Monitor diario

Resulta cru­cial au­mentar la tasa de em­pleo e in­cre­mentar la pro­duc­ti­vidad

Solo las reformas estructurales evitarán la quiebra a plazo de las pensiones en España

Vincular la edad de ju­bi­la­ción a la es­pe­ranza de vida: una pro­puesta de sos­te­ni­bi­lidad

Sistema de pensiones
Sistema de pensiones

En cam­paña elec­toral per­ma­nente, el de­bate sobre las pen­siones se re­cru­dece y, sin em­bargo, España afronta un reto de­mo­grá­fico y pre­su­pues­tario in­sos­te­nible para el pago de las pen­siones pú­blicas a muy corto plazo. Muchos ex­pertos ha­blan de la in­sos­te­ni­bi­lidad del sis­tema, al tiempo que todos abogan por re­formas es­truc­tu­rales que per­mitan evitar su quie­bra. La con­clu­sión ma­yo­ri­taria es que se deben al­canzar un con­senso dentro o fuera del Pacto de Toledo y llevar a cabo de­ter­mi­nadas me­di­das, al­gunas im­po­pu­la­res, para ga­ran­tizar una es­ta­bi­lidad a largo plazo.

El creciente déficit estructural del sistema de pensiones dentro de la Seguridad Social -causado, entre otros factores, por el envejecimiento de la población- pone cada vez más presión sobre los políticos y el Gobierno. Esta preocupante realidad, sin embargo, no tuvo reflejo en las pasadas campañas electorales, en la que ningún partido político propuso una política global para adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica.

Por esta razón, diferentes expertos que participaron en el Foro Santalucía urgen al nuevo Parlamento a que se “llegue a un pacto de Estado con una amplia mayoría para encauzar el crecimiento económico de forma general y la sostenibilidad del sistema de pensiones, en particular”.

Entre los especialistas que se suman a esta tesis se encuentran Rafael Domenech, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y responsable de análisis macroeconomico en BBVA Research e Ignacio Conde Ruiz, profesor de la UCM y subdirector de FEDEA. También, Luisa Fuster, catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid; Guillermo de la Dehesa, chairman del Foro de Expertos; Inmaculada Domínguez, profesora en la Universidad de Extremadura; Ángel de la Fuente, director de FEDEA e investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC, y José Antonio Herce, director asociado de AFI.

Coincidencias

Todos ellos coinciden en que la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser prioritaria por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos.

Para alcanzar dicho objetivo, según apuntan en conjunto, hay que poner fin a la situación actual, en la que “las nuevas pensiones que se incorporan al sistema están entrando con un déficit muy significativo”, debido a que como promedio “los trabajadores no cotizan lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación”.

Las medidas que se pueden tomar

En aras de garantizar uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, recomiendan al Parlamento buscar un nuevo consenso en el Pacto de Toledo sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones de una forma que no suponga trasladar el problema en su integridad a las generaciones más jóvenes. Un consenso que ha de tener en cuenta la actual situación demográfica, social y económica, que es muy diferente de la existente en el momento de puesta en marcha del Pacto, en 1995.

El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un objetivo deseable siempre que sea consistente con la sostenibilidad del sistema. Para garantizar la compatibilidad de ambos objetivos, resulta necesaria una reforma estructural del sistema que garantice que las pensiones iniciales no entren con un déficit al sistema, lo que exigirá una reducción de la actual tasa de sustitución hasta niveles más realistas y en línea con otras economías avanzadas.

Para este panel de experto, además, es crucial “aumentar la tasa de empleo e incrementar la productividad y con ella los salarios”. Y es que las mejoras de empleo y, especialmente, de productividad son fundamentales para que la necesaria reducción de la tasa de prestación (ratio entre la pensión y el salario medios) “no implique pensiones iniciales menores para la misma edad de jubilación”.

De igual modo, abogan por la plena compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y el trabajo remunerado, como ya existe en otros países de nuestro entorno y en el nuestro, en ciertos casos, para los trabajadores autónomos, oponiéndose a cualquier propuesta que suponga “un avance hacia la jubilación forzosa”. De ahí a que propugnen la adopción de políticas flexibles que permitan y estimulen “una mayor participación laboral de las personas de mayor edad”.

Con respecto a la edad de jubilación, estos especialistas son partidarios de ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida. En esta línea, el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad disminuye “la equidad del sistema”, destacan.

En último lugar, apuestan por potenciar la previsión social complementaria, actualizando y “mejorando el marco normativo del ahorro de previsión a largo plazo” de manera que respeten la neutralidad fiscal entre distintos activos.

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