La ju­di­cia­li­za­ción del 'caso Ausbanc' ha puesto a estos co­lec­tivos en el punto de mira

La oportunista caldera explosiva de abogados y supuestas asociaciones de consumidores

Subvenciones pú­blicas y epi­so­dios de pre­ca­riedad la­boral en­tur­bian la imagen de estas or­ga­ni­za­ciones

Adicae
Adicae

En sus pri­meras de­cla­ra­ciones tras pasar tres años en pri­sión pre­ven­tiva, Luis Pineda, pre­si­dente de Ausbanc, afirmó que su de­ten­ción fue el re­sul­tado de un com­plot del ex pre­si­dente del BBVA, Francisco González. El mo­tivo, según Pineda, fue tomar re­pre­sa­lias por la vic­toria de la or­ga­ni­za­ción en un pleito contra las cláu­sulas suelo hi­po­te­ca­rias. Está por ver si esta his­toria con­vence a la Audiencia Nacional, que el pró­ximo 23 de sep­tiembre ini­ciará un pro­ceso en el que el "dueño" de Ausbanc tendrá que res­ponder pre­guntas muy con­ci­sas...

A Pineda, un exponente extremo de un asociacionismo de consumidores y de abogados denunciados como oportunistas por la banca, se le acusa -entre otras cosas- de cometer extorsión contra bancos y empresas, reclamando grandes cantidades de dinero en publicidad y otros conceptos como costas a cambio de retirar las querellas y demandas interpuestas contra éstas en los tribunales.

Fue la crisis económica que padeció España durante una década la que destapó todo un catálogo de aparentes excesos por parte de algunas entidades financieras. Esta situación, que en muchos casos derivó en el drama de los desahucios, impulsó el relieve mediático de las asociaciones de consumidores, abogados y otras organizaciones de la sociedad civil que, en el ámbito bancario, han logrado importantes victorias judiciales y políticas para los usuarios en materias como las cláusulas suelo hipotecarias.

En el punto de mira

Sin embargo, algunos episodios oscuros, como el ya citado de Ausbanc, han puesto a algunas de las asociaciones más relevantes de estas características en el punto de mira. Durante años, la némesis de Pineda en el mundo del asociacionismo fue la Asociación de Usuarios de Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro (Adicae), incansable denunciante de los manejos de Ausbanc y su doble juego con afectados y entidades. Sin embargo, la trayectoria de esta entidad no está libre de sombras, ni mucho menos. Tal es el caso de las subvenciones públicas que atesora.

Estas subvenciones están reguladas por la Agencia Española de Consumo (Aecosan), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, y están destinadas a "las asociaciones, federaciones, confederaciones, uniones y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito estatal, inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se lleva en la Dirección General de Consumo", según el texto oficial de la convocatoria de 2019 publicado en el BOE.

Los recursos de la ubre pública

La organización presidida por Manuel Pardos ha recibido casi tres millones de euros en subvenciones públicas desde 2011. Sólo en 2016, sus arcas se llenaron con 993.961 euros procedentes de Aecosan, más del triple de los 361.738 euros que percibió la siguiente en la lista de las más beneficiadas, la Asociación General de Consumidores (Asgeco) y cuatro veces más que Facua, a la que se concedieron 258.304 euros.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, afirma que las ayudas recibidas han sido justificadas conforme al objetivo de la subvención establecido en el BOE, "más otro 20-30% añadido de recursos propios". En la partida correspondiente a 2018, los recursos destinados a la organización se han reducido drásticamente, hasta los 681.801 euros.

A nivel autonómico, la inestabilidad interna que vive la entidad también le está costando caro: a finales del año pasado, el Consell valenciano decidió retirarle la subvención anual, que asciende a casi 40.000 euros. La Administración detectó irregularidades como firmas de personas no autorizadas en la solicitud de ayudas.

