Por eso el momento político actual pide otra consigna, que ya circula con profusión por discursos, artículos y tertulias: La Democracia está por encima de la Ley. Cuya variante más desarrollada es que los conflicto políticos los resuelven los políticos y no los jueces. O como dice el actual presidente del Gobierno, no hay que judicializar la política. Es el gran sofisma del momento, y ya se sabe que los sofismas son argumentos falsos con apariencia de verdad.
El truco pueril consiste en sustituir el sintagma Incumplimiento de la Ley, territorio en el que intervienen fiscales y jueces, por Conflicto Político, territorio de los políticos. ¿Qué ocurre cuando los políticos incumplen abiertamente la ley de un Estado, por ejemplo su ley principal, la Constitución, y declaran unilateralmente la independencia de un territorio?. Es obviamente un conflicto político, y no hay democracia en el mundo que no recurra a los Tribunales para detener la secesión. Y si fuera por la fuerza lo impide por la fuerza.
El nuevo Gobierno quiere afrontar el desafío secesionista catalán situando una mesa de negociación al margen de la Constitución. Es decir, lo que en ella se discuta saldrá de la libre voluntad de los participantes, sin límites ni cortapisas. Pero lo que en ella se decida, si se llegara a un acuerdo, deberá caber en los límites de la Constitución. ¿O no?
La duda puede ofender a aquellos que consideran que el Gobierno no va a traspasar, como ha prometido, los límites de ley. Faltaría más. Pero el despliegue de la consigna, La Democracia está por encima de la Ley, sugiere que hay sectores, no sólo independentistas, con otras intenciones.