Cumbre del clima

Gobiernos, expertos y empresas negocian un fuerte recorte de CO2 para el cambio climático

Antonio Guterres, ONU, en la aperturaCOP25.
Antonio Guterres, ONU, en la aperturaCOP25.

Bajo el lema “Es tiempo de ac­ción”, más de 25.000 re­pre­sen­tantes de 200 países se han dado cita en Madrid, a partir de este lunes dos de di­ciem­bre, para con­sen­suar una es­tra­tegia que re­fuerce los com­pro­misos para hacer frente a los efectos del cambio cli­má­tico. El ob­je­tivo: un fuerte re­corte de las emi­siones de CO2. Hasta el día 13, la ca­pital de España aco­gerá la XXV Conferencia de las Naciones Unidas COP25 y se con­ver­tirá en la ciudad ex­po­nente de las in­quie­tudes mun­diales sobre el efecto in­ver­na­dero y sus con­se­cuen­cias que pa­dece la hu­ma­ni­dad.

Chile presidirá la Convención, como país organizador, sin la presencia de su presidente, Sebastián Piñera, por la situación que vive el país. Jefes de Estado, ministros responsables del medio ambiente, organismos internacionales, bancos, empresas energéticas, automovilísticas, telecos y aseguradoras, entre otras, debatirán sobre la “emergencia climática y ambiental” en la UE que acaba de declarar el Parlamento Europeo.

La cumbre no contará con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al no respaldar el Acuerdo de París alcanzado el 12 de diciembre de 2015. El Gobierno norteamericano enviará una funcionaria de segundo nivel (una secretaria adjunta de un ministerio) como representante oficial. En cambio, sí habrá representantes de los diferentes estados, del Congreso, del Partido Demócrata, instituciones y empresas multinacionales del país norteamericano.

Presencia esàñola

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, entregaron el pasado sábado día 30, de forma simbólica a la ONU, las instalaciones del recinto ferial de IFEMA, que albergará la cumbre mundial del clima COP25. Al acto asistieron la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y presidenta de la Convención por ser el país organizador, y la secretaria Ejecutiva de la ONU sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa.

España acoge, como país anfitrión, la cumbre después que Chile, de acuerdo con la ONU, lo solicitara ante los disturbios callejeros que se suceden en la capital chilena. Los representantes chilenos mantienen toda la organización del evento mientras IFEMA ha prestado todas sus instalaciones en Madrid al Gobierno chileno.

Compromisos medioambientales

Durante su intervención, Ribera expresó que el éxito de lo que los países acuerden no se medirá tanto por las nuevas decisiones que se adopten como por el reforzamiento de la transversalidad de las políticas climáticas a todos los ámbitos y sectores. Ha expresado que en 2020 arrancará un nuevo ciclo al comenzar a aplicarse el Acuerdo de París, cuando los países y los gobiernos deberán cumplir con todos sus compromisos medioambientales firmados.

La ministra en funciones considera fundamental que los Estados ayuden a los diferentes colectivos que se vean más afectados por el cambio hacia una transición ecológica de la economía.

La presidenta de la Convención y titular de Medio Ambiente de Chile ha insistido en que los compromisos climáticos de los países “no son suficientes” para limitar el calentamiento del Planeta al 1,5º C de la época antes de la industrialización que recoge el Acuerdo de París, por lo que ha pedido que hay que ser mucho más incisivos en las medidas.

La relevancia del artículo 6

Por primera vez, se va a celebrar una reunión de ministros de Finanzas, en un intento de impulsar decisiones climáticas más agresivas en cuanto a financiación y tratar de implicar de forma más intensa a las empresas en sus aportaciones.

El artículo 6 se ha convertido en uno de los puntos más relevantes o el más importante de la COP25 para fomentar la cooperación internacional. El texto del mismo propone la participación del sector privado y el mercado global de carbono, de forma que permita a los países comprar, vender o intercambiar bonos de carbono. En una palabra, que los países puedan negociar sus derechos de emisión o créditos.

China, India y Brasil son los países que se muestran más duros a la hora de establecer fórmulas en los mecanismos de mercado y demandan más flexibilidad en la forma de gestionar los derechos de emisión mientras que la Unión Europea es más exigente.

Presiones al BCE

El clamor por alcanzar fórmulas entre los gobiernos que obliguen a las empresas a adquirir compromisos más elevados en su lucha contra las emisiones que lanzan a la atmósfera ha llegado a la sede del propio Banco Central Europeo. Unos 100 académicos y 60 asociaciones europeas han pedido en una carta a la nueva presidenta Christine Lagarde que no adquiera activos de empresas con mayores emisiones de carbono.

En la misiva, destacan que el cambio climático no solo pone en peligro procesos vitales, “también amenaza la estabilidad, la economía y el empleo”. Estiman que, si no se toman medidas contundentes de mitigación, “los riesgos físicos relacionados con el cambio climático podrían ocasionar pérdidas de hasta 24 billones de dólares del valor de los activos financieros mundiales”.

“Por todas estas razones -señalan-, necesitamos un cambio radical de flujos financieros hacia una transición energética baja en carbono y socialmente justa. Esto es difícilmente posible sin que los bancos centrales redirijan activamente el sistema financiero en la dirección correcta”, denuncian.

Exigen al alto organismo a que se comprometa a “eliminar gradualmente activos intensivos en carbono de sus carteras, comenzando con la desinversión inmediata de activos relacionados con el carbón, sin esperar al desarrollo de la taxonomía verde por parte de la Comisión Europea”. Y concluye: “los criterios de impacto climático deberían usarse para evaluar todos los activos actualmente dispuestos para operaciones monetarias”.

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