En el juicio por el caso Ausbanc se va a hablar, y mucho, de las subvenciones. Según el auto de procesamiento, Pineda presuntamente urdió la creación de una organización sin ánimo de lucro como pantalla para una operación de enriquecimiento personal, uno de cuyos pilares, además de las extorsiones a bancos, fueron las ayudas públicas, cuya posible irregularidad también está investigando la Justicia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó que entre 2003 y 2012 la Comunidad de Madrid abonó 4,8 millones de euros en subvenciones a la organización que presidía Pineda. De hecho, la fiscalía, en su escrito de acusación, incluye el fraude en las subvenciones como uno de los delitos presuntamente cometidos por Pineda y los otros diez acusados, junto al de estafa, blanqueo, amenazas, administración desleal y pertenencia a organización criminal.

Facua, otra de las organizaciones contra las que Pineda lanzó sus dardos, tampoco se ha salvado de la controversia que acompaña a las ayudas públicas: la Junta de Andalucía financió a la organización de Rubén Sánchez con más de 50.000 euros para la producción del videojuego didáctico 'Pesadilla en el centro comercial', que fue objeto de polémica al requerir múltiples datos personales para su descarga, como el acceso a la red, al puerto USB y a los datos de almacenamiento interno del dispositivo. Cuando la defensa de los derechos se termina al cruzar la puerta de las oficinas

Esclavismo laboral, en algunos casos

El trato al personal contratado por algunas de las organizaciones consumeristas más importantes también ha sido puesto en entredicho. En el caso de Ausbanc, los empleados en su conjunto sufrieron el 'daño colateral' de la macrooperación judicial que llevó a Pineda tras las rejas. Tras la detención de su presidente, la entidad cerró sus puertas tras dos décadas de singladura, dejando a 160 trabajadores con una mano delante y otra detrás. No es éste, sin embargo, el episodio más turbio relacionado con el 'staff' de la asociación.

En 2008, el delegado de Ausbanc en Baleares, Carlos Hernández Guarch, junto con el letrado de la organización Jaime Juan Saurina, interpusieron una querella criminal contra Pineda por amenazas de muerte, injurias y calumnias, las cuales presuntamente se produjeron a consecuencia de la decisión de Guarch de abandonar la organización después de que sus condiciones laborales fueran modificadas unilateralmente.

En su momento, Luis Pineda fue condenado y reconoció los hechos, aduciendo que profirió las amenazas en un momento de cólera. "Se me fue la pinza", dijo. Ya en aquel pleito, Guarch denunció el uso de empresas pantalla por parte de Ausbanc y las represalias del presidente contra las empresas que se negaban a respaldarle, así como la negativa de éste a conceder voz y voto a sus asociados.

El caso de Adicae

Sin llegar a estos niveles, la relación de Adicae con muchos de sus empleados ha sido y es turbulenta. Los de Manuel Pardos acumulan 22 condenas en un lustro por el trato a su personal, que incluyen fallos judiciales en contra por despidos improcedentes, cambios unilaterales en las condiciones, maltrato verbal o una sanción contra un trabajador por no saludar al presidente.

En Change.org hay registrada una petición bajo el título 'ni precariedad ni despidos en Adicae', cuyos firmantes exigen un cambio en la política laboral de Adicae y la reducción de la precariedad del personal contratado. "No podemos aceptar que una asociación de consumidores se comporte como las entidades que denunciamos, con políticas laborales que no toman en cuenta a las personas y que van en detrimento de nuestros derechos", denuncia el texto.

Estos y otros problemas han provocado la aparición de Consumidores Construyendo Futuro, una facción disidente dentro de Adicae que agrupa a varios socios de la organización y que presenta una alternativa a la dirección de la cúpula de Pardos.

El clima de enfrentamiento es patente en su programa, disponible en su página web: "la falta de transparencia en el funcionamiento, la mala organización se traduce en una mala gestión de la asociación que tiene efectos perniciosos para los socios y consumidores" -Dice el texto- "Hay excesiva concentración de poder, lo que ha convertido a Adicae en una asociación al servicio de sus dirigentes y no de sus socios".

Consumidores Construyendo Futuro exige la reforma de los estatutos de la organización y de su procedimiento disciplinario para evitar abusos de poder, la aprobación de un código ético y la mejora de las condiciones de los juristas y trabajadores, así como la renovación de la estrategia de comunicación y la digitalización y modernización de la entidad.

