Las eléc­tricas ha­bían se­llado la paz en el con­tro­ver­tido cierre de las nu­cleares

Las petroleras, encantadas con el parón del Gobierno de Sánchez

El sector ener­gé­tico ha sido muy crí­tico por el im­puesto al diésel y la apuesta por el coche eléc­trico

Eficiencia energetica
Eficiencia energetica

El sector eléc­trico y pe­tro­lero vuelve a la pro­vi­sio­na­lidad de la po­lí­tica ener­gé­tica. Una gran parte de los pasos que se han dado en estos ocho meses del Gobierno de Pedro Sánchez pueden quedar en papel mo­jado ante la nueva si­tua­ción que se crea, con un Ejecutivo en fun­ciones hasta las fu­turas elec­ciones ge­ne­ra­les. Las pe­tro­leras res­piran tran­quilas con tal si­tua­ción mien­tras que en las eléc­tricas no se ve tan claro si les per­ju­dica o les fa­vo­rece.

El sentimiento que se deja entrever entre la mayoría de las empresas es que se veía venir y que pronto o tarde el equipo energético del Ejecutivo podría ver truncado sus planes. “Es prematuro opinar pero regresamos a los inicios. Habrá que ver si sigue adelante el Plan Integrado de Energía y Clima y en qué términos los presenta este Gobierno”, señala una fuente eléctrica a Capitalmadrid.

Y es que, todo lo que el Gobierno socialista ha avanzado en la política energética puede caer en cajón de sastre si en los próximos meses hay un cambio de poder. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había marcado una hoja de ruta y los pasos a dar en la futura transición energética para 2030 que se plasmará en el Plan Integrado de Energía y Clima, cuyo borrador tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo 22 de febrero.

El controvertido impuesto al diésel

Con la situación actual y sin Presupuestos, las grandes medidas de calado que estaban previstas acometerse no se podrán ejecutar. Por ejemplo, el controvertido impuesto al diésel duramente vilipendiado por las compañías petroleras quedará paralizado al no aprobarse las cuentas de 2019.

Las petroleras y las empresas de automoción han criticado duramente al Gobierno en este punto por considerar que se quiere acabar con el diésel sin un plan concreto para la industria. Han cargado igualmente contra la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos, lo que perjudicaría gravemente al sector. “La prohibición y venta de vehículos diésel a partir de 2040 no es una medida democrática pues socava la libertad de los consumidores y de las empresas”, dijo el presidente de la patronal AOP, Luis Aires, durante la celebración del 25 aniversario de la patronal en octubre pasado.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo esta semana en unas jornadas organizadas por el IESE y Deloitte que el coche eléctrico “va a llegar”, pero advirtió que hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan como el de prohibir los coches diésel, ya que se consigue que la gente no cambie de coche y esto provoca que se contamine más.

Brufau ha recordado al Gobierno que la transición energética debe abordarse desde “el pragmatismo y el realismo, respetando siempre la neutralidad tecnológica, “ya que la factura la pagamos todos”, ha señalado.

Por esta razón, el sector perolero puede sentirse un tanto aliviado con las nuevas elecciones y esperar a ver qué sucede en los próximos meses. Fuentes del sector consideran que el Gobierno de Sánchez ha querido ir muy rápido en este punto, sin contar con las empresas petroleras y las propias empresas automovilísticas.

El cierre de las nucleares

En el sector eléctrico, hay una de cal y otra de arena. Hay compañías como Endesa que se ha mostrado más crítica con la política del gobierno socialista, concretamente en lo referente a las centrales nucleares. Sus directivos son partidarios de ampliar la vida útil de las centrales hasta los 50 años, mientras que Iberdrola y Naturgy, en cambio, son más proclives a las tesis de Sánchez de cerrarlas cuando cumplan los 40 años de vida.

Pese a las diferencias existentes entre las partes, Endesa, Iberdrola y Naturgy habían alcanzado recientemente un principio de acuerdo con la ministra Teresa Ribera para hacer un cierre escalonado de los siete reactores nucleares actualmente en explotación. El compromiso que las dos partes habían establecido era realizar un cierre escalonado de las mismas, de forma que se clausurasen gradualmente entre 2025 y 2035.

De este modo ninguno perdía en la pelea, ya que se amplía el plazo hasta 2035. De cumplirse los 40 años de vida útil marcados, la primera central en cerrarse sería Almaraz en 2023 y Trillo, la última, en 2028. Pero ahora todo esto puede quedar en el aire.

Más coberturas del bono social y eliminación del impuesto al sol

Desde la llegada al Ministerio, uno de los proyectos que la ministra ha logrado sacar adelante ha sido la aprobación del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la protección a los consumidores eléctricos.

El Gobierno ha ampliado las coberturas que el anterior bono social establecía y lo amplia a otras familias en situación de pobreza energética. Se prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz a aquellos hogares donde viva, al menos, una persona con una discapacidad del 33%. Para evitar que se dispare el precio de la luz, se ha suprimido durante seis el 7% del impuesto de la electricidad y se deroga el conocido como impuesto al sol, eliminando los peajes y otros cargos al autoconsumo.

Justo el mismo día que los Presupuestos eran tumbados por el PP, Ciudadanos y los partidos independentistas, el Congreso ha aprobado la convalidación del Real Decreto que devuelve a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en materia de energía. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy arrebató en 2014 al organismo regulador la normativa que permite fijar los peajes y los cánones para marcar las tarifas eléctricas.

Fue una las promesas que la ministra Ribera hizo nada más llegar al Ministerio y ha podido cumplirla amparándose en una posible sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tras su aprobación, Ribera señaló que esta norma “facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores”.

Artículos relacionados