El grito de alarma coin­cide con el anuncio de un nuevo plan de obra pú­blica

Las constructoras portuguesas reclaman protección contra la 'invasión española'

Acusan a sus ve­cinas de tirar los pre­cios y lle­varse los me­jores con­tratos pú­blicos

Manuel Manrique, pte, de Sacyr.
Manuel Manrique, pte, de Sacyr.

Las grandes cons­truc­toras por­tu­gueses han le­van­tado el hacha de guerra contra sus ve­cinas es­pañolas a las que acusan de tirar los pre­cios en los con­tratos pú­bli­cos, pre­ci­sa­mente en el mo­mento que el Gobierno de Lisboa, di­ri­gido por el so­cia­lista Antonio Costa, pre­para una nueva ola de in­ver­siones pú­blicas en in­fra­es­truc­tu­ras. La mayor cons­truc­tora lusa, Mota Engil, ha sido la pri­mera en de­nun­ciar la “invasión es­paño­la”, en un mo­mento en que la opi­nión pú­blica lusa se sen­si­bi­liza con lo que ocurre en Cataluña.

Para incidir en ambos asuntos, la constructora lusa utilizó el influyente semanario Expresso, y, además, en un momento clave para el sector. Antonio Costa, tras las legislativas del 9 de octubre, donde no pudo alcanzar la ansiada mayoría absoluta, se ha visto forzado a invertir en los cuatro años de legislatura unos 10.000 de euros en obra pública, empezando por la red ferroviaria, que es donde Mota Engil ve la mayor amenaza de la competencia española.

Sin embargo, no hay que mirar muy lejos hacia atrás par darse cuenta que prácticamente todo aquello de la invasión española es el artilugio más utilizado por los empresarios portugueses cuando no lo les queda nada más como argumento para poner trabas a la competencia de las empresas españolas. Lo hicieron al inicio de la década de 1990 y en 2008, respectivamente, con vista a la Expo’98 en Lisboa, y cuando el gobierno de José Sócrates puso sobre la mesa un megalómano plan de 44.000 millones de inversión pública hasta el 2017.

Si no fuera por la crisis y la intervención de la “troika” FMI/BCE/UE, que a cambio de un rescate de 78.000 millones impuso un drástico plan de austeridad, Portugal tenía planeado construir un nuevo aeropuerto, otro puente emblemático sobre el rio Tajo en su paso por Lisboa, nuevos embalses hidroeléctricos, varias “scuts” (autopistas sin peajes), etc., sin olvidar los AVE Lisboa-Oporto y Lisboa-Madrid - este último con obras ya adjudicadas a FCC, por 1.800 millones, y al consorcio Elos participado por ACS (15%) , por otros 1.400 millones.

Abandono de planes

Tras el abandono de dicho plan de inversiones, las autoridades lusas tuvieron que renegociar pagos aplazados por un total de 12.000 millones de euros, no solo con las constructoras nacionales como Mota Engil, Soares da Costa y Brisa, sino igualmente con las españolas ACS, que por 4.200 millones se había hecho con la construcción de las autopistas Beira Interior y Baixo Alentejo; Ferrovial (4.000 millones), Sacyr y su filial luisa Somague (2.000 millones) y Globalvia (1.700 millones); y renunciar, además, a los contratos del AVE con Elos y FCC.

Lo anunciado ahora por el nuevo gobierno minoritario socialista de Antonio Costa para toda la legislatura, representa menos de una cuarta parte de lo previsto antes de la crisis y la llegada de la “troika”: además de la construcción del nuevo aeropuerto previsto en Montijo (por parte del concesionario francés Vinci), la nueva inversión pública prevista abarca la construcción de infraestructuras portuarias, de nuevos hospitales, la extensión de los metros de Oporto y de Lisboa, etc. sin olvidar la obra pública ya adjudicada durante el primer semestre del año por 338 millones de euros.

