Monitor de Consumo Bancario

Un juz­gado de Palma y otro de Ceuta so­li­citan la in­ter­ven­ción del TJUE

Los gastos hipotecarios se van a Luxemburgo

El caso lle­vará a otro choque entre la ju­ris­pru­dencia del Supremo y los cri­te­rios del tri­bunal co­mu­ni­tario

Hipotecas
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Será de nuevo Europa quien tenga que poner orden en el mer­cado hi­po­te­cario es­pañol. Dos juz­gados de Palma de Mallorca y Ceuta han so­li­ci­tado por vía de ur­gencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, que se pro­nuncie sobre los gastos vin­cu­lados a los prés­tamos por vi­vienda -formalización, im­puesto de actos ju­rí­dicos do­cu­men­tados y co­mi­siones de aper­tu­ra-, ante la di­ver­gencia de cri­te­rios entre los juz­gados de nuestro país.

La decisión del juzgado de primera instancia número 17 de la capital balear se enmarca en una demanda planteada por el bufete Martínez Blanco, que calcula que de media cada hipotecado podría reclamar unos 10.000 euros en concepto de gastos administrativos, impositivos y de comisiones.

Margarita Poveda, titular del juzgado mallorquín, ha dictado un auto en el que subraya "la necesidad urgente de unificar los criterios interpretativos" ante los cientos de miles de pleitos y reclamaciones a los bancos causados por las cláusulas que cargan al cliente con estos gastos.

La magistrada teme que las diferentes líneas de actuación de los órganos de Justicia en España podrían provocar la emisión de sentencias contradictorias que causarían "un grave e irreparable daño" a los usuarios.

Del mismo modo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de la ciudad autónoma de Ceuta también ha recurrido a un auto para formalizar su decisión de remitir al TJUE la cuestión de los gastos ligados a la hipoteca. La citada resolución judicial ha sido dictada en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el letrado Carlos Alonso López, del despacho Alonso Hiecke Abogados.

El dictamen del Supremo

En su exposición de motivos, el auto del juzgado ceutí conmina a la Justicia comunitaria a resolver sobre la decisión del Tribunal Supremo español de “repercutir la práctica totalidad de los gastos de constitución de las hipotecas a los consumidores”.

En fechas recientes, el Supremo falló que los gastos de notaría, gestoría y registro del préstamo se dividirán entre la entidad financiera y el cliente hipotecado; una decisión salomónica que atribuye al banco el abono de los gastos de inscripción y al cliente los de cancelación.

El máximo órgano jurisdiccional de nuestro país también dio una importante victoria a la banca al establecer que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados corresponderá al usuario en todos los contratos hipotecarios firmados antes de la entrada en vigor del real decreto aprobado el pasado noviembre, descartando así la retroactividad del abono de esta tasa.

El criterio adoptado por el Supremo en este asunto claramente menoscaba los intereses de los consumidores, lo que ha motivado las peticiones para elevar la cuestión al TJUE. De este modo, el enésimo conflicto entre banca y clientes en el seno del hipersaturado mercado hipotecario español llega a las más altas instancias jurídicas de la UE, como ya pasó en la batalla librada por las archifamosas 'cláusulas suelo'. . En el auto dictado, la magistrada mallorquina ha hecho referencia al prolongado caso de los 'suelos' mencionando el colapso de los juzgados especializados en esta materia, lo que ha redundado en perjuicio para los consumidores.

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