BANCA

La pe­ti­ción de in­for­ma­ción por parte de la JUR des­ba­rató la po­si­bi­lidad de una venta

Ex directivos del Popular acusan a la JUR de deslealtad en la resolución del banco

Exigen la pu­bli­ca­ción ín­tegra del in­forme Deloitte para ar­gu­mentar las de­mandas ante Bruselas

Sede del Popular
Antigua imagen del Popular.

Antiguos miem­bros del con­sejo de ad­mi­nis­tra­ción del ex­tinto Banco Popular ven­dido por un euro al Banco Santander, tras la de­ci­sión de la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea, plan­tean en sus re­cla­ma­ciones la exis­tencia de un caso de des­leal­tad. Según un des­ta­cado miem­bro, tras pu­bli­carse en los me­dios de co­mu­ni­ca­ción que al menos tres bancos es­pañoles es­taban es­tu­diando lanzar una OPA sobre el banco que pre­sidía Emilio Saracho, la JUR les pidió co­nocer el de­talle de la ne­go­cia­ción.

A partir de ese momento se interrumpieron las negociaciones. El banco, que según un ex consejero, habría recibido una oferta no vinculante por unos 1.200 millones de euros por parte del Santander, supeditada a futuras contingencias, no volvió a recibir más información de la misma.

Pero el Santander nunca realizó esta oferta, según declaró el nuevo presidente del Popular (en representación ya del del Santander), Rodrigo Echenique, ante la Comisión de Investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados y ratificó en la documentación enviada a la Audiencia Nacional.

BBVA tampoco presentó oferta y las conversaciones con Bankia y Sabadell se descartaron desde el inicio por la dificultad que tendrían estas entidades en poder asumir un banco tan grande para ellos como el Popular.

Estos exconsejeros del Popular tratan ahora de demostrar que la actuación de la JUR pudo alertar y alejar a los eventuales compradores ante la sospecha de que la entidad podría ser intervenida, por lo que si esperaban su compra podría realizarse a un precio menor.

Por esta razón consideran, que al margen de las eventuales consecuencias legales que se desprendan de esta actuación, quieren conocer todos los datos del primer informe Deloitte que dio lugar a la rápida decisión del Banco Central Europeo y posterior resolución de la JUR.

Estos exconsejeros, en coincidencia con la generalidad de despachos de abogados que representan a una parte de los 300.000 accionistas que lo han perdido todo, consideran un elemento clave a la hora de hacer las reclamaciones por la vía civil ante Bruselas.

Consideran precipitado que la Junta Única de Resolución comunicara a principios de agosto que había decidido de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular porque un informe, el 3º en este caso de la misma agencia Deloitte, hubiera concluido que habrían tenido soportado mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento de insolvencia.

En el comunicado emitido el pasado 6 de agosto por la Junta Única de Resolución decía que “la JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe 'Valoración 3' que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución".

En ese mismo momento reconocía la entidad presidida por la alemana Elke König que antes de tomar una decisión formal debía completarse al procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios, en base al derecho de audiencia.

Este ‘derecho de audiencia’, (’Right to be heard’, en inglés), es el aval legal que trata de garantizar la defensa del ciudadano comunitario frente a la Administración, reconocido por el reglamento 806/2014 que supuso el nacimiento de la JUR.

Este derecho de audiencia se basa en los principios generales de la Unión Europea, en concreto en el "derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente". El plazo se inició el pasado 6 de agosto, fecha en la que la Junta Única de Resolución, puso a disposición de los perjudicados un formulario para adherirse a esta fórmula y finalizó el pasado día 14.

Aunque ha recibido muchas críticas esta decisión de la JUR porque es interpretada como un intento de mejorar su imagen, las entidades de defensa de los consumidores han propuesto hacer el máximo de reclamaciones para poner en evidencia que la resolución ha dejado muchos flancos abiertos.

El modelo de Lehman Brothers

De este mismo criterio son algunos exmiembros del Consejo del Popular que saben que el procedimiento será todavía muy duradero en el tiempo. Ponen el ejemplo de que todavía hoy sigue coleando el caso Lehman Brothers.

Recuerdan a Capitalmadrid.com que en el piso 46 del 277 de Park Avenue siguen trabajando decenas de empleados y de abogados que siguen analizando la validez de los contratos. De los 600.000 millones de agujero calculan que han devuelto 123.000 millones de dólares a los acreedores, mientras las demandas de indemnización superan los 350.000.

Y han recogido este ejemplo para la defensa de sus reivindicaciones. Si en EEUU se acabará devolviendo al menos la mitad del agujero producido por Lehman Brothers, ¿por qué no se va a conseguir, en el caso del Popular, algo similar de la Junta Única de Resolución o del Estado Español?

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