Los principales bancos españoles ya tienen fijadas las fechas para sus respectivas presentaciones de resultados del segundo trimestre desde hace tiempo y, como es habitual, se desgranarán durante las últimas semanas de un mes de julio que se ha complicado en varios frentes.
Los máximos responsables de la banca española han dedicado más tiempo, en los últimos tiempos, a lamentar el impacto negativo sobre sus cuentas y cotizaciones bursátiles por el aplazamiento del presidente del BCE, Mario Draghi, de la esperada subida de los tipos de interés. Un buen número de entidades ya habían trazado sus planes estratégicos con la confianza de un ligero repunte del precio oficial del dinero.
La reactivación por la vía judicial del caso BBVA-Villarejo, con las imputaciones a buena parte de la cúpula de su anterior presidente Francisco González (FG), será uno de los asuntos que marcarán las comparecencias de los distintos consejeros delegados y no tan sólo del actual número dos del grupo que preside ahora un cuestionado Carlos Torres.
En este sentido, esta semana será clave la declaración ante la Audiencia Nacional del "viajero" Ángel Cano, prevista en un principio para el próximo jueves. Las medidas cautelares que pueda imponerle el juez Manuel García-Castellón, tras la libertad provisional ya dictada para Julio Corrochano, serán determinantes.
Los distintos supervisores ya han mostrado su preocupación por el impacto que todo este asunto tiene en la reputación del BBVA. Pero el conjunto del sector también se juega mucho en este terreno, ya que la mala imagen generalizada de la banca se erosiona aún más con asuntos de este calibre.
La banca está preocupada, y más recientemente ocupada, en poder recuperar el terreno perdido a lo largo de la crisis, casi como un objetivo principal a la par de la mejora de la rentabilidad que se ha visto mermada por los bajos tipos de interés y las ingentes necesidades de capital impuestas por los reguladores.
Estabilidad política
La totalidad de los banqueros, así como ocurre con otros empresarios de diversos sectores, reclaman desde primeros de año un marco de estabilidad política que no se ha logrado alcanzar tras las elecciones generales celebradas a finales del pasado mes de abril. Las luces de alerta ya se han encendido en distintos ámbitos ante el frenazo económico que pueda generar la continuidad de un Gobierno en funciones, como el de Pedro Sánchez.
Precisamente, el debate de investidura fijado para los días 22 y 23 de julio, sin la certeza de que se pueda formar un Gobierno estable antes de la parálisis vacacional de agosto, se ha colado en medio de las presentaciones de resultados fijadas por las principales entidades del país.
La votación de la investidura de Sánchez se producirá en el mismo día en el que el Santander de Ana Botín celebre la junta de accionistas extraordinaria para hacerse con el control total de su filial en México y justo en vísperas de que su consejero delegado, José Antonio Álvarez, presente las cuentas del segundo trimestre.
La demanda anunciada por Andrea Orcel, por su frustrado fichaje como número dos del mayor grupo bancario español, será un asunto que planeé sobre la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte (Madrid).
Desde luego, con tantos frentes abiertos y algunos con riesgo de no poder ser controlados (como el caso BBVA-Villarejo), las cuentas semestrales de la banca corren el riesgo de quedarse calcinadas o, al menos, en un segundo plano.