Entre las 35 propuestas sociales que el PSOE propone en su programa electoral para el 10-N, se evita hablar en esta ocasión de un impuesto especial para la banca pero sí se ahonda en una medida que podría afectar de manera directa a todo el sector financiero, incluidas las entidades de inversión y las aseguradoras.
La medida 22 del programa presentado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, apunta a la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. " Con el fin de garantizar un procedimiento eficiente para resolver los conflictos con el sector financiero y la adecuada protección de los ciudadanos, crearemos una autoridad administrativa de protección que reúna y refuerce las funciones de reclamación actuales en el ámbito de entidades de crédito, de inversión y de seguros", se argumenta la propuesta en el programa socialista.
La regulación del sector financiero ya se ha modificado en los últimos tiempos de manera significativa, tanto por decisiones de política nacional como por la trasposición de algunas directivas europeas. Todas ellas, se han enfocado a la mayor protección del cliente ante las entidades bancarias o aseguradoras.
Cerca de un millón de clientes con hipotecas referenciadas al IRPH están a la espera de la decisión final de la Justicia Europea. Los bancos ya han tenido que asumir una avalancha de reclamaciones judiciales por la comercialización de algunos productos, desde las hipotecas con cláusulas suelo hasta el emisión de participaciones preferentes sin la suficiente transparencia para los clientes.
La mayoría de los principales ejecutivos de la banca española lamentan desde hace tiempo cómo se han judicializado miles de casos, alimentados al mismo tiempo por diversos despachos de abogados especializados en demandas contra la banca. Las sentencias finales han sido dispares, tanto para entidades como para clientes.
Ignorancia financiera
Algunas de las demandas judiciales se han presentado por parte de determinados notarios que habían avalado hipotecas multidivisas para otros clientes, como ha denunciado públicamente la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en más de una ocasión.
La medida social que se propone en el programa del PSOE para las elecciones de noviembre ha coincidido, precisamente, con el día de la educación financiera. Todo el sector se vuelca en esta jornada por la pérdida de la reputación sufrida durante los años más duros de la crisis.
La mala reputación de la banca (y por extensión, del resto sector financiero) o la mala imagen, como algunos prefieren esgrimir, se ha convertido en uno de los mayores retos para todas las entidades, casi a la par que la dura mejora de una rentabilidad que pesa en sus balances ante los tipos de interés negativos.