FISCALIDAD

Villaseca ase­gura que la fis­ca­lidad ener­gé­tica no se des­tina siempre a re­solver los pro­blemas me­dioam­bien­tales

Naturgy denuncia la diversidad de impuestos que gravan a las eléctricas

Advierte de que al­gunos tri­butos son co­brados a la vez por el Estado, CCAA y Ayuntamientos

Sin título
Villaseca, en la presentación del Informe.

Naturgy se ha echado al ruedo y ha lan­zado fuertes crí­ticas contra la fis­ca­lidad que im­pera en el sector eléc­trico donde, según de­nun­cia, existe una “heterogeneidad y di­ver­sidad de tri­butos que gravan todo tipo de ac­ti­vi­da­des”. Algunos de ellos, son co­brados a la vez por el Estado, CCAA y ayun­ta­mien­tos. Otros im­puestos -afirman-, se aplican casi en ex­clu­siva a las eléc­tri­cas, lo que sitúa a las em­presas en una po­si­ción de “discriminación”.

En un libro que la eléctrica acaba de publicar sobre “La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios de aplicación”, se pone de manifiesto que no existen reglas de juego homogéneas para poner orden en la creación de todos los tributos que en los últimos años han visto la luz. Algunos de ellos, según denuncian, bajo el paraguas de la fiscalidad medioambiental, “incumpliendo en numerosas ocasiones el principio de afectación de la recaudación obtenida por estos nuevos impuestos”.

“Un tributo medioambiental debe tener carácter finalista, esto es, los ingresos obtenidos por la recaudación del mismo deben destinarse a financiar gastos para la mejora y protección del medio ambiente”. Este es uno de los principios que subyacen en el estudio elaborado por la Fundación Naturgy.

Dispersión normativa en la UE

El estudio pone de manifiesto la necesidad de simplificar y homogeneizar la fiscalidad energética sin incrementar su carga impositiva. Igualmente, se critica a la Unión Europea, señalando que en la última década ha existido una cierta dispersión normativa y un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local.

En este sentido, se quejan de las diferencias que existen entre los sistemas tributarios de cada uno de los estados miembros y de la falta de acuerdo que hay para alcanzar el objetivo común de la protección del medio ambiente.

La agencia estadística Eurostat reconoce que los impuestos sobre la energía representan más de las tres cuartas partes de los ingresos totales procedentes de los impuestos medioambientales (76,9%) y por delante de los impuestos sobre el transporte (19,7%) y sobre la contaminación y los recursos (3,4%).

El presidente de la Fundación, Rafael Villaseca, ha denunciado que la fiscalidad energética “no se destina siempre de forma prioritaria a resolver los problemas medioambientales que dieron lugar al impuesto”. Asimismo, asegura que actualmente el sector energético es el principal contribuyente de la fiscalidad medioambiental.

Diferencias sobre otros sectores

“El sector energético se ha visto discriminado dentro de la fiscalidad medioambiental, ya que sobre éste recaen la mayor parte de tributos ecológicos, sin que ante las mismas conductas perjudiciales para el medio ambiente se grave al resto de sectores productivos de nuestra economía”, denuncian.

En el libro se señala también que, en España no hay uniformidad en cuanto a la exacción de los tributos medioambientales, ya que, en función del territorio o comunidad autónoma donde se ejerza la actividad y se pueda contaminar, “se abonará o no un impuesto ecológico”. Por ejemplo, el sector eólico paga un canon en algunas autonomías como en Galicia, Castilla La Mancha o Castilla y León que en otras no se aplica.

Igualmente, subraya que no existen reglas comunes en cuanto al gravamen sobre emisiones entre CCAA. Algunas gravan emisiones sobre el agente contaminante. Otras, en cambio, lo aplican sobre las instalaciones como huertos solares, parques eólicos o las centrales hidroeléctricas. Autonomías como Cataluña o Aragón repercuten directamente las emisiones de CO2 y resto de emisiones contaminantes, mientras que Asturias o La Rioja cargan sobre las actividades que podrían deteriorar el medioambiente.

Revisar y actualizar las normas

Otro de los aspectos que se destacan en el libro es que la normativa tributaria está desactualizada respecto a la evolución del sector energético, sin que se haya adaptado a los cambios producidos en el derecho energético. Según se subraya, “sería necesario revisar las normas valorativas de los bienes destinados a la producción de energía”, a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o los epígrafes que deben considerar el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las eléctricas detectan igualmente una “escasa y deficiente publicidad de las normas a seguir”, dentro de los procedimientos de aplicación de los tributos locales, sin unas reglas claras que establezcan las relaciones entre administraciones y obligados tributarios una vez iniciados dichos procedimientos. Asimismo, se quejan de que existen situaciones en las cuales la base imponible de un tributo es la misma que otra u otros.

“En la actualidad, no existen mecanismos de coordinación entre administraciones locales y autonómicas y empresas del sector. Desde hace algunos años, la Agencia Tributaria ha desarrollado algunas acciones en este sentido, pero sería necesario profundizar en nuevas medidas”, según los autores del libro.

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