ANÁLISIS

El proceso independentista ha sido “una ensoñación irreal”

No se puede con­densar mejor el asalto ilegal y vio­lento a las ins­ti­tu­ciones de­mo­crá­ticas de España

Bandera constitucional de Cataluña.
Bandera constitucional de Cataluña.

A los dos años del in­tento de los in­de­pen­den­tistas por cons­ti­tuir una re­pú­blica in­de­pen­diente se ha dic­tado sen­tencia sobre aque­llos he­chos que, fuera cual fuera el re­sul­tado, no iban a sa­tis­facer los de­seos de los afec­tados y del sector de opi­nión que les apoya.

El alto tribunal ha estimado que aquellas actuaciones corresponden a un delito de sedición, rebajando la petición del Ministerio Fiscal, que consideraba que se había producido un delito de rebelión porque todo lo que ocurrió fue una “ensoñación irreal”.

Aunque la sedición conlleva una pena menor, se han repetido los argumentos en contra de la sentencia, enunciados hasta la saciedad durante los últimos 24 meses. Los condenados sabían perfectamente el riesgo que asumían con sus actos y este ha sido el resultado, una sentencia que en cualquier otro país democrático hubiera sido muchísimo más severa. Los condenados pueden beneficiarse de algunos beneficios como el de pernoctar fuera de la cárcel, aunque no hayan cumplido la mitad de la sentencia.

Uno de los párrafos clave de la sentencia es el siguiente: "Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Sabían que la simple aprobación de enunciados jurídicos, en abierta contradicción con las reglas democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un espacio de soberanía.

Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano”.

Otro de los puntos más esclarecedores del texto es el que analiza si hubo o no violencia. Los independentistas siempre se han arrogado la cualidad de ser fundamentalmente pacíficos. La sala penal del Tribunal Supremo establece que sí hubo violencia y que ha quedado suficientemente acreditada. Las movilizaciones de aquellas fechas sobrepasaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión, y que con todo ello se crearon las condiciones para que la policía judicial trasladara a los detenidos para tomarles declaración.

Realidad jurídica paralela

El texto recuerda que los ya condenados trabajaron para crear una realidad jurídica paralela a la vigente, que pretendieron legalizar mediante un referéndum “carente de todas las garantías democráticas”. Y que pretendieron anular el trabajo de los jueces para que no funcionara el ordenamiento legal. Respecto a la actuación de las fuerzas policiales, el alto tribunal establece que las Fuerzas de Seguridad se vieron obligadas a utilizar la fuerza “legalmente prevista” y culpa de los incidentes a la Generalitat.

No se puede condensar mejor el asalto ilegal y violento a las instituciones democráticas de España por parte de una minoría de ciudadanos. La misma que sojuzga a la mayoría numérica catalana que no es independentista, que la acosa en la vida diaria, que impide que exprese sus opiniones, que puedan salir a la calle a realizar actos políticos y que, en definitiva, puedan llevar una vida normal.

Queda ahora por ver cómo se gestionará el futuro inmediato en plena campaña electoral y qué repercusiones tendrá en los resultados. Se expresan buenos deseos de que ha llegado la hora del diálogo, difícil asunto desde el momento en que una de las partes, los independentistas, nunca lo ha querido efectivamente, los condenados han expresado que volverían a hacerlo y aún se alienta a la insumisión desde la Generalitat y los partidos políticos catalanes no constitucionalistas.

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