Ganan los españoles

Lo cierto es que con raras excepciones, los mayores contratos caerán en manos españolas. Buena prueba de ello es la docena de contratos de inversión ferroviaria adjudicados los últimos meses para enlazar los puertos del sur del país con la red española en Badajoz. El más importante, de 130 millones de euros, fue adjudicado a Sacyr/Somague; Mota Engil se hizo con otro de 75 millones; la lusa Conduril se hará cargo de la ampliación de Sines por 72 millones; y el San José/Comsa/Fergrupo se hará cargo de la construcción de otro tramo por 46 millones.

De hecho, en el 2018 y hasta setiembre 2019, las constructoras españolas ganaron los concursos de cuatro de las cinco mayores obras públicas adjudicadas por el Estado, a través Infraestructuras de Portugal (IP). Mota Engil fue la excepción a la regla, haciéndose con un contrato de 75 millones, con que todo lo demás, por un total de 300 millones de euros, fue a manos de las constructoras de capital español, que según los expertos del sector ofrecieran descuentos de hasta un 30%, a sabiendas que el criterio del precio computaba por un 80% del concurso.

Reclamaciones patronales

Lo que reclaman las asociaciones patronales del sector, para frenar la “armada invasora española” constituida por ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial, San José, Comsa…, que encontró en Portugal la solución par utilizar el exceso de capacidad instalada en España, sacando también provecho de la destrucción del tejido empresarial luso, es, no solo, que el IP cambie los criterios de adjudicación de obra pública, sino, además, una mayor de descuartizamiento de los contratos, para hacerlos menos apetecibles para las grandes constructoras españolas.

En todo o caso, para Mota Engil y las patronales del sector, el meollo de le cuestión está en que las constructoras españolas sacaron provecho de la crisis y de la pasividad de los gobiernos de turno, para hacerse en Portugal con la “parte leonina” de las adjudicaciones públicas, al mismo tiempo que mantienen cerrada a cal y canto la entrada del mercado español a la competencia portuguesa. Teniendo en cuenta, además, que para hacerse aun más fuertes, también se hicieron con empresas nacionales del sector, como Somague, en manos de Sacyr.

Con dicho grito de alarme, las constructoras lusas también intentan sacar provecho del clima mediático actual en el país vecino, que con raras excepciones - al margen de la posición oficial de Lisboa, de apoyo incondicional a Madrid - ofrece una imagen distorsionada de la realidad española en relación con el conflicto catalán, sin olvidar, además, el fantasma anacrónico del “españolismo de una Castilla históricamente agresiva e enemiga de Portugal”.

Guerra de la patronal portuguesa

El discurso de Mota Engil y de las asociaciones patronales del sector no tiene un pase: insiste una y otra vez en que las grandes constructoras españolas encuentran en Portugal condiciones ideales para hacerse con los grandes contratos de obra pública, sin encontrar ningún tipo de trabas por parte de las autoridades. O sea, denuncian que a las constructoras lusas solo les queda la posibilidad de quedarse con contratos de menor envergadura, y además sin tener la posibilidad de entrar en España – un mercado casi exclusivo de las constructoras españolas.

“Si pudiera, también me gustaría hacerme con obra en España, pero eso es lo que no me permiten hacer”, se queja el máximo responsable de Mota Engil, Antonio Mota. Su tesis, es que el gobierno debería, no solo proceder a un mayor troceamiento de los grandes contratos de obra pública, con que facilitaría, así, la participación de un mayor número de constructoras nacionales, de media y pequeña dimensión, sino también exigir a Madrid unas condiciones de reciprocidad para facilitar la entrada de las constructoras portuguesas en España.

Otro dato importante, para entender las críticas del sector es que las constructoras españolas también hablan portugués. Buena prueba de ello es Sacyr y, que tiene dos posibilidades: participar a concursos de obra pública con su marca española o con la de subsidiaria lusa, Somague.

Artículos relacionados