “alinearse con las figuras de las Directivas europeas, permitiendo que la industria electrointensiva española se acoja a las mismas exenciones y compensaciones que sus competidores europeos, minimizando el diferencial de precios y la pérdida de competitividad”.

En el documento titulado Transición Energética para un futuro sostenible: retos y oportunidades, el Círculo se declara totalmente a favor de la transición energética para lograr la descarbonización que el Acuerdo de París reclama y al que se ha comprometido la Unión Europea, siempre que el principio de sostenibilidad mantenga la competitividad de las empresas y la economía española.

Eliminar todas las figuras fiscales y cargas

El informe destaca que, una vez alcanzado el equilibrio entre los ingresos y costes del sistema eléctrico, se eliminen definitivamente todas las figuras fiscales y cargas introducidas en la última reforma del sector eléctrico de diciembre de 2013, como el impuesto a la producción, que “suponen un crecimiento sustancial de los precios al consumidor”.

“Lograr una transición energética equilibrada y competitiva, precisa una estrategia de país consensuada, con visión a largo plazo y neutral desde el punto de vista tecnológico”, señala el informe. Para ello, subraya, que es necesario que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “garantice los principios de buena gobernanza y colaboración institucional, estabilidad y seguridad regulatoria, transparencia y competitividad, eficiencia fiscal y fomento de la innovación tecnológica”.

El organismo que preside John de Zulueta señala, asimismo, que, dada la relevancia y magnitud social, tecnológica y económica de este proceso, “es clave la cooperación de todos los ámbitos implicados (político, institucional, empresarial, inversor y social), para establecer un marco regulatorio estable y una hoja de ruta que transmita seguridad y previsibilidad”. Unos elementos que cataloga de “esenciales” para fortalecer así la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la economía española.

Un marco claro y de largo plazo

El informe incide en que se debe elaborar un marco “claro” y de “largo plazo”, que permita lograr la descarbonbización de la economía española, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Dicho marco deberá “consensuado” entre los partidos políticos y “abierto” a la participación de los agentes implicados y de la sociedad en general. “Un acuerdo que debe tener una visión estratégica y de largo plazo evitando, en su diseño y en su proceso de toma de decisiones, incurrir en errores del pasado”.

Según el Círculo de Empresarios, el nuevo desarrollo regulatorio debería incluir mecanismos de mercado y regulaciones para promover los cambios necesarios y los análisis que cuantifiquen los recursos requeridos para su financiación. “El futuro marco deberá combinar la estabilidad y la visión a largo plazo. Para ello, debe evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha, su impacto económico en los diferentes sectores afectados y la evolución de la tecnología”, subraya.

Entre las medidas que plantea, destaca la creación de una fiscalidad energética y medioambiental, cuyo objetivo no sea meramente recaudatorio, sino el de impulsar la competitividad, la sostenibilidad, la innovación, la inversión y el empleo de la economía española.

En este sentido, insiste en que se debería “armonizar” y “simplificar” la estructura de los impuestos autonómicos y medioambientales, en su opinión, “muy numerosos e ineficaces”. Igualmente, pide que la fiscalidad española esté alineada con las políticas y directrices europeas, “lo que permitirá el acceso a exenciones y compensaciones en otros países para los sectores afectados”.

Respecto al sistema eléctrico, el informe sostiene que se debe seguir avanzando en la sustitución paulatina del carbón en la generación de energía eléctrica, mediante el uso de energías renovables, de energía nuclear, de gas natural y gas renovable, “por su impacto positivo en la reducción de las emisiones de efecto invernadero”.

En el caso de la energía nuclear, señala que es necesario “prolongar la vida útil de las centrales” en caso de que no existan alternativas técnicamente viables, competitivas en coste y no emisoras que puedan sustituirlas.

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