ANÁLISIS

Ron contraatacará frente las graves acusaciones de Saracho sobre la caída del Popular

Encarnizado en­fren­ta­miento entre los dos úl­timos ex pre­si­dentes por el hun­di­miento del banco

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Emilio Saracho la remató.

Tras el paso por la Audiencia Nacional del ex­pre­si­dente del Banco Popular, Emilio Saracho, los pa­sados días 2 y 3 de oc­tu­bre, este miér­coles y jueves será el turno del ex­pre­si­dente del con­sejo, Ángel Ron. Saracho y Ron ya pro­ta­go­ni­zaron el pa­sado año un choque frontal en la Comisión del Congreso de los Diputados que in­ves­ti­gaba la crisis fi­nan­ciera.

Tras las acusaciones de Saracho a Ron y todo su equipo, los exaccionistas arruinados del Popular esperan una respuesta todavía más contundente que la que ofreció en el Congreso y que les de argumentos frente al silencio de las instituciones europeas.

Durante sus días de comparecencia en la Audiencia Nacional, Saracho defendió ante el juez José Luis Calama su gestión, rechazó haber realizado ninguna filtración a la prensa, explicó que no pudo hacer otra cosa ya que las cuentas estaban como estaban y se refirió reiteradas veces al informe de la CNMV, según el cual no hubo manipulación de la cotización durante su mandato.

Por supuesto, volvió a atacar la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros acometida en 2016 por el equipo de su predecesor, Ángel Ron. Para Saracho fue corta, supuso un fracaso para salvar a la entidad y además se dieron instrucciones verbales para colocarla entre los clientes, lo que en la práctica implicaba financiarla con dinero del propio Popular.

Algo a lo que ya le han respondido dos de los miembros del consejo que han comparecido ante el juez José Luis Calama, que ha tomado una actitud muy activa para esclarecer lo sucedido que dio con la resolución del Popular.

Financiación irregular

Esta presunta financiación con recursos de la propia entidad, no es ilegal, pero de haberse producido no se habrían deducido de los recursos propios imputables, lo que habría rebajado la ratio de solvencia del banco ya muy cerca de incumplir los mínimos regulatorios de solvencia, según el informe pericial que consta en la Audiencia Nacional.

Pero las críticas han sido rechazadas tanto por el exvicepresidente, Roberto Higuera, como por el exconsejero delegado, Francisco Gómez. Y lo han hecho en sede judicial, con el tenor que esta declaración conlleva en estas circunstancias. Higuera recordó que no era necesario hacerlo porque la ampliación estaba cubierta por las entidades colocadoras.

Fue un argumento similar al utilizado por el exconsejero delegado. Para el exprimer ejecutivo de la entidad, la acusación era absurda y falsa, pues no tenía sentido que el banco hiciera algo en contra de sus intereses, además de que la ampliación de capital estaba colocada y asegurada por los bancos de inversión contratados y por la compañía de seguros.

Recordó que la financiación de acciones estaba prohibida en el manual del banco y que existía un canal de denuncias en la entidad para alertar sobre este tipo de prácticas, sin que se registrase ninguna denuncia en este sentido.

Con estos antecedentes llega el turno de Ángel Ron. Se espera que suba el tono del rechazo a las acusaciones de Emilio Saracho, quien le ha culpado de ocultar pérdidas y de la delicada situación que heredó de Popular. Según Saracho durante la presidencia de Ron las acciones del banco cayeron un 98%, mientras que durante su gestión hubo oscilaciones, pero en ningún caso una caída constante. Según Saracho, así lo constatan las conclusiones del informe de la CNMV.

En un documento del 23 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se apuntaba que, del informe de los subsecretarios del Banco Popular para la preparación de las cuentas anuales de 2016 remitidos al supervisor de los mercados, se infería la existencia de instrucciones verbales por parte del propio Gómez Martín y otros directivos a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes que acudieran a la ampliación, indicaciones que se habrían comunicado a toda la red de sucursales.

A la espera de la respuesta de Ángel Ron

Teniendo en cuenta el calado de las acusaciones de Saracho, la respuesta que se espera de su predecesor será contundente. Ya lo fue en su comparecencia en el Congreso de los Diputados donde calificó el proceso de salida de la entidad de atropello, si bien él utilizó la palabra atropellado.

Dijo de su sucesor que estaba incluso dispuesto a montar una tómbola para vender la entidad. Aunque admitió la legitimidad de echar a un presidente de una empresa, rechazó que se hiciera actuando desde dentro con un proceso que ponía a la empresa en peligro, como así sucedió.

Acusó, sin mencionar sus nombres, a algunos miembros del consejo de administración de sembrar noticias negativas y de propiciar con ello la caída del precio de la acción.

Sin nombrar a Saracho en ningún momento, aseguró que aceptó el cargo admitiendo en presencia de 300 directivos del banco, no conocer los fundamentos de la banca comercial.

Puso el ejemplo de que era como si se conduce un avión comercial como si fuera un caza, el avión llega al aeropuerto, pero la tripulación y los pasajeros se mueren.

Añadió ante sus señorías que se lo había asegurado el propio Saracho, que procedente del banco de inversión JP Morgan, le transmitió en el transcurso de sus conversaciones que no sabía ni venía a gestionar. Que lo que él sabía hacer era crear valor y que iba a arreglar la situación con una ampliación de capital con descuento o una venta a bajo precio. Es más, en opinión de Saracho, la acción estaba cara y estaba dispuesto incluso a montar una tómbola para vender la entidad.

Precisó Ron en su larga comparecencia ya mencionada ante el Congreso, que el comentario le pareció especialmente desagradable.

Lo importante no es que fuera desagradable, es que, de la actitud de ambos, llegó la decisión de resolver la entidad y entregársela al Santander por un euro.

La solución fue saludada por las instituciones europeas como modélica. Ante la sorpresa de los medios de la declaración del Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, de que había sido lo mejor para sanear la entidad, fuentes comunitarias aclararon que las diferentes interlocuciones para resolver el caso dejaron sin otra opción al Banco Central Europeo.

Previsiblemente Mario Draghi lo explicará en sus memorias, antes la Justicia española tiene la palabra y 300.000 accionistas el derecho a saber porque la resolución no se aplicó en casos más evidentes.

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