ANÁLISIS

El Consejo del BBVA une su suerte a FG: a la espera de la prescripción o el mochuelo

francisco gonzalez
Francisco González.

Mal asunto para el BBVA, pero sobre todo para todos los miem­bros de su con­sejo ad­mi­nis­tra­ción que, al ig­norar en su reunión de este jueves la di­mi­sión o cese de su pre­si­dente de ho­nor, Francisco González, por el es­pio­naje or­de­nado al co­mi­sario Villarejo, ha de­ci­dido unir su suerte ju­di­cial a la de su ex pre­siente du­rante más de 19 años. Y, al ac­tuar de esta ma­nera, pa­rece que ha apos­tado a la única es­tra­tegia que le queda: la pres­crip­ción de los po­si­bles de­litos in­cu­rridos o la apa­ri­ción mi­la­grosa de un ca­beza de turco.

Pero, sobre todo ello existen variedad de opiniones, que en otra ocasión desarrollaremos. De momento, la más arriesgada parece ser que es la por la que ha apostado el BBVA de Carlos Torres. Se trataría de esperar a que las tres investigaciones encargadas externamente (Garrigues, Uría y PwC), en una hipotética estrategia que algunos expertos consideran que se parece a un Bussiness Judgment Rule, se embrollen en sus pesquisas hasta bien entrado el verano y luego... ya veremos.

Parece claro, de ser así, que a nadie parece que le preocupe el coste reputacional para la entidad que supone alargar este calvario para empleados, accionistas, inversores y clientes.

Pero existe otro factor. El Código de Buena Conducta aprobado en la época inicial de Francisco González parece que tenía algún propósito adicional que el meramente mediático. Alguna opinión jurídica considera que, resulta paradójico, va a proteger a FG y al consejo de alguna que otra responsabilidad penal. Si bien es cierto que en 2010 se modificó la ley general para hacer responsable penalmente a las personas jurídicas (lo que antes no era posible), el consejo de administración y su presidente pueden librarse de cualquier responsabilidad penal (no está clara la pecunaria) si consiguen demostrar que ellos no se enteraron de nada...es decir, que no tuvieron conocimiento alguno de los pinchazos ilegales. Los que deben cargar con la culpa son los subordinados, que actuaron por su cuenta, o los responsables de vigilarlos.

Al margen de que eso resulta difícil de probar, habida cuenta de la existencia de pagos por facturas con conceptos extraños -o dicho de otro modo con conceptos simulados-, la clave está en que alguien va a tener que cargar con el mochuelo. De ahí la duda interna que aflora en el banco. ¿será Seguridad o será Relaciones Externas o serán los auditores?. Además hay otro feo asunto: han aparecido los contratos pero parece que las facturas antes de 2012 han desaparecido...

Pufff...¿estaremos ante un Watergate a la española? ¿Con encubrimiento y destrucción de pruebas? Difícil de determinar.

Trabajo arduo para Garrigues, Uría y PwC. Tendrán que ser muy claros y, además, el BdE y el BCE admitir sin rechistar sus informes. Porque el caso judicial está también complejo. Demasiado pero no por la prescripción. Precisamente es ahí donde puede haber muchos errores conceptuales.

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