ANÁLISIS

FG, un largo historial de paranoias y desconfianzas

EL BBVA de Carlos Torres y un juz­gado de Madrid in­ves­tigan a su pre­si­dente de honor por en­cargar es­pio­najes irre­gu­lares de com­pe­ti­dores

Carlos Torres
Carlos Torres, pte. de BBVA.

Imaginen por un mo­mento el si­guiente es­ce­na­rio. El pre­si­dente del JP Morgan, primer banco de Estados Unidos, en­carga a un agente dis­tin­guido en ser­vicio del FBI es­piar a un miembro del ga­bi­nete de Donald Trump porque sos­pecha que ne­gocia en se­creto o fa­vo­rece los in­tereses le­gí­timos de una em­presa pri­vada o com­pe­ti­dora del banco.

Sin duda, no sólo sería primera página de los diarios de todo el mundo sino que, además, la Fiscalía General de EEUU, la SEC, la FED y hasta el Congreso habrían abierto una investigación de oficio de manera instantánea. Nada de esto último se ha tenido noticia, hasta hace muy poco, en España con el caso FG-Villarejo, pese a existir indicios y pruebas palpables desde hace años...

Finalmente, este jueves, el BBVA reconocía en un comunicado público, de manera explícita, que su presidente durante más de 19 años, Francisco González, jubilado este pasado primero de enero con casi 150 millones de euros de pensión vitalicia, podría tener responsabilidades directas en la contratación, en el año 2004, de una empresa de espionaje del ex comisario José Villareio para realizar seguimientos directos y espionaje telefónico de Miguel Sebastián, ex asesor del ex presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa y posterior ministro de Industria.

Según publica este viernes moncloa.com, los órganos pertinentes de supervisión del BBVA tuvieron conocimiento de estos hechos a través de un juzgado de Madrid que abrió diligencias por una denuncia personal de Luis Pineda, presidente de Ausbanc y en prisión preventiva desde hace casi dos años, por supuesto chantaje a entidades financieras, entre ellas el BBVA. Esa denuncia se produjo antes del verano y, al parecer, aceleró la dimisión anticipada de Francisco González como presidente del BBVA, que tuvo que suspender el traslado a su domicilio de sus enseres personales procedentes de su despacho en la entidad.

La nota del BBVA se producía después de la publicación por Moncola.com y El confidencial.com de un listado con más de 15.000 teléfonos móviles y fijos que fueron "escuchados" sin autorización judicial en el proceso de investigación, incluyendo políticos, empresarios y periodistas, muchos de ellos facilitados por un empleado del BBVA cuyo nombre aun no ha sido vinculado al escándalo. Entre los números figuran la alta dirección de la empresa constructora Sacyr, que públicamente lanzó una operación empresarial de toma de posiciones en el capital del banco que presidía Francisco González, en perfecto derecho de sus derechos como inversor.

A la vez, en la lista se encuentran periodistas de información económica y publicaciones que, como www.capitalmadrid.com, recién aparecida en la red en aquel año, daban cuenta de la operación, en cumplimiento de su objetivo social de informar libremente. A su vez también se encontraban fuentes públicas y privadas de información de aquella operación que se vio recompensaba con una importante plusvalía económica cuando el Banco de España, gobernado por Jaime Caruana (hoy miembro del consejo de administración del BBVA) disuadió a Sacyr de la compra.

Francisco González, que llegó a la presidencia del BBVA de la mano de José María Aznar en un proceso de fusión con la pública Argentaria y BBV, y denunciar antes los Tribunales a sus socios por "repartirse" como complemento de pensión de 100 millones de pesetas de una cuenta en el exterior que conocía perfectamente el Banco de España (el asunto se saldó posteriormente en los Tribunales sin consecuencias), reconocía los hechos en una recientemente entrevista en "El País" pero se desvinculaba de su encargo trasladando las responsabilidades a sus subordinados.

Ha sido, precisamente, la comisión de auditoría del BBVA la que el pasado mes de junio tomó constancia aparente del "encargo" a Villarejo. Pero algo rechina en esa "constancia". Hace ya varios años, y siendo vox populi en el seno de las altas instancias del BBVA la existencia de esta operación, dos miembros de dicha comisión, Gregorio Marañón y José Luis Gaínzos, eran cesados (O "dimitían", como prefieran) de dicha comisión por motivos personales. Ambos, como muchos otros directivos del banco (tal es el caso de José Ignacio Goirigolzarri, segundo en el banco y "tocado" en un encuentro por el equipo directivo de la empresa constructora), fueron ampliamente recompensados con una indemnización escandalosa e inusual en aquellas circunstancias.

Si aparte de la dirección del banco (ahora presidido por Carlos Torres, un hombre procedente de la cantera de Manuel Pizarro en Endesa), alguien se digna investigar todo este embrollo tiene una labor ingente por delante. Las paranoias y desconfianzas de este gallego de Chantada (Lugo) que ahora parece enfrentarse a sus principales temores y pesadillas, no solo se limitan al año 2004. La afición por la vida privada de sus competidores procede de antaño, incluso cuando presidía la sociedad de valores FG Inversiones, la banca pública Argentaria y asuntos diferentes a los de la operación "Trampa", la toma de control del BBVA por Sacyr.

En los teléfonos pinchados están números que nada tienen que ver con Sacyr o Miguel Sebastián. Están los de sus propios directivos, los altos empleados de entidades bancarias competidoras y los de periodistas que jamás escribieron una línea sobre el asunto Sacyr-BBVA. Pero sí que lo hicieron, en cumplimiento de su labor informativa, de un banco y de un presidente como FG que jamás debió llegar a la cúpula del BBVA. En sus casi 20 años años de gestión en solitario del que fuera un banco modelo y avanzado le hundió al deshonroso (para sus empleados y accionistas) al puesto tercero en el ranking bancario español, con una capitalización bursátil inferior a la que tenía cuando llegó y menos de la mitad de la de su competidor, el Santander, sobre el que estuvo siempre obsesionado.

Atentos, porque se prometen demandas civiles millonarias y penales contra el todavía presidente de honor del BBVA. El banco, o lo que pueda quedar de el si este asunto se traslada a inversores y accionistas, debería tomar decisiones inmediatas, si tal como se indica la investigación interna confirma datos alarmantes sobre la operación, como pagos irregulares ante Hacienda y desaparición misteriosa de facturas.

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