Las pe­tro­leras temen que el PSOE ponga en marcha el po­lé­mico im­puesto al diésel

El eléctrico, el sector empresarial más beneficiado con la victoria de Sánchez

Solo un pacto con Podemos per­ju­di­caría el plan en re­no­va­bles por la mayor pre­sión fiscal

torres
Torres de distribución eléctrica.

El sector eléc­trico res­pira tran­quilo tras el re­sul­tado de las elec­ciones del 28A. La marcha de Pedro Sánchez ha­bría pro­vo­cado un nuevo tsu­nami en la po­lí­tica ener­gé­tica que el Gobierno en fun­ciones había apro­bado y vuelta a em­pe­zar. Aunque temen un po­sible pacto con Podemos, la ma­yoría con­si­dera que Sánchez no re­tro­ce­derá en los grandes temas -renovables, carbón y nu­clea­res-, algo que con el PP no ha­bría ocu­rrido.

Las petroleras, en cambio, no tienen el mismo sentimiento. El impuesto al diésel cuelga sobre las empresas cual espada de Damocles. Las empresas automovilísticas están del lado de las petroleras que acusan a Sánchez de ir muy rápido con la implantación del coche eléctrico, sin medir los grandes daños que puede generar en los dos sectores.

Iberdrola, Endesa, Naturgy han vivido la campaña electoral con el sentimiento de que en apenas 10 meses habían avanzado tanto con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tenían pavor de que todo se truncase. Tras lo ocurrido en las urnas, las eléctricas se sienten en una gran medida aliviadas.

Ninguna quiere lanzar las campanas al vuelo, pues todavía no se sabe si Sánchez gobernará en solitario o si tendrá como aliado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pues la opción de Albert Rivera y Ciudadanos, se plantea poco menos que imposible.

La alternativa de Podemos genera, según algunas fuentes eléctricas, tantas dudas para el sector que, por ahora, prefieren no dar una opinión clara de lo que puede ocurrir. “Es muy pronto para opinar. No es lo mismo que el PSOE decida gobernar en solitario que vaya acompañado de otros partidos, como es el caso de Podemos”, señalan.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que “el PSOE va a intentar un Gobierno en solitario”. También la presidenta del partido, Cristina Narbona, ha afirmado que su partido no descarta gobernar en minoría, pero que “no hay ninguna prisa” en tomar decisiones.

Moderación y estabilidad

Por este motivo, el sector eléctrico quiere mostrar cierta prudencia. “Que el PSOE pacte con Podemos no es lo mismo que con Ciudadanos”, comentan estas mismas fuentes. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado abiertamente que los empresarios desean un Ejecutivo que aporte “estabilidad y moderación”.

“Todo lo que se mueva con un Gobierno de centroizquierda nos dejaría tranquilos y nos sentiríamos muy cómodos”, ha declarado Garamendi en referencia a un posible pacto con Ciudadanos. Todo lo contrario de lo que sucedería con Podemos.

Este mismo sentimiento es el que se mantiene la mayoría de las empresas eléctricas. El sector tiene muy presente la campaña tan agresiva que el líder de Podemos ha realizado en contra de las tres grandes, Iberdrola, Endesa y Naturgy.

En sus mensajes, Iglesias ha centrado todos sus ataques en la banca a quien reclama los 60.000 millones de euros del rescate bancario y en las eléctricas a quienes acusa de obtener cuantiosos beneficios manteniendo unas tarifas muy altas. El líder de Podemos ha prometido crear una energética pública para bajar el precio de la luz y nacionalizar parte del oligopolio que -dice- “domina el sector energético español”.

Iglesias quiere también acabar con todo el parque nuclear en 2024, cuando el Protocolo que el sector ha firmado con el Gobierno en funciones es llegar hasta 2035, para así dar tiempo a que vayan entrando en funcionamiento los nuevos megavatios renovables. Toda una serie de propuestas que las empresas califican de “disparatadas”. Ciudadanos, en cambio, no ha dicho nada y apuesta también por las energías renovables.

Plan de Energía y Clima

El sentimiento que se tiene entre las eléctricas es que Pedro Sánchez y su futuro Gobierno mantendrán las directrices marcadas en el Plan Integrado de Energía y Clima, aprobado recientemente y enviado para su consulta a Bruselas. Esa idea aporta una cierta calma no solo al sector sino también a los inversores y a las agencias de calificación.

En el plan energético que el Gobierno en funciones ha aprobado, se prevé la creación de entre 250.000 y 364.000 puestos de trabajo neto anuales a lo largo de la década; movilizará inversiones de unos 236.000 millones de euros; la dependencia energética del exterior se reducirá en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% actual al 59% en 2030, y el precio de la luz se reducirá un 12%.

El objetivo es lograr que en 2030, el 42% del uso de energía final sea renovable, de forma que en el caso de la generación eléctrica el porcentaje de renovables para 2030 será del 74%.

La reducción de las importaciones supondrá un impacto favorable en la balanza comercial del país de unos 75.379 millones de euros entre 2021 y 2030. Como resultado de las inversiones previstas y de los cambios en el mix energético, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros. Sánchez ha prometido que estará aprobado definitivamente por Bruselas y por todas las partes a finales de 2019.

Las empresas eléctricas coinciden plenamente en la estructura del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), la pieza esencial de lo que será el Marco Estratégico de Energía y Clima, junto con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Justa.

Las eléctricas que integran la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) -Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP-, consideran que es un paso adelante en la transición energética del país, con una apuesta clara por las energías renovables y la descarbonización. Exigen, eso sí, “un marco normativo estable, seguro y predecible, que ofrezca una rentabilidad razonable y, así dar señales claras que hagan posible las cuantiosas inversiones que habrán de acometerse para llevar a cabo la transición energética”, señalan.

El controvertido impuesto al diésel

Pero si las eléctricas están de acuerdo con los pasos dados por el equipo energético de Sánchez, no lo están tanto las petroleras con el controvertido impuesto al diésel que quiere imponer. Las petroleras y las empresas de automoción han criticado duramente al Gobierno en este punto por considerar que se quiere acabar con el diésel sin un plan concreto para la industria.

Han cargado igualmente contra la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos, lo que perjudicaría gravemente al sector. “La prohibición y venta de vehículos diésel a partir de 2040 no es una medida democrática pues socava la libertad de los consumidores y de las empresas”, dijo el presidente de la patronal AOP, Luis Aires, durante la celebración del 25 aniversario de la patronal en octubre pasado.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, considera que el coche eléctrico “va a llegar”, pero advierte de que hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan como el de prohibir los coches diésel, ya que se consigue que la gente no cambie de coche y esto provoca que se contamine más.

Brufau ha recordado al Gobierno que la transición energética debe abordarse desde “el pragmatismo y el realismo, respetando siempre la neutralidad tecnológica, “ya que la factura la pagamos todos”, ha señalado.

Por esta razón, el sector perolero no se siente tan aliviado como el eléctrico con el resultado de las elecciones. Fuentes del sector consideran que el Gobierno de Sánchez ha querido ir muy rápido en este punto, sin contar con las empresas petroleras y las propias empresas automovilísticas.

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