ANÁLISIS

El Congreso deja la crisis financiera vista para sentencia

La cá­mara baja pre­sen­tará el 28 de no­viembre sus pro­puestas para evitar su re­pro­duc­ción

José Antonio Alvarez, CEO Santander.
José Antonio Alvarez, CEO Santander.

Después de 18 meses de de­ba­tes, con la com­pa­re­cencia de 82 per­so­na­li­dades del ám­bito po­lí­tico, eco­nó­mico y fi­nan­ciero, la Comisión de Investigación de la crisis fi­nan­ciera y pro­grama de asis­tencia del Congreso de los Diputados ha de­jado visto para sen­tencia su aná­lisis de la crisis eco­nó­mica más grave desde la Guerra Civil. Según la pre­si­denta de la Comisión, Ana Oramas, el Congreso vo­tará sus pro­puestas para evitar fu­turas crisis en el pleno del pró­ximo 28 de no­viem­bre.

El último en ofrecer su interpretación de esta crisis financiera y de sus consecuencias económicas y sociales en España ha sido, José Antonio Álvarez, consejero delegado de la primera entidad financiera europea por capitalización bursátil, primera de Latino América y 11 entidad mundial, el Banco Santander. No ha decepcionado. Entre sus estimaciones más llamativas está que la crisis ha supuesto un coste de 300.000 millones de euros que han pagado bancos y cajas, nada menos que aproximadamente un 30 % del PIB.

Álvarez desglosa así el reparto de las cargas de la crisis: “el sector bancario (bancos excluyendo cajas) ha absorbido aproximadamente 125.000 millones de euros de pérdidas por impago contra su cuenta de resultados, es decir el equivalente al 10 % del PIB español”.

Y en cuanto a las cajas, el consejero delegado del Santander especifica que “ha tenido pérdidas por impagos aproximadamente de 175.000 millones de euros y para absorber este impacto no ha tenido más remedio que recurrir al rescate con capital ajeno”. En este apartado están incluidos los 50.000 millones de fondos públicos utilizados para el saneamiento del sistema financiero procedentes del rescate bancario acordado con las instituciones comunitarias y el Fondo Monetario Internacional.

A todos estos datos, por lo que respecta al sector, hay que sumarle que la crisis se ha llevado por delante el 40 % de las sucursales bancarias y el 32 % del empleo del sector, según los últimos datos aportados en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, por el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Nadie que quiera investigar a partir de ahora las características de la crisis financiera española podrá obviar las comparecencias de estas 82 personalidades. Pero existe casi unanimidad a la hora de destacar la relevancia de las comparecencias, las aportaciones que han realizado esta semana de los primeros ejecutivos de las cinco principales entidades financieras privadas existentes en España. En primer lugar, han responsabilizado del alcance de la crisis a la falta de adecuación y preparación de los gestores de las cajas.

“Procesos de gobernanza ligeros” de los gestores de las cajas, ha sido la expresión utilizada por el primer ejecutivo del Santander, José Antonio Álvarez, para explicar una de las tres principales razones de la crisis a las que añade el hecho de que el crecimiento se centrara excesivamente en el sector inmobiliario y a que la financiación de la economía dependiera del ahorro externo.

A la hora de tratar de comprender por qué el Gobierno de Rodríguez Zapatero no hizo más para afrontar la crisis desde sus inicios, resulta imprescindible releer las explicaciones dadas ante la Comisión de Investigación por Pedro Solbes, entonces vicepresidente económico del Gobierno.

Admitió Solbes en su comparecencia sus errores, pero recordó también la responsabilidad que tuvo el Fondo Monetario Internacional en que no se adoptaran más medidas urgentes, pues, según las previsiones del organismo internacional, la crisis sería corta de la que se saldría con programas de estímulo público. Fue el momento en el que se habló de los ‘brotes verdes’, pero estos tardarían mucho más tiempo en llegar de los previsto.

Para comprender intelectualmente lo que falló entre los reguladores y supervisores, la elección preferida de una mayoría de parlamentarios miembros de esta comisión que ha investigado la crisis es la comparecencia de uno de los grandes expertos del sistema financiero y asesor internacional, el exdirector general del Banco de España, Aristóbulo de Juan.

Ha habido también intervenciones muy frustrantes. Sin duda la mayor de todas ellas fue la de la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, hasta el punto de que la presidenta de la Comisión de investigación, Ana Oramas, tuvo que reconvenirla por la falta de respeto que estaba mostrando a los representantes de la soberanía nacional al no responder ni una sola de las cuestiones que los diputados le habían planteado. Tras reconvenirla, Ana Oramas cerró la comparecencia y no le ofreció la posibilidad de que se disculpara por su falta de colaboración para esclarecer lo sucedido.

König se negó hasta el último momento a comparecer en el Congreso de los Diputados. Llegó hasta alegar problemas de seguridad en España, según ha confesado Ana Oramas, para tratar de evitar su comparecencia en Madrid. Tras las presiones del Ejecutivo español, los servicios jurídicos interpretaron que no podía negarse a comparecer. Pero no sirvió de mucho su comparecencia y todavía faltan muchas aclaraciones de la Junta Única de Resolución sobre la solución dada a la crisis del Banco Popular. Esta continúa como una de las zonas más oscuras de como se ha resuelto la primera crisis que ha utilizado las nuevas normas de resolución europeas de entidades de crédito.

De forma global la crisis destruyó más de cuatro millones de puestos de trabajo. De ellos, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se han recuperado unos dos millones y medio, pero el paro es todavía superior a los niveles del 2007 en casi dos millones de personas.

Si las recomendaciones de la comisión ayudaran a que no se vuelva a repetir una crisis de estas características habría que dar por más que bien empleadas las más de 250 horas de comparecencias de todos cuantos han tenido algo que decir sobre la misma.

Pero convendría no echar en saco roto las advertencias de la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Danièle Nouy, para quien lo “único” que sabe a “ciencia cierta” a día de hoy es que habrá otra crisis. "¿Qué puede causar la próxima crisis?”, le pregunta en la agencia de noticias letona ‘Leta’ a Danièle Nouy, “No lo sé, responde, pero sospecho que podría ser el mercado inmobiliario".

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