OPINIÓN

Marlaska carece de músculo para hacer frente a la violencia terrorista

Han sido las Fuerzas de Seguridad, al margen del mi­nis­tro, los que han abor­tado el primer foco te­rro­rista ca­talán

El ministro Marlaska.
El ministro Marlaska.

El fan­tasma del te­rro­rismo re­nace en el pa­no­rama po­lí­tico es­pañol, ahora con los es­fuerzos del in­de­pen­den­tismo ca­talán por con­se­guir ese ob­je­tivo. Así lo in­dican las re­cientes de­ten­ciones de siete in­te­grantes de un co­mando vio­lento que pre­tendía causar ex­plo­siones en el edi­ficio del Parlamento au­to­nó­mico en Barcelona con mo­tivo del se­gundo aniver­sario del 1 de oc­tu­bre.

En esa fecha tuvo lugar el referéndum ilegal y sin las más mínimas garantías de credibilidad por la independencia.

Un acto violento que, de no ser por las Fuerzas de Seguridad del Estado, podría haber constituido el primer hito de una nueva edición del terrorismo sangriento en la línea del que protagonizó ETA. Y aún lo puede ser si el actual Gobierno en funciones no toma medidas contundentes y adecuadas para evitar ese nuevo proceso.

Sin embargo, las capacidades del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no parece que estén a la altura de esa tarea, como ha venido demostrando públicamente desde que se hizo cargo de esa cartera, crucial para mantener la paz civil.

Una gran diferencia con la violencia que se registró en el País Vasco -aparte de la sangre derramada- es que los primeros pasos del incipiente terrorismo están avalados nada menos que por la Generalitat, el gobierno autonómico que forma parte de las estructuras del Estado, tal como establece la Constitución vigente. Para completar este cuadro, también ha trascendido que una hermana de Puigdemont ha hecho de correo con el presidente Torra para ultimar detalles de estos hechos.

Uno de los por ahora presuntos terroristas implicados, Ferrán Jolis, ha confesado al juez tras su detención que era consciente de la gravedad de los hechos y que le podían suponer una grave condena por terrorismo y pertenencia a banda organizada. Se ha sabido que lo que se denomina el servicio de inteligencia de la Generalitat, concebido exclusivamente para proteger las telecomunicaciones, ha sido el cerebro de toda esta operación. Y planeaban precisamente atentar contra instalaciones clave contra infraestructuras críticas.

Los detenidos efectuaron las compras de explosivos en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, como ya ha ocurrido en atentados terroristas islámicos en España y en otras partes del mundo. Es más que probable que hayan contado con la complicidad, voluntaria o forzada, de algunos vendedores. Esta circunstancia ha provocado que la Guardia Civil haya hecho ver a Marlaska la ineficacia de las medidas adoptadas por el ministerio con los vendedores o la poca escrupulosidad con la que se han aplicado.

El actual ministro del Interior ha observado una trayectoria complaciente con la Generalitat desde el momento en que tomó posesión del cargo tras la moción de censura triunfante contra Rajoy en 2018.

Ya el 27 de junio de aquel año, el diputado popular Javier Maroto le formuló una interpelación parlamentaria señalando, entre otras acusaciones, cómo el ministro había levantado el veto a las cuentas de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto había servido para que Torra abriese de nuevo las denominadas embajadas catalanas y dedicase fondos públicos otra vez para conseguir la independencia.

Tampoco parece probable, como ha pedido el principal líder de la oposición Pablo Casado, que aplique la ley de Seguridad Nacional para cerrar el citado servicio de inteligencia de Torra. Y menos en una campaña electoral que debería dar a luz un gobierno sin Marlaska como ministro del Interior.

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