ANÁLISIS

El juez pone en duda el papel de los auditores en la resolución del Popular

Considera que hu­biera sido más ba­rato con­sultar al Banco de España

angel_ron
Ángel Ron, ex pte. del extinto Popular.

Las dudas del ma­gis­trado sobre el papel de las au­di­toras es lo más no­ve­doso de la in­ves­ti­ga­ción que está rea­li­zando el juez de ins­truc­ción, José Luis Calama, tras las com­pa­re­cen­cias de Ángel Ron los pa­sados miér­coles y jueves ante la Audiencia Nacional que in­ves­tiga la re­so­lu­ción del Banco Popular. Todo lo demás es una re­pe­ti­ción de las de­cla­ra­ciones efec­tuadas ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis fi­nan­ciera. Es un déjà vu.

Para Calama hubiera resultado mejor y más barato para el entonces Banco Popular para evitar la crisis consultar lo que había que hacer al supervisor y no a los auditores como decidieron desde la presidencia del banco resuelto.

Con ocasión del segundo día de la comparecencia de Ron ante el juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, tal y como afirman fuentes presentes en la declaración, el expresidente del Popular justificó en todo momento sus actuaciones porque, según su criterio, el banco cumplía la normativa de provisiones del Banco de España.

Bien es cierto que admitió que existía una diferencia entre ellos y el supervisor sobre la interpretación y aplicación de la mencionada circular del supervisor sobre las provisiones que debía realizar el banco ahora resuelto. Para él era la cuestión clave. Y si se cumplía con las normas no tendría justificación lo decidido con posterioridad por la Junta Única de Resolución.

Fue en este momento cuando Calama, muy activo en el interrogatorio en esta fase declaratoria de los investigados, le interrumpió para preguntar por qué no se dirigió directamente al Banco de España, lo que habría sido más barato, según el juez. Calama no tuvo respuesta en este caso.

Hubiera sido más barato y más eficaz. No sería necesario estar interpretando ahora lo que han querido decir unos peritos del Banco de España aportados para el caso que han entregado al juez un informe después de la resolución de la entidad.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, esta no respuesta de Ron a Calama de por qué no consultó al Banco de España fue uno de los escasos momentos de debilidad de la comparecencia del expresidente del Popular. Sería trágico que la intervención se hubiera acabado produciendo por falta de comunicación.

Toda la comparecencia había sido preparada de forma precisa, con respuestas muy técnicas, con el equipo de su abogado defensor, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán, uno de los abogados penalistas más prestigiosos de España.

Magistrado ponente de la sentencia del caso Banesto que condenó a Mario Conde, Choclán se ha destacado como experto en defensa de los casos inmobiliarios y de delitos económicos. Es partidario de colaborar con la Justicia como ha demostrado en la defensa de los procesos de Francisco Correa y David Marjaliza en el caso Gürtel o de Cristiano Ronaldo en sus diferencias con Hacienda. Y la colaboración será la línea a desarrollar también en esta ocasión.

Pocas novedades más en cuanto al resto de las cuestiones suscitadas durante las más de nueve horas durante las que ha comparecido el expresidente del Banco Popular entre 2014 y 2017, Ángel Ron, cinco horas el miércoles 30 y unas cuatro el jueves 31, por el caso en el que le investigan por administración desleal y falsedad en las cuentas en relación a la resolución del Banco Popular.

El primer día de su declaración Ron defendió la ampliación de capital de 2016 realizada a partir de los cálculos de auditoría interna. Puso como línea roja para que tuviera éxito el poner en marcha inmediatamente después de la ampliación el proyecto de banco malo, conocido como Proyecto Sunrise, para evitar las connotaciones negativas del nombre “banco malo”. Como ya defendió con todo tipo de detalle en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, su sucesor, Emilio Saracho, no tuvo intención de llevarlo a la práctica nunca.

Ron volvió a responsabilizar a Emilio Saracho de la caída del banco por no haber creído o querido ejecutar en ningún momento el plan que había diseñado para salvarlo. Primero capitalización, segundo desprenderse de los activos tóxicos con la creación del “banco malo” y tercero animar a la plantilla a volver a hacer del banco el mejor del mundo como en su día fuera bajo la presidencia de Luis Valls. Como lo hizo durante las cuatro horas de su segundo día de comparecencia en el juzgado de instrucción numero 4 de la Audiencia Nacional.

Por lo que respecta a la justificación de toda su actuación, Ron aludió a la carta que el Banco de España envío en mayo de 2016 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que decía que los 2.500 millones de la ampliación eran suficientes para equiparar las coberturas de la entidad al sector.

Según Ron, tampoco el Banco Central Europeo les comunicó que estuvieran incumpliendo el capital regulatorio ni la normativa sobre provisiones. Según su interpretación sólo tenían que aumentar su nivel de cobertura por un tema de mercado. Para que los inversores no dudaran de que se trataba de un banco sólido. Nunca le advirtieron, según su declaración, de que los aspectos relacionados con la contabilidad no estuvieran dentro de la norma.

Lo admite el propio informe de los expertos cedidos por el Banco de España, que concluía que la entidad era viable en el momento de la ampliación, aunque según el mismo, las cuentas del folleto no respetaban determinados aspectos de la normativa.

Es el informe en el que se basan las organizaciones de consumidores que presentaron las denuncias en la Audiencia Nacional para que se abriera el caso. Como ha sucedido en el caso Bankia, previsiblemente durante la vista oral será una de las piezas clave de las defensas y acusaciones. Pero los 300.000 accionistas que han perdido toda su inversión en la entidad tendrán más que difícil recuperar alguna parte de la misma.

Tal como va el proceso resulta difícil prever cuando se podrá abrir el juicio oral, pero fuentes jurídicas implicadas en el mismo consideran que difícilmente podrá estar emitida una primera sentencia antes del 2022.

Esta semana no habrá comparecencia de investigados. Habrá que esperar a la próxima en la que el día 12 se espera la declaración del ex presidente del Banco Pastor José María Arias Mosquera, y la del exsecretario del consejo de administración Francisco Aparicio Valls.

Artículos relacionados