ANÁLISIS

Ha re­ci­bido más de 2.800 res­puestas de los ac­cio­nistas y bo­nistas del banco

La JUR se lo piensa y retrasa su decisión sobre el Popular

Vuelve sobre su dis­po­si­ción ini­cial con­traria a com­pensar a los afec­tados

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El desmadre de Saracho.

Ha sido de nuevo un anuncio por sor­presa. La Junta Única de Resolución (JUR) del Banco Central Europeo anun­ciaba a través de un co­mu­ni­cado el pa­sado viernes 20 de di­ciembre que re­tra­saba su de­ci­sión sobre si com­pen­sará o no a los ac­cio­nistas y bo­nistas del re­suelto Banco Popular.

El organismo encabezado incomprensiblemente todavía por Elke König, responsable última de la pérdida de los ahorros de los 305.000 accionistas y bonistas del Popular, en una actuación que se ha negado en varias ocasiones en bancos italianos, anunció inicialmente el verano de 2018 su decisión provisional de no compensar a los afectados.

Se basaba para ello en un informe elaborado por Deloitte que advertía de que la liquidación del banco hubiera conllevado unas pérdidas aún mayores para los inversores.

Llama la atención que el informe lo realizara la misma empresa a la que se encargó el peritaje previo para decidir la resolución del Banco Popular, cuyas conclusiones discrepaban abiertamente de la valoración realizada por los peritos del Banco de España.

En concreto, el informe de Deloitte concluyó que la liquidación del Popular, realizado en 15 días, habría triplicado las pérdidas a un máximo de 34.100 millones. Los 300.005 afectados por la resolución del Popular, perdieron 11.400 millones, según la valoración del Banco de España, con el sistema de absorción de pérdidas que especifica la regulación comunitaria.

Pero pese a anunciar que no compensaría a estos 305.000 perjudicados, abrió un proceso para recibir las quejas de los afectados, a los que pedía argumentar sus reclamaciones para poder recibir la pertinente compensación.

El pasado 15 de julio, la JUR (conviene recordar que fue la entidad encargada de ordenar la resolución del Popular en junio de 2017), anunciaba que postergaba hasta otoño su decisión de si debe o no compensar a los accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la resolución del banco.

El organismo encargado de la resolución de las entidades inviables comunicaba que se encontraba en fase de evaluación de los comentarios recibidos por los antiguos accionistas y bonistas del banco.

Llegado el momento de concluir el otoño, el invierno ha comenzado este domingo 22 de diciembre, y sin haber tomado una decisión definitiva, el organismo ha vuelto a anunciar un retraso en su decisión.

Según el comunicado de la entidad, ya ha revisado y está terminando la valoración de las 2.856 respuestas recibidas por los afectados en el proceso de derecho de audiencia, que se acerca a su fase final y pronunciará formalmente su resolución en los próximos meses.

Fuentes jurídicas presentes en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional advierten de que esa decisión podría coincidir con las últimas comparecencias que dirige con gran rigor el juez de instrucción del caso, José Luis Calama.

Citas judiciales en Madrid

En concreto tiene citados para el día 10 de febrero y siguientes a los peritos judiciales que elaboraron el informe pericial en la causa sobre el Banco Popular, cuyas conclusiones se encuentran en las antípodas del informe realizado por Deloitte.

No serán las únicas comparecencias relevantes con el caso en los próximos meses, pues el 4 de marzo lo hará la expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y siete días más tarde lo hará Luis María Linde, exgobernador del Banco de España.

El día 18 de ese mismo mes comparecerá el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, que asesoró a la entidad como presidente de Linklaters analizando sus cuentas del 2016, aportando una Opinión Legal favorable a los bancos comercializadores, según consta en las actas del sumario. También habría asegurado a los consejeros, según las manifestaciones recogidas en la mencionada acta del Consejo, que una operación de refuerzo de capital nunca acarrearía ningún tipo de responsabilidad para ellos.

Habrá que esperar a los días previos a la Semana Santa, en concreto al 2 de abril para que comparezca el ex ministro Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Su papel fue determinante según los testimonios de los consejeros que ya han comparecido durante la fase de instrucción para el cambio en la presidencia de la entidad.

También será relevante conocer porqué las entidades públicas retiraron sus depósitos del Popular días antes de la resolución, lo que precipitó los problemas de liquidez de la entidad.

No es la única cuestión de importancia sobre el Popular en los próximos meses. Está previsto también que en las próximas semanas se fije la fecha de la vista del caso en el Tribunal de Luxemburgo. Lógico que la JUR se lo piense de nuevo y que las entidades públicas hayan destinado más de 50 millones para la defensa legal en los organismos internacionales que afrontan el caso. ¿A quien se defiende con esos dineros públicos?

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