El au­mento de la fis­ca­lidad y las me­nores ta­rifas pro­vocan una cierta preo­cu­pa­ción

Las eléctricas minimizan los riesgos que puede provocar el pacto Sánchez-Iglesias

Las grandes de­ci­siones vienen im­puestas desde Bruselas y los Gobiernos tienen poco margen

torres
Sector eléctrico.

El sector ener­gé­tico apenas muestra preo­cu­pa­ción sobre el fu­turo que puede de­parar a las em­presas si se cris­ta­liza el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las em­presas con­si­deran que las grandes de­ci­siones vienen mar­cadas desde Bruselas y, por tanto, los go­biernos de turno tienen poco margen para ma­nio­brar. La fis­ca­lidad es lo que más les preo­cupa pero no así los po­si­bles cam­bios y la re­vo­lu­ción que pueda im­poner Podemos. En todo caso puede existir un cierto riesgo ta­ri­fa­rio, pero es­taría muy con­di­cio­nado por la evo­lu­ción de los cos­tes.

“Es pronto y hay que ver cómo se materializan esos acuerdos”, apuntaban a CapitalMadrid fuentes consultadas de una de las grandes eléctricas. “Habrá que ver las decisiones que toman y cuáles son las líneas rojas. Sabemos lo que el PSOE plantea y lo que hasta ahora ha mantenido en materia energética. Conocemos lo que Podemos defiende, pero de ahí a que se cumplan los programas es algo muy complicado”, señalaba.

Las empresas ven, por tanto, con cierta calma la posible entrada por parte de miembros de Podemos en el futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, incluso, el titular del Ministerio para la Transición Ecológica sea una persona del equipo de Iglesias. ¿Razones? La Unión Europea es quien marca la política energética y hay muy pocas opciones para redirigir la política energética del país.

Las exigencias de los organismos regulatorios

Por otro lado, además de los Gobiernos, existen organismos regulatorios que tienen cierta independencia y que cumplen las normativas marcadas por la UE. Actualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), por ejemplo, tiene abiertas 14 circulares sobre el sistema regulatorio y gasista que definirán la política de distribución y transporte de energía para los próximos seis años.

Primero, las circulares vienen impuestas por parte de Bruselas. Y segundo, están diseñadas por la propia CNMC, que se mueve con independencia de los dictámenes del Gobierno y del Ministerio que dirige Teresa Ribera. Otra cosa distinta es que al organismo que preside José María Marín Quemada no le quede más remedio que ceder en algunos aspectos para no perjudicar a las eléctricas y gasistas, tal y como está sucediendo en el sistema de retribución del gas y electricidad.

La CNMC ha reducido a la mitad el recorte inicialmente previsto para Enagás en lo que se refiere al transporte en toda la red troncal y en las plantas de regasificación para el periodo 2021-2026. Queda por definir la fórmula para la distribución que afecta principalmente a Naturgy, Redexis, Nortegas Madrileña Red de Gas y todo apunta a que ocurrirá lo mismo.

En este caso, la CNMC ha atendido a las presiones por parte de Enagás y a los requerimientos que han llegado desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Las mismas fuentes subrayan que el sistema regulatorio ha avanzado mucho en España y que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) enviado a Bruselas marca las pautas a seguir por parte de las empresas.

Frentes cerrados por Sánchez

El Ejecutivo en funciones ha cerrado muchos frentes que hasta la llegada de Pedro Sánchez estaban abiertos. Se ha eliminado el impuesto al sol, un punto que si entra Podemos seguirá sin aplicarse. Se ha abierto definitivamente la mano a las energías renovables y, aunque quedan muchos flecos pendientes por solventar, las eléctricas han apoyado el plan del Gobierno.

Respecto al proyecto de cierre de las nucleares, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo han firmado un acuerdo con Enresa para la clausura de los siete grupos que están en funcionamiento. Un cambio en los puntos que las dos partes han sellado de recortar los plazos de cierre de las centrales sería aumentar los costes y conllevaría un aumento de las tarifas eléctricas. Además, provocaría desajustes en el mix de generación y no hay capacidad renovable suficiente para cambiar los plazos de cierre.

En cuanto a la creación de una empresa pública de electricidad que propone Podemos que abarate el precio de la luz, el sector recuerda que el invento de la alcaldesa Ada Colau de crear la comercializadora Barcelona Energia no está funcionando como se preveía porque vende la electricidad más cara que la competencia.

Uno de los puntos en los que puede que hubiera cambios es en el sistema impositivo. Sobre este aspecto, el sector advierte de que el recibo de la luz está muy gravado a nivel fiscal y que no caben muchos recargos adicionales. Sobre si gravará el consumo eléctrico a los ricos, entienden que puede ser una medida más de propaganda que efectista a nivel de recaudación global. “Vamos a ver qué ocurre. Conocemos los programas del PSOE y de Podemos. Habrá que ver cómo se sustancia todo”, afirman.

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