El reloj comienza a avanzar en su contra pues, a partir de 2020, deberán darse los primeros pasos de un plan que puede durar en su ejecución hasta 20 años. De producirse retrasos, el Ayuntamiento de Madrid podría penalizar a ambos socios por alteración de los tiempos marcados.
Álvaro Aresti, actual presidente de DCN, tiene la ardua misión de encontrar un inversor o varios, que estén dispuestos a hacer frente a la Operación Chamartín, que el pasado día 29 de julio vio la luz del verde del Ayuntamiento madrileño. El nuevo ejecutivo no es experto en lides inmobiliarias, como sí lo era Béjar, pero sí lo es en el negocio de las finanzas. Hasta mayo de 2019, era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista.
Por tanto, la idea del máximo ejecutivo del BBVA, Carlos Torres, de poner a Aresti al frente de la Operación Chamartín, tendría una finalidad concreta: encontrar bancos de inversión o socios que estarían dispuestos a embarcarse en el proyecto. Por sí mismos, ni la entidad -muy vigilada por el Banco de España y el propio Banco Central Europeo-, ni el Grupo San José, con falta de recursos, podrán afrontar conjuntamente el proyecto.
Los problemas de encontrar un socio financiero
Una vez resuelto el problema del dinero y sorteados los impedimentos tanto del banco emisor como del BCE, el desarrollo de la operación correría a cargo del grupo constructor. Pero lo más complicado, es encontrar ese mirlo que tan ansiadamente busca el BBVA para venderle, bien el 75% del capital, o una parte. El BCE sigue de cerca los pasos del banco y la entidad no puede permitirse una operación de tal envergadura en solitario. Además, el ‘caso Villarejo’ ha dañado mucho la reputación de la entidad por lo que se siente vigilado desde todos los frentes.
El primer escollo que ambos socios deberán resolver es el pago de 1.200 millones de euros que tiene que abonar al gestor de infraestructuras Adif, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, por los terrenos próximos a la estación ferroviaria. Adif, uno de los implicados también en el plan, necesita ese dinero para remodelar Chamartín, construir las estaciones de cercanías y cubrir parte de las vías.
La urgencia de un caballero blanco
Tanto el BBVA como Constructora San José, tienen muy complicado disponer de recursos y es urgente encontrar un caballero blanco que aporte gran parte del dinero. La compañía constructora estuvo en los años de la crisis al borde de la quiebra y, aunque su participación es de un 25%, no dispone de cash. La inversión del proyecto asciende a 5.947 millones de euros, de los que unos 4.800 millones serán aportados por Distrito Castellana Norte.
De esta cantidad, 3.500 millones se destinarían a edificaciones y 1.300 millones a infraestructuras. Los 1.150 millones restantes correrán a cargo de las administraciones para inversiones en equipamientos públicos (centros de salud, centros culturales, sociales, bibliotecas y centros deportivos).
El plan, aprobado por la Corporación del PP y el respaldo de Ciudadanos, PSOE, Más Madrid y Vox, deberá ser todavía ratificado por la Comunidad de Madrid, aunque no se espera que, la nueva presidenta, Isabel Ayuso, y su equipo, planteen problemas a un plan que arrastra más de 25 años de problemas. El proyecto incluye la construcción de 10.485 viviendas, además de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y 103.000 metros cuadrados de uso comercial.
La macrooperación deberá iniciar sus primeros pasos en 2020 y urge a ambos socios encontrar una solución. De no ser así, el Ayuntamiento podría penalizar a BBVA y Constructora San José por alteración en los plazos de ejecución.