Hace meses, por el mes de abril, se la explicamos desde esta página y la intención del BBVA de acogerse a su Código Ético para proteger a la entidad de posibles responsabilidades penales, incluyendo a sus propios directivos. En términos legos, esta teoría viene a decir que una entidad, sea empresa o banco, está protegida frente a posibles responsabilidades penales y fiduciarias por la mala práctica de sus empleados.
Basta aprobar un estricto código ético que señale las pautas de comportamiento para todo el personal. El que lo vulnere será responsable de ello, ante el banco y ante la ley. Es decir, quien la hace la paga...ante el banco y ante la Justicia regular. El banco y sus órganos de representación quedan excluidos.
El BBVA ha sido muy estricto, sospechosamente estricto, al aprobar en junta general su propio Código Ético. La entidad, en su página web, admite que la última modificación del referido Codigo data de 2015. Dice el banco: "BBVA ha actualizado su Código de Conducta en 2015, en el que plasma cómo entiende el Grupo la integridad. Supone un cambio de estilo, más directo, cercano, sencillo y accesible".
Y no le falta razón. Hay gente, directivos del banco para más señas, que afirman que la cúpula del banco tenía prisas para evitar lo que, a sabiendas, podría producirse. Un escándalo de proporciones monumentales como el protagonizado por el espionaje a políticos, miembros del gobierno, empresarios y periodistas por parte de una empresa de un empleado público, como el ex comisario Villarejo, siguiendo una orden directa de la cúpula del banco. Curioso, en 2015, Villarejo llevaba años contratado por el BBVA de Francisco González.
Carlos Torres, presidente del BBVA, presionado al parecer por su socio minoritario -Constructora San José-, en Castellana Norte (la antigua Operación Chamartín), ha cesado en la noche del viernes, con alevosía y nocturnidad, a Antonio Béjar como presidente de la empresa, Béjar es antiguo directivo del BBVA y está imputado en la causa contra Villarejo y BBVA, junto a otros siete ex empleados del banco, por el juez Garcia Castellón, magistrado de l a Audiencia Nacional, en el caso BBVA-Villarejo.
Casualmente es el único que se ha escapado a la disciplina del banco, que ha recomendado a resto de imputados (incluyendo el ex policía Corrochano, ex jefe de seguridad del BBVA) mantener silencio en sus declaraciones hasta que se levante el secreto del sumario y se sepa de que se les acusa.
Todo esto tendría lógica si esta semana también no hubiese saltado la otra gran bomba del caso. Resulta que en la empresa Castellana Norte, que presidía Béjar hasta el viernes y dede donde han partido los pagos del BBVA a la empresa de Villarejo, se han destruido hace muy pocos días muchos documentos de los ordenadores de la empresa (por cierto, nada que no se pueda rescatar por expertos informáticos si los ordenadores no se han destruido). Una bomba, como la del caso Bárcenas, salvando las distancias.
Esta semana ya vencida, Béjar fue llamado de nuevo a declarar y la Fiscalía Anticorrupción filtró que había solicitado fianza de 500.000 euros y retirada cautelar del pasaporte, más que la pedida y establecida a Corrochano, y desproporcionada, visto desde fuera, frente a la ausencia de medidas cautelares en el caso de Ángel Cano, su jefe directo en el BBVA, primero en medios de pago (luego ascendido a CEO y premiado con una jubilación de más de 64 millones de euros por parte de Franscisco González y el otro (Béjar) como pagador directo de las facturas de Villarejo.
Mi editor, Alberto Valverde, escribió un artículo el pasado mes de enero en este diario resaltando las similitudes que existían entre el caso BBVA-Villarejo y el mítico proceso Watergate, que él vivió en directo cuando estaba de corresponsal en Washington en sus años tiernos de profesión. Ahora me dice que se ha añadido otra coincidencia más, pero mucho más grave. Se trata precisamente de la aparente destrucción de pruebas. Fue el borrado de una grabación de la Casa Blanca por parte de la secretaria ejecutiva de Richard Nixon, Rose Mari Woods (el famoso gap de 18,5 minutos), lo que hizo que el presidente polémico terminara dimitiendo del despacho de la OVAL office en agosto de 1974, dos años después del espionaje en el Watergate.
Ahora solo se ha añadido una más, creo yo. Por eso me recuerda que hay que tener paciencia y confiar en el juez García Castellón, el mismo que supo encerrar a Mario Conde et all en el caso Banesto. Me dice mi editor que García Castellón le recuerda al juez Sirica, del Distrito Federal de Columbia, el magistral magistrado (perdón por la....) que supo de ir de abajo arriba hasta llegar en la caza judicial de la presa mayor. Primero John Liddy (el jefe de los fontaneros que entraron en las oficinas del Watergate del Partido Demócrata, luego John Dean (el abogado personal de Nixon), después Haldeman y Ehlichman (los dos asesores personales en la Casa Blanca) ... hasta llegar a Nixon.
Me dice que hay que tener paciencia y confiar en la Justicia y concretamente en los fiscales y en García Castellón. Sin duda, añado, pero la cuestión quizá ya no sea esa...
¿Aguantará el BBVA esta pérdida creciente de reputación? Eso es lo que se preguntan accionistas y ex directivos laminados por la brillante gestión de Francisco González, que piden que se actúe ya. Del mejor banco a un firme candidato a la intervención para salvarle, eso es lo que está pasando.
El Gobierno y el resto de la banca tienen una patata en el horno a punto de carbonizarse.