Monitor de Latinoamérica

Piñera re­mo­dela el Gobierno y pro­mete una agenda so­cial para un ‘nuevo país’

Estallido contra la desigualdad en el paraíso económico chileno

La mag­nitud de la ‘sacudida’ en Chile sor­prende a los in­ver­sores es­pañoles

Sebastian Piñera, presidente de Chile
Sebastian Piñera, presidente de Chile

Chile, el país más com­pe­ti­tivo, con mejor clima de ne­go­cios y uno de los más es­ta­bles en­tornos ma­cro, y con una elo­giada se­gu­ridad ju­rí­dica, ha ex­pe­ri­men­tado una ines­pe­rada y vio­lenta sa­cu­dida so­cial que ha pi­llado a con­trapié a las firmas es­paño­las, que en los 90 hi­cieron del país su ‘hub’ de in­ver­sión en el área y que si­guen apos­tando por este mer­cado como uno de los prin­ci­pales para su in­ter­na­cio­na­li­za­ción.

La magnitud de la protesta, que comenzó con una revuelta contra el alza del precio del metro y ha puesto al presidente contra las cuerdas, ha forzado a Piñera a cambiar el Gobierno y adoptar reformas sociales. Chile vive la mayor crisis de los últimos 30 años.

Dos semanas de protestas y altercados que han desbordado al Ejecutivo, han arrojado el saldo de 19 muertos, más de 600 heridos y 6.000 detenidos. La subida del precio del billete de metro actuó de detonante de un malestar social agudizado pero que permanecía soterrado tras las buenas cifras de la economía. Alza de tarifas de servicios públicos, encarecimiento del coste de la vida y del acceso a vivienda, precariedad en salarios y pensiones, deterioro de la sanidad y la educación públicas, obraron como espoleta en un país que se ha modernizado y es ejemplo en el área, pero que no ha detenido una creciente desigualdad. Las pérdidas de los disturbios suben a 1.400 millones.

A decretazo limpio

Piñera, que había decretado el estado de emergencia y el toque de queda por las violentas protestas, lo levantó el domingo tras la conducta pacífica de las marchas que congregaron el viernes en Santiago a más de 1,2 millones de personas, la mayor manifestación desde 1990. Sorprendido en un principio por la revuelta, el presidente había decretado el estado de excepción y señalado que Chile estaba en “guerra”, para después pedir perdón a la población por la falta de visión para abordar las demandas sociales. “Es verdad que los problemas se venían acumulando hacía décadas. Y también que los distintos gobiernos no fueron y no fuimos capaces de reconocer esta situación de inequidad y abuso en toda su magnitud. Pido perdón a mis compatriotas”, dijo.

La amplitud sin precedentes de la protesta forzó a Piñera a dar marcha atrás en las subidas del transporte, medida que actuó como gota que colma el vaso y a pedir al Congreso apoyo para acometer “el enorme esfuerzo a realizar para aplicar el amplio y profundo programa de reformas que solicita la población” para reducir la brecha económica. Ya la semana pasada anunció un paquete de medidas sociales, destacó que trabajará por un Chile mejor para todos y anunció un Gran Acuerdo Nacional con una renovada agenda social y cambios en su política de gobierno. Y el lunes procedió a un reajuste ministerial de ocho ministerios, entre ellos Interior, Economía y Hacienda, para “afrontar estos nuevos tiempos”, porque Chile ya “no es el mismo que el de hace un par de semanas”. En Hacienda, Felipe Larraín fue reemplazado por Ignacio Briones.

Medidas contra la desigualdad

El mandatario anunció un plan de medidas urgentes para elevar ayudas; subir las pensiones (alza del 20% en las más bajas); crear un salario mínimo garantizado y generar un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas que permitirá anular la reciente alza del 9,2% y mantener en 2020 los precios de 2019. Asimismo, anunció proyectos para rebajar los precios de los medicamentos, mayores impuestos a los altos ingresos y una reducción de los sueldos que reciben los parlamentarios, que reciben hasta 14.000 dólares mensuales cuando la mayoría de los chilenos gana entre 562 y 762 dólares.

La reforma de las pensiones que patrocina Piñera incluye una cotización del 5% del sueldo del trabajador a cargo del empleador para elevar la misma. Hoy los trabajadores en Chile destinan el 10% de su sueldo a su cuenta en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La reforma del sistema de pensiones, instaurado en la ‘era Pinochet’, es una de las reclamaciones de los manifestantes. El paquete de las medidas costará 1.200 millones de dólares.

Las principales quejas que han originado la protesta atañen a un sistema de pensiones que no ha cumplido las expectativas (actualmente hay una reforma del sistema en el Parlamento); al deterioro de la sanidad pública (al que acude el 80% de los chilenos); a una red de transporte que no ha cumplido los estándares de calidad y precio prometidos y a un modelo educativo costoso para la mayoría. Pese a disponer de la renta per cápita más alta de Latam, muchas familias deben endeudarse para disfrutar de servicios básicos como la educación o la sanidad. Es cierto que el índice de pobreza ha bajado del 45% a menos del 10% durante la democracia, pero la desigualdad ha crecido.

España, cuarto inversor

Para los expertos, tras la imagen de ‘excepción’ de la economía chilena y sus buenos indicadores macro se ocultaba una insatisfacción social por las desigualdades y toda una serie de problemas que se acumulaban desde hace 30 años. Las firmas españolas en Chile siguen con atención la marcha de los acontecimientos, en espera de que el presidente sea capaz de solucionar la inestabilidad en un momento en el que su aprobación ha caído al 14%.

Las empresas habían aumentado su interés por Chile tras los proyectos en infraestructuras y renovables impulsados por Piñera y su apuesta por la inversión exterior. España es el cuarto inversor en el país tras de EEUU, Canadá y Holanda, con un stock de 17.000 millones de euros, y Chile es el cuarto destino inversor español en Latam.

En Chile están presentes 600 empresas españolas, entre ellas Sacyr (el mayor inversor privado en infraestructura del país), Santander, Telefónica, Abertis, Naturgy, Acciona, Ferrovial, OHL, Abengoa, FCC, Enagas, ACS, Repsol, Mapfre, Enel-Endesa, Iberia, Indra, Nutrexpa, Técnicas Reunidas, Mango, Inditex. REE, Telepizza, Agbar, Planeta y Azvi. El estallido social se produce en un momento en el que crecía la inversión exterior y en el que la economía daba muestras de mejora: tras un débil avance del 1,5% de 2017, el PIB creció el 3,9% en 2018 y lo hará este año el 3,2% según el FMI.

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