Monitor de Infraestructuras

Los ac­cio­nistas de DCN han pe­dido una en­tre­vista con la nueva cor­po­ra­ción de PP, Ciudadanos y Vox

Constructoras urgen a las nuevas corporaciones a acelerar los compromisos de inversión

BBVA y Constructora San José es­peran que Martínez-Almeida apruebe ya la Operación Chamartín

Jacinto Rey, presidente de San Jose
Jacinto Rey, presidente de San José.

El sector de la cons­truc­ción quiere que se ponga cuanto antes en marcha el nuevo Consistorio de Madrid para cons­tatar si real­mente arrancan los com­pro­misos que los tres grupos po­lí­ticos -PP, Ciudadanos y Vox- se han fi­jado en ma­teria de vi­vienda. La Operación Chamartín fue uno de los grandes pro­yectos que dejó en el tin­tero la ex al­cal­desa Manuela Carmena y que el edil José Luis Martínez-Almeida de­berá apro­bar. Viviendas en al­quiler y re­ducir el IBI, son otras de sus pro­mesas es­trella que apa­recen en su pro­grama.

Las empresas constructoras esperan que la nueva corporación municipal sea más agresiva en materia de vivienda que la anterior alcaldía. En el sector, se considera que los cuatro años en los que ha estado Manuela Carmena al frente del ayuntamiento apenas se ha movido la actividad de la construcción por lo que esperan que PP, Ciudadanos y Vox reactiven la política de vivienda.

Con Carmena al frente, se han disparado los precios de los alquileres y apenas si ha construido un millar de viviendas sociales frente a las 4.000 casas a las que se había comprometido en los cuatro años de mandato. Su política ha sido reducir la deuda, hacer una política medioambiental y control del tráfico con el plan Madrid Central, y tan solo algunos guiños en infraestructuras como la remodelación de la Gran Vía madrileña.

A la ex alcaldesa se le ha recriminado, en cambio, desde el sector de la construcción que no haya sido capaz de sacar adelante el proyecto rebautizado como Madrid Nuevo Norte, después de haberlo modificado y recortado prácticamente a la mitad en cuanto a construcción de viviendas se refiere.

En el plan renegociado por el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y el grupo Distrito Castellana Norte -controlado en un 75% por el BBVA y un 24% por Grupo San José-, está previsto la construcción de 10.500 viviendas, oficinas y locales comerciales que superarían un volumen de negocio de más de 13.000 millones de euros. En el proyecto, se habilitarán 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y 103.119 metros cuadrados de uso comercial.

BBVA y Constructora San José expectantes

El BBVA y Constructora San José son los primeros interesados en que el proyecto se ponga en marcha cuanto antes. Fuentes consultadas han reconocido que están a la espera de que el nuevo equipo municipal arranque para pedir una entrevista con el alcalde y los miembros de gobierno.

Lo primero que Distrito Castellana Norte quiere saber es si el nuevo alcalde va a mantener el proyecto tal cual, o si va a introducir alguna variante. Caso de ser así, el proyecto volvería a dilatarse en el tiempo y se entraría en nuevo compás de espera. Lo único que ha señalado Martínez-Almeida es que aprobará lo antes posible el proyecto, pero no ha especificado nada más.

Y es que, el PP no tiene las manos libres para decidir en solitario por lo que dependerá también de lo que le marquen desde Ciudadanos y Vox. Entre los 80 puntos que han firmado, la vivienda ocupa una gran parte de los mismos. Uno de los puntos importantes que han pactado es el compromiso de construir 15.000 nuevas viviendas que permitan aumentar la oferta de mercado y provocar una caída de los alquileres y el precio de los pisos.

Rehabilitación y agilización de licencias

Otro de los acuerdos firmados es facilitar la rehabilitación con programas específicos para viviendas de segunda mano y la construcción de pisos para jóvenes. Asimismo, se implantará un Plan de Choque para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas. En cuanto a la okupación ilegal, la nueva corporación se ha comprometido a sacar un Plan Integral de Lucha contra este tipo de acciones y se creará una oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos.

Respecto a la política fiscal, una de las medidas estrella de la campaña electoral es que se bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal del 0,4% desde el 0,51%. Se reducirá también el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, aumentando los incentivos fiscales, con el objetivo de reactivar la economía madrileña. Otro aspecto importante sobre el impuesto de sucesiones es que se bonificará al 95% en la plusvalía en donaciones y herencia de viviendas entre familiares directos.

El sector constructor piensa que si se cumplen todos estos compromisos podría producirse un efecto dominó entre las empresas y los inversores. Confían además en que la Comunidad de Madrid se una al carro y sea también un revulsivo en infraestructuras. La comunidad madrileña es la región que cuenta con más ventaja en cuanto al gasto público y déficit se refiere. Según señala BBVA Research en uno de sus informes, el ratio de su deuda sobre el PIB es el menor de todas las CCAA, lo que permite una menor necesidad de ajustes en un momento que se anuncia una cierta desaceleración cíclica.

Las estimaciones apuntan a que el PIB regional crezca un 2,8% en 2019, moderándose hasta el 2,3% en 2020, lo que permitiría la creación neta de unos 100.000 empleos en el conjunto de los dos años y reducir la tasa de paro hasta el 10,8% al final del bienio. Si no se tuercen las cosas, al final de 2020, la comunidad madrileña podría recuperar el nivel de ocupados de 2008. Todo dependerá de lo que haga el futuro gobierno regional.

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