Competencia feroz: del 'todos contra Ausbanc' a la irrupción de Arriaga

Las maquinaciones de Pineda llevaron a Ausbanc a convertirse en la diana del resto de organizaciones del sector, lo que condujo a su caída: dos años antes del ingreso en prisión de su presidente, fue expulsada del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y borrada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Ya antes se habían iniciado procedimientos para marginar a la organización, pero fue en 2014 cuando cristalizaron de forma definitiva. Adicae, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Rankia... todo el sector del Consumo se había levantado en armas contra Pineda -al que, por añadidura, persigue un pasado de militante ultraderechista- mientras éste, como ahora, se escudaba en una conspiración en la sombra contra él.

Quizá el enfrentamiento más mediático de la organización caída fue el que tuvo con Facua, y por el que Pineda también ha tenido que encajar condenas judiciales. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, se negó presuntamente a indemnizar a Pineda por airear en Twitter su pasado ultra, a lo que éste respondió con una cruenta campaña de difamación en la que no faltaron las acusaciones de corrupción y pedofilia y las amenazas de violencia física.

Alianza de adversarios

La breve alianza de las asociaciones contra Ausbanc -entre las que se encuentra como colateral la asociación Asufin que preside Patricia Suárez, aunque desde ella se niega su parecido con las otras- no enterró sus malas relaciones, con sus representantes ninguneando continuamente el papel y el trabajo de sus rivales. En este sentido, Sánchez considera que hay un erróneo concepto de mercado: "Hay quien entiende que somos competidoras cuando no es así porque no somos empresas", dijo.

Frente a esta 'jaula de grillos' política y mediática se alza un modelo completamente diferente, el de los gabinetes jurídicos como el el caso de Durán y Durán, la propia Suárez (que ni siquiera es abogada), Triviño Abogados, Navas&Cusi o la que más invierte en publicidad televisiva, como es el caso de Arriaga Asociados.

Con una potente estructura organizativa y de márketing (el futbolista Iker Casillas le prestó su imagen), el bufete fundado por José María Ruiz de Arriaga, especializado en productos financieros, ha ganado 30.000 sentencias en menos de ocho años -nació en octubre de 2011-, y a finales del pasado año había conseguido que sus clientes fueran reembolsados con 700 millones de euros.

Arriaga Asociados es la punta de lanza de toda una nueva generación de emprendedores jurídicos especializados en defender a los clientes bancarios, a los que algunos bancos cargan las tintas al denominarles "abogados carroñeros" o "abogados buitres" . Al contrario que las asociaciones, no ocultan que son un negocio, y muy jugoso: en 2017, la facturación de Arriaga superó los 51 millones de euros, entrando en el 'top 20' de despachos españoles. (Arriaga Asociados ha aplazado varias veces las demandas de información de www.capitalmadrid.com)

Los recelos de la OCU

El florecimiento del modelo comercial de Arriaga tampoco ha estado exento de críticas por parte tanto del asociacionismo tradicional como del sector financiero. Desde la OCU recelan del gran número de despachos surgidos "al calor de las demandas para recuperar los gastos de formalización de las hipotecas, que apoyadas por grandes campañas de publicidad en ocasiones engañosas, animan a los consumidores a reclamar", afirman .

Desde esta organización añaden que los bufetes "no son precisamente transparentes", especialmente en lo relativo a los cobros: "Hacen publicidad de sus servicios, pero no informan de sus precios de forma genérica, y eso creemos que no es bueno para los consumidores".

Por otra parte, las elevadas tarifas de los despachos especializados también levantan ampollas. En el caso de Arriaga, el despacho se queda con el importe de las costas procesales y los intereses devengados en los fallos favorables al cliente, una práctica muy censurada por las entidades financieras que pierden demandas por cientos a manos de estos abogados pero que resultan poco rentables para las supuestas víctimas de los no siempre comprobados excesos bancarios.

En casos no tan infrecuentes la Asufin de la autodenominada "Wonderwoman" se lleva la nota: su exigencia de provisión de fondos para tomar un caso hace que, en muchas ocasiones, el coste de reclamar al banco sea disuasorio.

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