ANÁLISIS

Reforma administrativa, la tarea pendiente de los diferentes gobiernos

La OCDE de­nuncia la inexis­tente re­forma de la go­ber­nanza es­pañola

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Poco o nada ha me­re­cido aten­ción me­diá­tica, no di­gamos po­pu­lar, el desa­rrollo le­gis­la­tivo en­ca­mi­nado a edi­ficar una Administración Pública ac­tua­li­zada así como sus re­la­ciones con ciu­da­danos y em­pre­sas; una ac­tua­li­za­ción que, a su vez, fuera ins­tru­mento eficaz en la ayuda ne­ce­saria para su­perar la crisis eco­nó­mica. En 2012, la ac­ti­vidad con­ti­nuaba sin le­vantar ca­beza, ocu­rría lo mismo en otros Estados miem­bros de la eu­ro­zona; la mo­neda única an­daba mal pa­rada.

En julio de aquél 2012, el presidente del BCE, Mario Draghi, declaraba que haría “whatever it takes” para proteger el euro a la vez que comprometía a la entidad europea a comprar deuda pública de los Estados miembros en cantidades ilimitadas. Se estabilizó el euro y desapareció el diferencial de la prima de riesgo entre el bund alemán y el español, entre otros.

España iba a hacer los deberes que exigía la consolidación fiscal; un precio a pagar por los préstamos recibidos para sanear su sistema financiero. Un rescate, al fin y al cabo, que también iba a extenderse a una reforma de la Administración Pública.

Se creó por el gobierno de Rajoy una Comisión (CORA) con el mandato de elaborar una propuesta de administraciones públicas más austeras, útiles y efectivas. La legislación que salió de aquél informe fue examinada por la OCDE que la juzgaría como “especialmente necesaria en vista del alto grado de descentralización y fragmentación institucional existente en todo el sector público español”

El 26 de octubre de 2016, el Consejo de Ministros aprobó esa reforma administrativa que analizaría duplicidades así como la gestión de servicios y medios comunes entre las administraciones. En definitiva se trataba de recortar el gasto público y que a su vez el sector público contribuyese a la revitalización de la economía.

“La reforma de la gobernanza – insite la OCDE- no es un fin en sí mismo; es un medio para lograr resultados de políticas públicas a favor de los ciudadanos y empresas. La confianza en el gobierno de España había descendido desde el 48% al 34% por debajo de la media del 40% de la OCDE.

Para mejorar esa desfavorable opinión, la CORA proponía reducir el tamaño de la Administración Pública así como una decidida mejora de la transparencia para una necesaria regeneración democrática. Dos textos legislativos fundamentales desempeñarían esa tarea: La Ley 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas y la Ley 39/2015 sobre el procedimiento administrativo.

La Ley 40/2015 regulaba también al sector público institucional (fragmentación recordada por la OCDE) que incluye: organismos autónomos y entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes; sociedades mercantiles estatales; fundaciones del sector público estatal; consorcios y fondos sin personalidad jurídica. Una extensísima gama de organismos, que aunque regulados por ley, dan pábulo a algunos exabruptos sobre los chiringuitos de ciertas Comunidades Autónomas.

La Ley 39/2015 regula los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones de la Administración que debe someterse de pleno a la Ley y el Derecho como indica el artículo 103 de la Constitución.

Un enorme esfuerzo legal que, subraya la OCDE, “corre el riesgo de carecer de un conjunto claro de prioridades y una idea motriz de cómo mejorar las secuencias de su implantación”. Los esfuerzos de transparencia no han creado más transparencia y casos tan urgentes como el de “la unidad del mercado” tampoco se han resuelto. Se han creado, eso sí, algunas instituciones como la AIReF que ya han empezado a adquirir carta de naturaleza.

El esfuerzo legal por recuperar la confianza ciudadana y la garantía de mayores seguridades jurídicas para particulares y empresas viene lastrado por un tecnicismo administrativo que no siempre responde al desarrollo de la actividad económica y social.

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