ANÁLISIS

FG, un Richard Nixon 'dirty tricks' en versión española

Carlos Torres trata de blindar al BBVA con in­formes ju­rí­dicos ante la cer­teza de de­mandas mul­ti­mi­llo­na­rias

Francisco Gonzalez, presidente de honor del BBVA
Francisco Gonzalez, presidente de honor del BBVA

No consta nin­guna es­pe­cial afi­ción de Francisco González por la cul­tura nor­te­ame­ri­cana (apenas habla in­glés este ga­llego de Chantada, Lugo), como no sea la compra años atrás de un banco re­gional su­reño, el Compass Bank (hoy BBVA Compass), al que le ha ocu­rrido lo mismo que al BBVA: tiene un valor pa­tri­mo­nial in­fe­rior al que tenía en el mo­mento de la compra y apenas ge­nera be­ne­fi­cios.

Pero, ante el derrotero demencial que parece seguir el espionaje encargado por el BBVA bajo su batuta a miembros del Gobierno, banqueros competidores, empresarios y periodistas, los paralelismos del caso FG-Villarejo y el más famoso escándalo de la historia de EEUU, el del Watergate de Richard Nixon, resultan por lo menos llamativos amen de chocantes.

El 17 de junio de 1972, un grupo de cinco cubanoamericanos, bajo la dirección de un ex policia y ex miembro de la CIA, Howard Hunt, fueron pillados 'in fraganti' por la policía metropolitana de Washingiton DC en las dependencias que el Partido Demócrata tenía en el edfiicio Watergate cerca del Potomac River, próximo al edificio del Departamento de Estado.

El juez al que fueron conducidos los detenidos al día siguiente los puso en libertad casi de inmediato pese a que uno de ellos, Gordon Liddy, tenía antecedentes de espionaje irregular y, en su declaración judicial, presumió de su pasado con la CIA, aunque se negó a aportar pocos datos más. Casi en el inició de la campaña electoral de aquel año, la noticia apenas mereció una columna en una página interior del Washington Post, ante la pereza aparente de los redactores locales del diario que dirigía Ben Bradley.

En pocos días, además, la noticia se perdió en la vorágine de la campaña electoral y de las protestas crecientes por la guerra de Vietnam. Pero a un reportero local del Post, Carl Bernstein, algo le olió a chamusquina tras asistir a la vista inicial de la detención. Llidy era conocido en ambientes locales por su carácter reservado y estrafalario, aparte de su patriotismo a ultranza. Mantenía sus lazos con la CIA y se le veía en los bares de Georgetown con Howard Hunt, otro ex miembro de la CIA y asesor personal de Bob Haldeman, un hombre de total confianza del presidente Richard Nixon, y cuyo teléfono personal en la Casa Blanca figuraba en la agenda incautada de unos de los intrusos del Watergate.

Con el apoyo entusiasta del director Bradley y la ayuda impuesta de un colega corresponsal político en el diario, Bob Woodward, el Post siguió el caso frente al desinterés de la competencia hasta desvelar, información tras información, una inmensa y enrevesada madeja de espionaje, cuyos hilos finales culminaban en el mismo despacho Oval de la Casa Blanca. Dos años y dos meses más tarde, en agosto de 1974, aquella entrada ilegal en el cuartel general demócrata provocó la primera dimisión de un presidente de EEU, Richard Nixon.

Pero Nixon no cayó ni dimitió por la red de espionaje descubierta y mucho menos por la incursión ilegal en el edificio Watergate. El primer presidente dimitido de Estados Unidos -conocido desde que fuera vicepresidente con Eisenhower como 'Dirty tricks', el tramposo en roman paladino- se hundió no solo por mentir descaradamente al pueblo norteamericano sino, sobre todo, por la destrucción de pruebas y grabaciones (el famoso "18,5 minutes gap" ) que borró supuestamente la secretaria personal de Richard Nixon, Rose Mari Woods, cuando pasaba a texto las grabaciones personales que un paranoico Richard Nixon se le ocurrió montar en la propia Oficina Oval, su despacho, a efectos de facilitarle la redacción de sus futuras memorias.

Paralelismos e investigaciones

Casi repitiendo una de las historias políticas y de espionaje más burdas y absurdas del siglo XX, Francisco González ha tenido que irse del BBVA un año antes de lo que él tenía previsto por un caso que se asemeja mucho a lo que ocurrió en Estados Unidos en la década de los setenta del siglo pasado.

SIn conocimiento aparente del resto de la dirección del BBVA (al menos eso alegan sus colaboradores más cercanos) y probablemente del consejo de administración, FG encargó o autorizó (eso es precisamente la materia a dilucidar, a efectos de repercusiones jurídicas y responsabilidades económicas) a un ex comisario de Policía, José Villarejo, espiar a empresarios que consideraba hostiles, banqueros competidores, políticos contrarios y periodistas independientes o díscolos en beneficio del banco, según indican algunos de sus allegados, o en el propio suyo, según otras versiones.

Tan devastadores han sido los resultados de estas pesquisas realizadas por métodos nada legales, que el propio BBVA se ha visto arrastrado a una batalla reputacional sin precedentes, forzando primero el adelanto de la retirada de Francisco González de la presidencia de la entidad, y obligando después al nuevo presidente Carlos Torres, por recomendación del comité de auditoría y del consejo de administración, a encargar tres investigaciones externas, una vez que al parecer la realizada internamente por sus respectivos controles internos apenas encontrara los contratos firmados en aquellos años pero ni un ápice de las grabaciones y menos de las facturas abonadas a la empresa del ex comisario Villarejo.

