Monitor del Seguro

El se­guro entra en la cam­paña elec­toral con una ba­tería de pro­puestas

Carta abierta al futuro nuevo Gobierno

Entre sus prio­ri­da­des, la pre­vi­sión so­cial com­ple­men­taria y un su­per­visor in­de­pen­diente

Unespa
Unespa

Nos en­con­tramos en plena cam­paña elec­to­ral, a falta de apenas 12 días para las elec­cio­nes, las de­ci­mo­cuartas desde la transición a la de­mo­cra­cia. El se­guro no ha que­rido des­apro­ve­char el mo­mento ni la co­yun­tura y ha de­ci­dido par­ti­cipar en el de­bate elec­toral con la pre­sen­ta­ción de un do­cu­mento con sus ‘Propuestas para una nueva le­gis­la­tu­ra’. La ini­cia­tiva ha sido de Unespa, que de­fiende los in­tereses de más de 200 com­pañías ase­gu­ra­doras que su­ponen el 98% de la in­dus­tria.

Las reivindicaciones del sector no son pocas, y una de ellas, como no, tiene que ver con la necesidad de fomentar el ahorro a largo plazo en la sociedad española, y más concretamente pone el énfasis en el desarrollo de la previsión social complementaria en las empresas ante el progresivo envejecimiento de la población: “Los problemas generados por el creciente peso de las personas mayores en la población tienen solución si se promueve el ahorro para la jubilación entre quienes hoy están en activo”, defienden.

Tal y como Unespa y las compañías piden siempre que tienen ocasión lo que quieren es que se introduzcan sistemas de adscripción por defecto.

También como siempre, la industria matiza que en ningún caso se está poniendo en tela de juicio el primer pilar de la seguridad social pública, pero “se considera conveniente que la pensión pública se complemente con unos sistemas de previsión social empresarial (segundo pilar) y con instrumentos de previsión y ahorro individual (tercer pilar)”. El seguro recuerda que este modelo de los tres pilares es el que señala la Constitución Española y que forma parte de las recomendaciones de las principales instituciones europeas (Parlamento Europeo, Comisión Europea) e internacionales (OCDE). “Desde el Parlamento deberían adoptarse una serie de medidas para garantizar que los españoles puedan percibir pensiones adecuadas, resultado de la combinación de los tres pilares, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones”.

Entre esas medidas, además de los ya mencionados sistemas de adscripción por defecto en el ámbito de las empresas, se propone que se informe a los ciudadanos sobre la previsible pensión pública que percibirán en el momento de jubilarse, la conocida como ‘Carta Naranja’ que, a día de hoy es la ‘Carta Invisible’; establecer medidas fiscales que realmente estimulen el ahorro previsión individual e incentivar que dicho ahorro se perciba posteriormente en forma de renta vitalicia asegurada. El sector asegurador cree que esta es la mejor opción para que los jubilados puedan disfrutar de sus pensiones complementarias sin estar expuestos a la volatilidad de los mercados financieros o al riesgo de su propia longevidad.

En este ámbito hay que recordar que desde enero de 2015, las ganancias obtenidas por las personas mayores de 65 años por la venta de elementos patrimoniales distintos de la propia vivienda habitual, como segunda vivienda, fondos de inversión, acciones, terrenos…, están exentas de tributación si se destinan a la constitución de una renta vitalicia asegurada hasta un máximo de 240.000 euros. Según los últimos datos correspondientes al ejercicio 2018, el número de asegurados crece a un ritmo interanual del 50,5%, y las provisiones técnicas del 41,6%, hasta alcanzar los 26.711 asegurados y los 2.281 millones, respectivamente.

Pese al avance y el interés del sector por potenciar esta transformación en rentas vitalicias, hay que destacar que no son demasiadas las entidades activas en este ámbito. Según los datos de ICEA, solo un tercio de las entidades individuales gestiona ahorro procedente de estas operaciones. Y de ellas, solo una entidad, VidaCaixa acapara en torno al 80% de las provisiones matemáticas y el mismo porcentaje de asegurados.

Por volumen de ahorro gestionado, los productos aseguradores preferidos por los ciudadanos para ahorrar son las rentas vitalicias y temporales (88.382 millones) y los capitales diferidos (49.824 millones). El tercer producto que más adeptos tiene no es un seguro de Vida sino que son los planes de pensiones. El seguro gestiona un patrimonio en estos productos de alrededor de 41.200 millones de euros, con una cuota de mercado de en torno al 40% (calculado respecto a la suma del patrimonio en fondos de pensiones de los sistemas de empleo, asociado e individual); el 60% restante es dominio de las entidades bancarias.

Los fondos de renta fija mixtos y los de renta variable mixtos son los que más patrimonio acumulan (en el sistema individual). Con datos de Inverco a marzo, el fondo más rentable a un año en el primer caso pertenecía a una aseguradora, Grupo Caser: el Finizens Conservador (4%); y en el segundo a un banco, Ibercaja, con Ibercaja Sostenible y Solidario (9,1%). Y el producto que más alegrías está dando este año a los partícipes pertenece a CaixaBank y es un fondo de renta variable, CaixaBank Renta Variable Internacional, con un jugoso 19,2%

Al margen del ámbito del ahorro, el seguro tiene otras preocupaciones que aspira a que sean atendidas por el próximo Gobierno que salga de las urnas. Otra de sus propuestas no por ya reiterada menos importante para la industria es la creación de un supervisor independiente y especializado. España es, según explica la asociación del seguro, el único país, junto con Kuwait, Laos y Vietnam, que no lo tiene.

También considera importante que se preste atención a la cobertura de la dependencia, problema que se debería abordar tanto en el ámbito del sector público como privado. Esta colaboración público-privada se propone también en el ámbito sanitario, ya que, a juicio del seguro, reduce costes al Estado y beneficia a los ciudadanos. Además, piden leyes de calidad que favorezca la competitividad del seguro en la era digital; superar los formalismos que supone la Ley de Contrato de Seguro y simplificar el lenguaje en favor del cliente; mantener el papel del seguro como inversor institucional a largo plazo en la economía española; incentivar las finanzas sostenibles; agilizar la trasposición de la normativa comunitaria a la legislación española; y la reducción de cargas administrativas y unidad de mercado.

Además, dedica otro apartado a proponer otros aspectos: promover la resolución extrajudicial de conflictos, abrir el debate en la sociedad sobre el régimen aplicable a vehículos de movilidad no convencionales y modificar la ley para que las aseguradoras tengan derecho a la defensa de su responsabilidad civil. En total, 12 puntos que el sector asegurador ha querido poner sobre la mesa en plena campaña electoral para que los candidatos los tengan bien presentes, antes y, sobre todo, después de las elecciones.

Artículos relacionados