ANÁLISIS

Choque entre la expresidenta de nombramientos del Popular, Ron y la Sindicatura

El re­levo en la pre­si­dencia del Popular ace­leró la re­so­lu­ción del banco al no lo­grar parar los ata­ques ba­jistas

Reyes Calderon
Reyes Calderón, ex Popular.

Es el re­levo en la pre­si­dencia del Banco Popular de Ángel Ron por Emilio Saracho lo que se ha con­ver­tido en el tema de­ter­mi­nante de la in­ves­ti­ga­ción en la ac­tual fase de ins­truc­ción del caso Banco Popular. Así se ponía de ma­ni­fiesto tras la com­pa­re­cencia esta se­mana de la ex­pre­si­denta de la Comisión de nom­bra­mientos del Popular, Reyes Calderón, cuya de­cla­ra­ción ha cho­cado fron­tal­mente con la de­fensa del ex­pre­si­dente Ángel Ron y la Sindicatura de ac­cio­nis­tas.

Según fuentes jurídicas, el más activo en tratar de esclarecer cómo se produjo este proceso de cambio es el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, autor de la mayor parte de las preguntas del interrogatorio de la exconsejera.

Las mismas fuentes advierten en todo caso que las presuntas irregularidades que habría cometido en su actuación al extralimitarse en sus funciones, Reyes Calderón, conllevarían una responsabilidad civil y no penal, lo que reduce el alcance del proceso.

Calderón ha defendido su iniciativa para buscar un nuevo presidente que sustituyera a Ángel Ron ante las dificultades de la entidad, justificando que el reglamento del Banco Popular le asistía, que lo hizo con conocimiento de los demás consejeros y comunicándoselo al propio interesado.

Las declaraciones de la exconsejera chocan con lo expuesto en su comparecencia en el juzgado, así como ante la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados por Ron. El expresidente dijo que los máximos accionistas del banco, agrupados en la Sindicatura de accionistas, le habían manifestado lo contrario.

En este sentido se refirió a los términos en los que el entonces representante de la Sindicatura, José Matéu, se dirigió a ella al conocer el procedimiento que había iniciado en el que la advertía de que “la falta de proceso correcto no es una cuestión meramente formal. Las decisiones unilaterales sin mandato, son en primer lugar irregularidades jurídicas de primer orden inasumibles que llevan aparejada la responsabilidad frente a los consejeros y accionistas de quien las adopte”.

En clara contradicción con la declaración de Reyes, Mateu ya le advertía de que, “en segundo lugar, el mandato para actos concluyentes, en nombre del Consejo o la Comisión que presides, es algo que exige ineludiblemente contar con la opinión de todos, motivarlo, documentarlo y someterlo al Consejo de Administración en pleno. Sustraer ese debate a la mayoría de los consejeros imponiendo al presidente, además, forzando su buena fe, conductas precipitadas importantes es inaceptable desde cualquier punto que se mire”.

Fuentes jurídicas implicadas en el procedimiento recuerdan que además se habría advertido en el momento que la decisión de adjudicar un proceso de selección de un presidente de una entidad como era el caso del Popular, conllevaba un coste elevado de dinero para el que no se habían adoptado las decisiones adecuadas.

Estas mismas fuentes rechazan que exista un acta de la reunión a la que se habría aludido si poder aportar la firma del secretario del consejo cuya declaración está todavía pendiente, aunque sin haberse fijado fecha precisa. No pudo hacerlo para el día inicial en el que estaba convocado al alargarse la declaración del exvicepresidente, José María Arias Mosquera.

Para la próxima semana la declaración más relevante será la del exconsejero y principal accionista, el mexicano Antonio del Valle. Lo hará el próximo día 27, después de que también comparezca el exconsejero, Vicente Tardío Barutell.

Las cuestiones principales que se tratarán de aclarar con la comparecencia de Del Valle serán en qué medida pudo influir para que las posiciones a corto de la entidad llegaran al máximo posible. Tal fue la presión que ya no quedaba una sola acción para poder cubrir las posiciones contratadas a corto.

Aunque en más de una ocasión se ha señalado a Del Valle como muy activo en estas posiciones, fuentes jurídicas descartan esta posibilidad y consideran que fue sobre todo el papel de los fondos el que influyó de forma definitiva y directa en el hundimiento de la acción y en la multiplicación de la desconfianza en la viabilidad de la entidad, pese a que su patrimonio neto era positivo en unos 5.000 millones según el informe que elaboró Deloitte.

En este sentido, consideran que más determinante que lo que suceda en el juicio en España es lo que ocurra en lo planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Allí estarán presentes los mejores expertos de auditoría y contabilidad en representación de una y otra parte para determinar el verdadero justiprecio de la entidad. Hay sala, tribunal y ponentes asignados. Queda por determinar el día para exponer las pruebas. El lleno está garantizado. ¿Le darán la razón a la JUR y perderán los exaccionistas toda esperanza de recuperar, aunque no sea más que la honra de no haber sido expropiado por la falta de normas de la UE en este ámbito? Qué sucederá si el Tribunal de Luxemburgo quita la razón a la JUR.

La vista para las pruebas se celebrará en el primer trimestre del año que viene. Según fuentes jurídicas consultadas por capitalmadrid.com la sentencia podría conocerse antes del 2021.

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