ANÁLISIS

Un proceso judicial legal cerca el procés ilegal catalán

Doce po­lí­ticos ca­ta­lanes co­locan a la de­mo­cracia es­pañola en una si­tua­ción pa­re­cida al 23F

Puigdemont y Junqueras
Puigdemont y Junqueras

Por se­gunda vez desde la transición tiene lugar un pro­ceso ju­di­cial contra un grupo de per­sonas que ha vio­lado la Constitución y tam­bién las más ele­men­tales normas de la de­mo­cracia que, pre­ci­sa­mente, ellos ma­ni­fiestan de­fen­der. El pri­mero fue el que en­juició la aso­nada del 23-F de 1981 que desem­bocó en la con­dena a 30 años de los ca­be­ci­llas mi­li­tares -pocos en nú­mero- que lo pro­ta­go­ni­za­ron.

Por mucho que en aquella ocasión los rebeldes pusieron contra las cuerdas durante unas horas al entonces naciente sistema democrático, en esta de ahora es mucho más grave por cuanto la amenaza de quebrar la Constitución y la convivencia pacífica de los ciudadanos españoles sigue viva.

Ahora, en estos días, se juzga a doce políticos de Cataluña que pretendieron declarar la independencia sin respetar la legalidad. Y además, es increíble que el representante del Estado en Cataluña, Joaquim Torra, se haya arrogado la voz de todos los ciudadanos de esa autonomía. Y que haya hablado públicamente, como si tuviera un mandato específico, de proseguir hacia la independencia por los mismos medios ilegales que los encausados utilizaron en octubre de 2017.

Tanto él como los procesados se benefician de las garantías y derechos que les otorga la Constitución y la legislación españolas, al mismo tiempo que insisten en rechazarlas porque no son democráticas. Al menos los procesados del 23-F no hicieron gala de tanta hipocresía. (Siempre hay que presumir la inocencia de los encausados, pero tanto entonces como ahora sus acciones fueron transmitidas en directo por las cámaras de televisión y pocas dudas caben al respecto).

Las declaraciones ante el Tribunal Supremo de Junqueras están formuladas de cara a la televisión, que transmite en directo las sesiones de la vista. Sus argumentos políticos y emocionales, alejados de la más mínima base jurídica, van dirigidos a sus partidarios y a aquella parte de la opinión pública extranjera que sigue viendo a España con los prejuicios románticos e interesados de un país diferente y extraño.

En ese discurso político, Junqueras pudo quejarse, sin cortarse ni un pelo, que por ser una persona locuaz había sufrido mucho porque no había podido hablar tras un año y medio en la cárcel. Para sus seguidores más ingenuos, pareciera que ha estado amordazado durante ese tiempo.

Lo cierto es que Junqueras, como los demás procesados, ha recibido un trato de favor y ha tenido todas las facilidades en la cárcel para que le hayan visitado sin restricciones sus familiares, amigos y personalidades públicas. Hasta el punto de mantener negociaciones políticas, como la que llevó a cabo con Pablo Iglesias el pasado octubre en la cárcel de Lledoners para avanzar en la negociación -luego fallida por su interés personal y de partido- de los presupuestos.

Esa táctica emocional la siguió con afirmaciones tan naifs como que los catalanes tienen una genética más cercana a los franceses y a los habitantes del norte de Europa que con españoles y portugueses. Unas palabras de franco desprecio y traspasando la línea roja del racismo, en las que un observador medianamente avispado se asombrará al recordar las figuras del propio señor Junqueras, del señor Torra o del señor Tardà.

Hablando de argumentos simples, tampoco está mal el lamento de Torra ante las cámaras, tras haber asistido a la primera jornada del juicio, recalcando que sentía mucho que los presos se iban a quedar sin cenar por lo tarde que era.

El ex vicepresidente de la Generalitat fue patético con opiniones de franca ignorancia de lo que es el Derecho como cuando declaró que “votar nunca es delito, impedirlo sí lo es”. Entonces, por ejemplo, ¿si los de la organización Tabarnia organizan un referéndum instalando unas cuantas urnas por su cuenta para la independencia de Tarragona y Barcelona, la Generalitat cometería delito si lo impide?

Fue muy significativo que los siete magistrados del Supremo siguieran atentos su discurso, pero sin tomar notas. Algo que sí hicieron con el interrogatorio del segundo acusado, Joaquim Forn, cuyo abogado sigue una defensa estrictamente jurídica.

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