La decisión, que entra en vigor el 2 de mayo, ha generado rotundo rechazo en la UE y Canadá, que la denunciarán ante la OMC y amenazan con represalias a EEUU. En España, Gobierno y CEOE se han movilizado para defender a las firmas que se vean afectadas.
El título III de la ‘Helms’ permite a ciudadanos de origen cubano llevar a los tribunales a las firmas de terceros países que trabajan en la Isla en propiedades confiscadas por la revolución. Washington ha asegurado que no habrá excepciones con ninguna compañía que use bienes expropiados: “las empresas extranjeras no tendrán nada que temer si no operan en propiedades arrebatadas a estadounidenses”. Se trata de una acción que complicará la atracción de inversión exterior a Cuba, aspecto clave para el Gobierno Díaz-Canel en un momento en el que el país sufre problemas económicos, y que ha sublevado a la UE y Canadá, que han reaccionado de forma contundente.
La UE (500 millones en IED en 2017) y Canadá, los grandes inversores en Cuba, han señalado que no reconocerán eventuales sentencias contra sus firmas en la Isla. Han manifestado su intención de recurrir ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) con una denuncia a EEUU por prácticas ilícitas y estudiarán “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el título III”. Bruselas sopesa echar mano del “estatuto de bloqueo”, que prohíbe aplicar sentencias de tribunales de EEUU vinculadas con el título III en territorio europeo y permite que las firmas demandadas en tribunales de ese país puedan ser indemnizadas por daños en procedimientos judiciales contra sus demandantes en tribunales europeos.
La Alta Representante, Federica Mogherini, han dejado muy claro que la UE protegerá a las empresas y que “cualquier condena tendrá su contraparte por daños ante los tribunales europeos. “La UE expresa su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba, que son contrarias al derecho internacional. La aplicación territorial del embargo de EEUU es ilegal”, ha dicho Bruselas, mientras que México ha afirmado también que protegerá a sus firmas con negocios en la Isla. El artículo III de la ‘Helms’ estaba congelado desde su aprobación en 1996 por la oposición de Europa.
Rotundo rechazo español En España, el Gobierno ha mostrado su “tajante rechazo” a la decisión y su “absoluto respaldo” a las empresas legalmente establecidas en Cuba, y resaltado su compromiso de defender los intereses y futuro de las firmas españolas en la Isla. “Disuadir y penalizar comercio e inversiones de empresas de terceros Estados en la Isla atenta contra los intereses de España y otros socios europeos en Cuba, y deteriora la relación entre países aliados”. España pedirá a la UE que impugne la medida en la OMC. Y CEOE ha acudido a la patronal europea, Business Europe, para pedir el respaldo de la UE en defensa de las empresas e insistir ante la Unión en que se use el ‘reglamento de bloqueo’. España no es sólo el primer inversor en Cuba: tras el hundimiento venezolano, es el segundo socio comercial tras China y el primero europeo
Además, EEUU ha anunciado otras medidas contra Cuba: un nuevo límite al dinero que personas en EEUU pueden enviar a familiares en la Isla, derogando la eliminación del tope a las remesas de Obama, y restringirá los viajes “no familiares”, lo que pone en la diana el turismo de la Isla, sector clave para Cuba y dominado por firmas españolas, que han expresado su inquietud. España es primer inversor (45% del total, por delante de Canadá) y tiene allí más de 200 firmas, con implantación principal en el sector hotelero. Diez cadenas concentran el 75% de la inversión española en Cuba, con Meliá, NH, Barceló, Ríu e Iberostar como líderes, pero también Globalia-Be Live, Blue Bay, H10, Sercotel, Hotusa y Blau. Entre todas gestionan el 90% de las camas. Meliá ha lamentado “la incertidumbre e inseguridad jurídica creadas”, tras subrayar que opera legítimamente en Cuba y agradecer el apoyo de Madrid y Bruselas.
Existen 6.000 reclamaciones certificadas en la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, agencia dependiente del Departamento de Justicia de EEUU, por importe de 9.000 millones de dólares (2.500 millones en propiedades y 6.500 millones en intereses). Y unas 200.000 reclamaciones sin certificar que podrían elevar la cifra a decenas de miles de millones. La medida adoptada por Washington abre la puerta a demandas en EEUU contra firmas de todo el mundo, no sólo las hoteleras españolas u otras empresas presentes allí como Altadis, Bodegas Torres o Air Europa, sino a canadienses como la minera Sherritt, gran inversora en la Isla, a grupos italianos y mexicanos del sector turístico y a francesas como Pernod Ricard, Accor, Bouygues o Total.
Y no se trata sólo Cuba, que será el país más afectado: la Administración Trump ha confirmado más sanciones y restricciones a Nicaragua y Venezuela, tras calificar a los tres países de ‘troika de la tiranía’ y ‘títeres del socialismo’. Washington prohibirá el acceso a dólares al banco central de Venezuela y ha anunciado multas al proveedor de servicios financieros Bancorp, acusado de ser un “fondo para sobornos” del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.