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El Poder Judicial ajus­tará la du­ra­ción de las me­didas a la si­tua­ción de cada juz­gado

El plan de urgencia para las cláusulas suelo es prorrogado y flexibilizado

Aún quedan por re­solver más de 250.000 casos de cláu­sulas abu­sivas

Clausulas suelo
Clausulas suelo

Los 'suelos' hi­po­te­ca­rios, ya ele­vados al rango de sím­bolo de una época, están muertos co­mer­cial­mente pero muy vivos ju­di­cial­mente. Y es que en los tri­bu­nales es­pe­cia­li­zados en esta fi­gura fi­nan­ciera to­davía hay más de 250.000 casos sin re­sol­ver, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, este or­ga­nismo, junto con el mi­nis­terio de Justicia y las Comunidades Autónomas (CCAA), ha re­suelto pro­longar el plan de ur­gencia apro­bado hace dos años te­niendo en cuenta las ne­ce­si­dades es­pe­cí­ficas de cada juz­gado.

La prórroga se decidió el pasado 8 de noviembre en una reunión en la sede del CGPJ, presidida por el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes. No es la primera vez que se estira el plazo de vigencia de las medidas, previstas en un principio para un solo año y que finalmente sobrepasarán con holgura los dos.

En el encuentro, se estableció el objetivo de precisar las necesidades concretas de los 54 juzgados de primera instancia especializados en cláusulas abusivas, así como de las audiencias provinciales que acogen los juicios, con el fin de determinar qué órganos específicos necesitan seis meses más de plazo y cuales todo un año. Para ello, se acordó aumentar la frecuencia de las comunicaciones entre el CGPJ, las autonomías y el ministerio de Justicia.

Según ha precisado en un comunicado el Poder Judicial, además de los titulares de esos 54 órganos judiciales, otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el CGPJ. El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas las Comunidades Autónomas, excepto La Rioja.

En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.

A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han dotado a los juzgados especializados de los medios personales (letrados de la administración de justicia y funcionarios) y materiales necesarios.

La problemática pendiente

El plan de urgencia para el despacho de reclamaciones relacionadas con las cláusulas suelo alumbró en 2017 la creación de juzgados especializados para dar salida a la problemática procesal de las hipotecas, afectadas por multitud de cláusulas y productos dudosos tras años de descontrol bancario.

Los 'suelos' o cláusulas suelo, ingenio contractual pensado para impedir que el hipotecado se beneficie de las bajadas de tipos de interés en los préstamos por vivienda a tipo variable, han sido desde el principio protagonistas de la inmensa mayoría de asuntos que han llegado a estos tribunales especiales.

La actividad de estos juzgados ha sido febril desde el inicio de su andadura. No obstante, la situación de desborde que vivían hace menos de un año ha amainado. Según datos del propio CGPJ, a 30 de junio todavía había 255.247 litigios pendientes de resolver. Este volumen es un 2,25% más bajo que al finalizar el primer trimestre (31 de marzo). Se trata de la primera mejora de las cifras de pendencia desde la puesta en marcha del plan de especialización.

También ha mejorado prácticamente en todos los territorios la tasa de resolución de asuntos -cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un determinado periodo-, un dato que permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas.

En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional ha sido del 118,4%, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto al primer trimestre, en el que fue del 82%. Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a los dos años trascurridos desde la puesta en marcha del plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3%, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.

Por territorios, la mejora es generalizada. En doce comunidades autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). Por encima de la media nacional del trimestre se han situado también Canarias (179,6%); La Rioja (160,3%); Castilla-La Mancha (150,4%); Galicia (142,4%); Extremadura (135,6%); Comunidad Valenciana (133,8%); Castilla y León (133,3%); Murcia (121,5%) y Cantabria (118,5%).

Por debajo de la media nacional, si bien casi todas en mejor situación que en el primer trimestre, están Andalucía (112,4%); Cataluña (97,9%); País Vasco (86,1%); Baleares (75,9%); Madrid (71,4%) y Navarra (61,8%).

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