Es más, una de las supuestas quejas de los técnicos que han participado en la redacción del informe es la ausencia de las facturas originales, incluso de copias, que no se habrían encontrado, al menos en las abonadas antes de 2012. Otras, como supuestos encargos a la empresa de Villarejo son absurdas o por motivos incomprensibles, como informes sobre cuestiones de seguridad que se pueden solventar mediante consultas de internet.

Y, para mayor complejidad aparente, lo hallado se limitaba a los contratos relacionados firmados durante los años 2004 y 2005, cuando el BBVA teóricamente era objeto de deseo legítimo de una empresa constructora, Sacyr Vallhermoso, en contra de los deseos personales del propio presiente, Francisco González.

Investigaciones sucesivas

De las tres investigaciones solo se ha señalado por parte del banco que la primera encargada cronológicamente -al Despacho Jurídico Garrigues-, ha resultado aparentemente insuficiente y quizá inconclusa en cuanto a resultados. Tan es así que, seis meses después de investigación, el banco ha encargado otras dos 'inquaries' adicionales, una al prestigioso despacho Uría (competidor leal de Garrigues) y otra a la firma auditoria Price Waterhouse, cuyo transcurrir madrileño parece intensamente relacionado con el banco con sede en Bilbao pero sobre todo con Francisco González.

No por casualidad, P&W es ahora la firma auditoria del propio banco y, seguro que por pura casualidad, es también la que realizó casi tres décadas antes una auditoría (más bien una due dilligence) sobre la polémica venta a Merrill Lynch de la sociedad bursátil FG Valores, propiedad de Francisco González, antes de que el agente gallego de cambio y bolsa fuera aupado a la presidencia de Argentaria (luego fiusionada con el BBV para crear el BBVA) gracias a la generosidad del Gobierno de José María Aznar, recién triunfador de las elecciones generales de 1996. Una 'due dilligence' que descubrió un agujero contable de 800 millones de pesetas de entonces y que, sin estar nada claro, terminó como denuncia informal ante la CNMV y que, años más tarde, resultó quemada, junto a otros documentos relacionados, en el famoso incendio del edificio Windosr en 2005, un día después que fueran reclamados por la Fiscalía Anticorrupción.

Diferentes interpretaciones

Existen diferentes interpretaciones sobre los motivos que puede tener Carlos Torres y su consejo para encargar tantos informes técnicos a tantos despachos jurídicos. La más creíble y razonable puede ser que la dirección del banco sabe la gravedad de lo perpetrado por su ex presidente y ahora presidente del honor. Como ha reconocido el propio presidente actual, la actuación del banco es "deporable", y tendrá consecuencias. Aunque algunas actuaciones puedan estar prescritas, dado el tiempo transcurrido, pueden existir otras derivaciones y responsabilidades pecunarias.

Una de ellas es la reputacional, el daño causado a la imagen del banco y su honorabilidad y comportamiento de acuerdo a las normas éticas y morales que se esperan de un banco y sobre todo se exigen en las normas establecidas, tanto las del Banco de España como por parte del Banco Central Europeo. Pero las más importantes, sin duda, son las derivadas del perjuicio económico ocasionado, no solo en el momento de las viejas actuaciones "deporables" encargadas por Francisco González sino las derivadas del daño presente, amen del uso de dinero de los accionistas para fines aparentemente ilegales.

En el seno del banco se afirma además que muchos miembros del consejo -que esta semana celebra reunión para aprobar las últimas cuentas resultado de la gestión de FG en 2018- están inquietos por lo que pueda sucederles, incluso a nivel económico personal. Algunas advertencias sobre posibles consecuencias penales y económicas para los miembros del consejo y alta dirección del banco se han ya filtrado en los medios y se esperan con temor e incertidumbre en el banco. De ahí que, como ocurre con las segundas opiniones médicas en el caso del diagnostico adverso de una enfermedad, el BBVA haya recurrido a blindarse jurídicamente, mucho antes de afrontar el primer problema que tiene y no quiere ver: la dimisión forzada o no de su presidente de honor y responsable último del escándalo de espionaje más importante que se conoce desde el caso Watergate.

Carlos Torres, que al parecer no las tiene todas consigo con el informe Garrigues, debería aprender de la lección dada por el sistema político norteamericano en los años setenta del pasado siglo. El problema ya no es saber lo que pasó sino de tratar de no encubrirlo, como hizo Richard Nixon con tan desastrosos resultados personales.

Y como muestra un botón. El informe interno encargado hace seis meses fue monotorizado por dos personas de la mayor confianza del entonces presidente, su jefe de gabinete y otro de sus colaboradores más leales del comité de auditoría. En el caso del informe solicitado a Price Waterhouse, ocurre algo parecido aunque quizá sea al revés. El socio de la firma que lleva el asunto, Justo Alcocer Cubero, es amigo personal de Torres y compañero en la consultora McKinsey, de donde proceden ambos. Podría decirse, bien es cierto, que más vale fiarse de los amigos para obtener buenos resultados que de los adversarios. Aunque, vistas las cosas desde el ángulo opuesto, también vale el argumento contrario si algún día todo esto, como parece, termina en los tribunales, tanto nacionales como internacionales. La evidente amistad puede ser un factor en contra.

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