Monitor del Seguro

El Banco de España cri­tica la sus­pen­sión de las claves de la re­forma de 2013

El debate sobre las pensiones se cuela en la campaña electoral

Los ac­tivos de los fondos de pen­siones pri­vados al­canzan solo el 13,6% del PIB

Sistema de pensiones
Sistema de pensiones

El 10 de no­viembre de nuevo los es­pañoles es­tamos lla­mados a las ur­nas, por se­gunda vez en lo que va de 2019, la de­ci­mo­sexta en lo que va de de­mo­cra­cia. El bronco con­texto po­lí­tico en el que se está desa­rro­llando la pre­cam­paña elec­toral y las no­ve­dades va­rias de úl­tima hora han qui­tado pro­ta­go­nismo a mu­chos de los pro­blemas que no de­be­rían faltar en ningún de­bate o dis­curso de un can­di­dato a pre­sidir España. Uno de ellos es el de las pen­sio­nes.

Por si alguien se olvida de que es un asunto vital, el Banco de España lo acaba de recordar en la presentación del trabajo ‘Envejecimiento y pensiones: situación, perspectivas y retos’, en la que Óscar Arce, director general de Economía y Estadística, ha expuesto el punto de partida, y la opinión del organismo sobre una de las decisiones tomadas recientemente, la suspensión de los principales elementos de la reforma de 2013: el factor de sostenibilidad (que vincula el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida) y el Índice de Revalorización de las Pensiones –IRP- (según la evolución de los ingresos y gastos, el incremento anual de las pensiones no puede ser inferior al 0,25% ni superior a la variación del IPC +0,50%).

Eliminación del IRP

La eliminación en 2018 del IRP se tradujo en una revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% en 2018-2019, mientras que el resto de pensiones contributivas lo hicieron un 1,7% en 2018 y un 1,6% en 2019. Según explica Arce, “en ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales (pp) del PIB en 2030 y más de 3 pp del PIB en 2050”.

Para que quede un poco más claro. El director general de Economía y Estadística del Banco de España lo que opina es que la suspensión de la reforma de 2013 “suscita ciertas cuestiones acerca de la viabilidad financiera del sistema de pensiones en el medio y largo plazo, y constata la necesidad de lograr acuerdos amplios para garantizar la viabilidad social del sistema”.

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha gustado la reflexión del organismo. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha respondido asegurando que no revalorizar las pensiones conforme al IPC es insostenible socialmente y, por tanto, políticamente; y ha pedido que en vez de mensajes catastrofistas se transmitan mensajes de confianza en el sistema público, “un sistema que lleva décadas funcionando y que se ha ido reformando en el tiempo para hacerlo sostenible”.

El Banco de España no se ha limitado a manifestar su postura sobre los cambios recientes, sino que también ha apuntado futuros mecanismos de ajustes. Uno de ellos, la edad de jubilación: “Dada la relativamente baja edad efectiva de jubilación (en torno a 64 años), podría considerarse otros ajustes en esta variable”. Apunta, además, que varios países de la Unión Europea, como Italia, Portugal, Dinamarca o Finlandia, han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida.

El otro mecanismo de ajuste sería el aumento de los ingresos. A este respecto, señala que eliminar el tope máximo de cotización tendría un potencial recaudatorio alto, pero advierte que afectaría negativamente a la demanda de trabajo y generaría un aumento del gasto en pensiones a futuro, “a no ser que se mantenga el límite impuesto por la pensión máxima, en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado”. La alternativa que ve el Banco de España es el incremento de la imposición.

El tercer mecanismo de ajuste de las pensiones es el papel del ahorro privado, y aquí ya sí entramos en un terreno que interesa especialmente al sector asegurador (y al sector financiero, en general), al cual seguramente sí que le ha gustado el mensaje del Banco de España: “Un cambio en la composición del ahorro desde activos inmobiliarios a activos financieros (más líquidos) podría contribuir en este sentido, especialmente en la parte baja de la distribución de ingresos”.

Óscar Arce recuerda que en España, en 2017, los activos de los fondos de pensiones privados alcanzaban el 13,6% del PIB frente al 50% de la media simple de la OCDE. ¿Y cómo conseguir aumentar esos activos? Pues parece que no con incentivos fiscales, mensaje este que está menos en sintonía que el anterior con los intereses del sector asegurador. Según el Banco de España, “la evidencia señala que los incentivos fiscales al ahorro tienen un efecto limitado en la generación de nuevo ahorro. Por ejemplo, la introducción en España de la deducción por aportaciones a fondos de pensiones en 1988 habría generado un efecto moderado sobre el flujo de ahorro nuevo”. Y apunta que dichos incentivos están concentrados en la parte alta de la distribución de la renta.

Estos mensajes se cuelan no solo en la precampaña electoral sino también en la campaña de final de año de las entidades financieras, momento que la mayoría aprovecha para anunciar sus promociones en planes de pensiones. Según los últimos datos de VDOS, a finales de agosto el patrimonio en planes de pensiones sumaba 74.405 millones de euros, tras un descenso en el mes del 0,23%. Una caída que, en esta ocasión, no se produjo por un retroceso en la captaciones sino por el rendimiento negativo de las carteras. Los bancos siguen siendo los que controlan el negocio, con una cuota de mercado de más del 78% frente al 4,16% de las aseguradoras.

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